Entre el miedo a los narcos, las balas y la pobreza: cómo es vivir en el barrio Padre Mugica de Lugano

Hace mucho frío en la esquina de Saladillo y Castañares. Una mamá lleva a su hijo a la escuela, y mientras caminan lo cubre con su cuerpo por miedo a que le impacte una bala. Oscar tiene miedo, trabaja muchas horas en uno de los pocos negocios del barrio Padre Carlos Mugica de Lugano y sueña con llegar con vida a su casa. Está aterrado. “Los narcos están empleando niños de 7 y 8 años –dice- para hacer la ronda. Dan vueltas por el barrio y les pagan para avisar quién está afuera y puede joder a los que vienen a comprar droga”.

Y agrega, resignado como si hablara de Medellín en la época de Pablo Escobar Gaviria: “Estos pibes son los hijos de algunas familias de la platea 11 que le alquilan a los narcos un lugar en sus departamentos, para esconder la droga, las armas y hasta la plata. Hay otros chicos un poco más grandes a los que les pagan 10 mil pesos por semana para ser marcadores de esquina. Los narcos manejan todo”.

A media cuadra está Grecia, la peluquera del barrio. Todavía está temblando. El domingo por la noche los narcos efectuaron por lo menos 40 disparos al salón de belleza donde es empleada y algunos impactaron en la pieza contigua que alquila para vivir con su familia. Ella había dejado a sus hijos de 14 y 12 años solos para ir a trabajar a un geriátrico de Flores, donde cuida abuelos por la noche porque no le alcanza la plata. Los chicos se salvaron de milagro. Las balas ingresaron a la piecita de dos metros por uno y medio. “Cuando escucharon los tiros los nenes se tiraron al piso en este rinconcito, por eso están vivos”, cuenta mientras muestra a Infobae los impactos de cinco proyectiles en la ventana al lado de la cama donde dormían los niños, y en la pared justo arriba de la foto del nene con el guardapolvo de la escuela. “Ahora me están amenazando y me dicen que van a quemar todo, estamos con mucho miedo, quisiéramos irnos pero no tenemos a donde ir”, cuenta aterrada, sentada en la puerta de lo que quedó de la peluquería. “Los chicos tampoco pueden ir a la escuela. No puedo salir. Tampoco podemos comer porque no me animo a hacer las compras”, se lamenta.

Otro que está en la misma situación es Ariel, el dueño del local. Junto a su señora Naomi y sus tres hijos escaparon después de la balacera y se escondieron para evitar que los maten. El hombre, también peluquero, recibe a Infobae en una humilde vivienda de la ciudad de Buenos Aires y pide encarecidamente que no se de la dirección porque está seguro que van a venir por toda la familia. “No tenemos ropa, camas, frazadas, nada. Salimos con lo puesto. El nene necesita los útiles para ir a la escuela pero no tiene la mochila, lo dejamos todo en nuestra casa que está atrás de la peluquería”, dice Naomi. “Nos avisaron que nos iban a tirotear mi casa, a los chicos los tuvimos encerrados en la última pieza con el celular y la tele y no los dejamos salir de ahí, y por eso se salvaron”, dice el hombre. “Ellos son los dueños del barrio, son peruanos que los echaron en los allanamientos de la villa 1-11-14 y se mudaron para acá. Sacaron a los que vendían droga antes, los lastimaron y se tuvieron que ir. Ahora viven en la platea 11 y en el barrio INTA acá al frente”, describe. “Es algo cotidiano, normal, escuchar tiros, ver corridas, por eso mis hijos no salen, no van a la plaza, nada. Los llevamos al colegio y del colegio a adentro de casa. No puedo permitir a mi hijo que vaya a jugar a la pelota un rato porque en cuestión de minutos se pueden agarrar a tiros y puede quedar muerto mi hijo ahí por ellos, y así vivimos”, agrega.

La cancha está a media cuadra de su casa, al fondo de la calle Saladillo. Linda justamente con la Platea 11 (así le llaman a los monoblocks) donde viven los narcos. Al lado está el comedor, y unos metros más allá la pequeña capilla Carlos Mugica. Curiosamente en la canchita de fútbol hay un mural pintado con la paloma de la paz, algo justamente que no reina en el barrio. “El jefe narco determina quién puede jugar al fútbol en la cancha, con el entrenador. Es el que decide qué chicos van a jugar y cuales no”, asevera Adolfo Giampietro, un vecino de otro sector de Lugano harto de los narcos, que decidió entrevistar a cada uno de los habitantes de los monoblocks para ayudar a la investigación. “Al menos hoy estamos recuperando la plaza y la cancha de fútbol”, dice el hombre mientras observa dos centenares de policías de la Ciudad que concretan los 44 allanamientos ordenados por la Jueza Natalia Ohman a pedido de la fiscal Celsa Ramirez, quien investiga desde hace cuatro años el negocio de la cocaína y la pasta base en el barrio. “A los niños de los monobloks 9, 6 y 11 les pagan entre 3000 y 4000 pesos por día para trabajar de soldaditos. Pero no es que se los dan –aclara- porque a ellos les cobran la comida y la ropa, y después de todos los descuentos