Usurparon tres salas de una escuela en Moreno y amenazaron al director: “Me dijeron ‘te vamos a matar’”

La escuela parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada el municipio bonaerense de Moreno, atraviesa momentos de tensión. Las autoridades educativas aún no pueden retomar la normalidad escolar, desde que durante el sábado pasado fueron usurpadas tres sectores del establecimiento, en un clima de amenazas y agresiones.

El colegio situado en la calle Dastugue al 1655, de la localidad de Paso del Rey, sufrió la ocupación de tres salones de alrededor de 160 metros cuadrados. Ese sector está ubicado en los alrededores de la calle Lucía Rueda, uno de los puntos de conflicto que se remontan desde 2019. La intrusión se produjo cuando se desarrollaban tareas de limpieza y desinfección en la escuela, indicaron las autoridades educativas.

“Mientras nuestro gasista estaba trabajando, estas personas ingresaron a los salones, donde además tenemos el 50% del mobiliario que debimos retirar y guardar en las aulas en virtud de la presencialidad cuidada”, informó el colegio. “En este momento hay un patrullero dentro del patio de la escuela custodiando el resto de las instalaciones y están hechas las denuncias pertinentes”, agregó.

El titular de la escuela, el cura Daniel Linera, denunció que los usurpadores lo amenazaron de muerte, en el marco de una “situación muy violenta”. Calificó a los ocupantes como “gente inadaptada que atropella a las instituciones” y que no duerme tranquilo por las intimidaciones que recibió. “Me dijeron en la cara: ‘Te vamos a matar’”, sostuvo ante el medio local Semanario Actualidad.

Según reconstruyeron desde el colegio, los “inconvenientes” en la escuela vienen produciéndose desde hace un mes, pero el conflicto se remonta desde hace al menos dos años. Es que los ocupantes alegan ser propietarios legítimos del inmueble. Por eso se mantiene una instancia de mediación entre las partes.

El titular de la UFI N°5 del departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, Emiliano Buscalia, confirmó que existe una “causa penal por usurpación” de los predios en disputa y que si bien se había analizado una orden de desalojo, la contraparte presentó “documentos consistentes de boleto de compra y venta”, por lo que deberá determinarse la validez de la posesión. Quedan actuaciones y pesquisas por delante. “Era correcto intentar una mediación y seguir buscando alguna otra prueba para seguir pidiendo el lanzamiento (desalojo)”, sostuvo el fiscal sobre las actuaciones judiciales.

Sin embargo, no habría controversia acerca de los nuevos espacios intrusados por los ocupantes. Según Buscalia, las personas denunciadas “avanzaron más allá a un sector de las aulas, donde había una clara posesión de los sacerdotes y del colegio”. “Ahí entendimos que se estaba cometiendo un nuevo delito: se logró que se retiren del lugar, se los identificó y serán escuchados como imputados”, expuso el funcionario. “Son acciones distintas, complementarias, pero están en un contexto similar porque son las mismas partes”, diferenció entre ambas causas.

Mientras tanto, en la escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro evalúan cómo seguir. Ayer hubo reuniones con las familias que envían a sus hijos a las escuelas para informar sobre la continuidad de las clases frente al hecho que calificaron de “inaudito”, “no solo por la ocupación en sí sino por la violencia de quienes están ocupándola”.

“Esta es Nuestra Escuela con 58 años de vida en el barrio, donde han transitado tal vez sus padres o abuelos, donde luchamos día a día por mejorarla a pesar de las adversidades. Es tarea de todos defenderla”, concluyeron las autoridades.

El municipio de Moreno cuenta desde hace años con un problema estructural de usurpaciones y tomas de tierras a raíz de su déficit habitacional. El año pasado se calculaban al menos treinta tomas masivas que están judicializadas y que permanecen activas desde hace años. En el distrito funciona una mesa de trabajo conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), con la Policía Bonaerense y el Ministerio Público Fiscal, que opera como un sistema de alerta temprana ante una eventual ocupación territorial.

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