La decisión del Tribunal de Apelación de París al ratificar la responsabilidad del certificador alemán TÜV Rheinland en el caso de las prótesis mamarias fraudulentas Poly Implant Prothèse (PIP) que afectó a 500 mil mujeres en el mundo (entre ellas unas 15 mil argentinas) causó conmoción: la sentencia dice que la compañía francesa deberá indemnizar a casi 400 mil víctimas en todo el mundo.
“Que la causa avance en Francia es un aliciente. Es por fin decir ‘¡gracias, Dios!’ porque esas prótesis son una bomba de tiempo y no sabemos cuántas mujeres aún no saben que la tienen”, le dijo a Infobae Graciela González (64), una de las argentinas damnificadas por esos implantes mamarios. Los recibió en 2008 y dos años después se rompieron -literalmente- dentro de su cuerpo.
También se mostró esperanzada por el fallo francés la abogada Virgina Luna, patrocinadora de las afectadas en Argentina que en 2011 abrió una causa conjunta. “En este momento se están llevando a cabo las pericias individuales (sobre documentación médica) de cerca de 25.000 mujeres en el mundo y en este grupo no hay damnificadas argentinas. Es el último paso del proceso debido a que se han ganado todas las instancias, pero, de todas maneras, al haber muchos grupos no todos van al mismo tiempo”. Y agregó que augura que todos los casos “pueden correr la misma suerte que el primer grupo denunciante”. anticipó.
También explicó que no todas las demandantes están en la misma condición, por lo que “al momento de que los Tribunales resuelvan, los montos indemnizatorios tampoco serán los mismos para todas”.
En ese sentido, recordó cómo funcionaban en el mercado nacional esas prótesis: “Era casi exclusivo el ingreso en el mercado local de esas prótesis porque eran baratas. Al ser muy económicas y venir de Francia, vinieron muchas”, explicó.
La cifra puede ser incierta porque aún no se estableció exactamente cuántas de esas prótesis fueron colocadas en la Argentina debido a que “en ese momento no había trazabilidad de las prótesis, y la ANMAT no identificó de hecho ninguna, porque a las mujeres no les daban el sticker de la marca en la mayoría de los casos”, aseguró la letrada.
De la búsqueda de una mejor su apariencia al mayor arrepentimiento de su vida
Graciela González (64) es del barrio de Mataderos y se colocó los implantes mamarios en 2008. El primer tiempo todo parecía estar bien hasta que, poco después, comenzó la pesadilla. “Todo parecía estar normal, pero a los dos años empecé a sentir molestias, como si tuviera algo raro en los ganglios. Me miraba al espejo y las veía deformes y, a veces, me dolían”, detalló la mujer sobre el momento en que supo que algo no estaba bien.
“No sé en qué momento sucedió ni haciendo qué, pero se rompieron. Cuando noté que algo no estaba bien fui hacerme revisar y me pidieron una resonancia magnética. Ese estudio reveló que las prótesis estaban rotas y que la silicona estaba diseminada por los ganglios, debajo de la axila, en los brazos y sobre el pecho”, recordó Graciela aún apenada porque la cirugía para quitárselas no fue inmediata, tal lo esperaba.
Saber que convivía con el peligro le produjo un sinfín de sensaciones que aumentaron cuando comenzó a informarse sobre el caso de las PIP, las siliconas francesas, como las que ella tenía.
“En ese momento tuve mucho miedo porque supe que las prótesis que tenía eran las adulteradas, las PIP. Me lo dijo Virginia cuando comencé a pedir ayuda y llegué a ella sabiendo que otras mujeres estaban pasando por lo mismo. Al momento de la primera consulta con el médico que me las implantó, solo me dijo que eran francesas y yo, ignorante, pensé que eso sería bueno. Que eran de buena calidad”, reconoce,
El susto de Graciela se mezcló con la frustración personal porque su primera nieta era una beba y ella no podía alzarla ni jugar con ella. Sentía que no estaba disfrutando de ser abuela. El tiempo siguió pasando y con él aumentaron los dolores y las molestias físicas. Pese a ello, su caso no fue considerado una urgencia médica. Ese fue también el detonante emocional.
“El médico que me operó se borró. Tenía las prótesis rotas adentro mío, desparramadas, y aún así no me operaban. La prepaga no lo hacía. Nadie se hacía cargo y no había manera de que me las quitaran, no encontraba solución y fue tal la desesperación que hasta pensé en quitarme la vida porque no podía seguir así... (se quiebra). Emocionalmente fue terrible para mi. ¡Me arrepiento tanto!”, cuenta.
Fue gracias a la intervención de la abogada Luna que pudo avanzar en su causa desde lo legal y médico, pero llevó tiempo.
“Recién en 2015 logramos que me hicieran la cirugía para quitármelas. Me las sacaron y limpiaron todo. Pude hacerlo porque fueron mis hijos los que se hicieron cargo y quienes me ayudaron. La operación la cubrió la prepaga gracias a mi abogada, Virginia(Luna, porque antes no me daban bolilla”, explica.
Ella y unas 300 damnificadas argentinas recibieron un primer resarcimiento, pero aún les resta un largo camino para la indemnización definitiva, que parece acortarse ahora que en Paris la Justicia falló a favor de las mujeres.
“Personalmente, lamento tanto haberme operado. Hubiera sido más feliz si me quedaba con mis pechos naturales, como estaban, pero por buscar estar más linda sufrí mucho”, finaliza Graciela.
El día que la medicina estética se puso en jaque
Lo primero que se supo fue alarmante: la marca PIP fabricaba prótesis mamarias con un gel de silicona no homologado (o prótesis fabricadas con rellenos industriales baratos) para uso médico en lugar de utilizar el gel Nusil que sí estaba autorizado y que declaraba emplear. Con el tiempo, se rompieron en el interior del cuerpo de miles de mujeres.
Se estima que un millón de prótesis fraudulentas PIP fueron fabricadas y vendidas en todo el mundo entre 2001 y 2010, valiéndose de los ineficaces controles por parte de la empresa certificadora TÜV Rheinland. En la Argentina, se comercializaron entre 2007 y 2010, año en el que la ANMAT prohibió su comercialización y uso. Ese fue un punto de inflexión en los controles de los implantes y dispositivos médicos que ingresaban al país.
El camino de la justicia inició en 2013, cuando la empresa alemana fue declarada culpable por “incumplir sus deberes de control y vigilancia” y tuvo que indemnizar a seis distribuidores y a cerca de 1.700 víctimas.
Luego, en 2015, el tribunal de apelación de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, revocó esta sentencia y eximió de toda responsabilidad al certificador alemán. Sin embargo, en 2018 el Tribunal Supremo anuló la decisión y remitió el caso al Tribunal de Apelación de París.
Pasaron 11 años para que el considerado un gran escándalo en la medicina estética comenzara a tener resultados legales. En la tarde argentina del jueves 20 de mayo, la corte de Paris abrió el camino a las miles de personas afectadas por Poly Implant Prothèse.
A favor de algunas de esas mujeres fue la sentencia: serán indemnizadas luego de que el Tribunal de Apelación de París ratificara la responsabilidad de la empresa certificadora alemana al considerar que cometió negligencia al validar como seguros esos implantes cuya silicona se filtró en el cuerpo de miles de pacientes, llegando a afectar ganglios linfáticos, pulmones y otros órganos. Entre otros efectos secundarios se registraron dolor en las extremidades, depresión y fatiga.
Ahora, en este último caso planteado por unas 2.500 mujeres afectadas, TÜV Rheinland tendrá que indemnizar a cada una de las víctimas con 3.000 euros.
Ese fallo aún no llegó a las argentinas que desde hace más de una década pelean una batalla judicial.
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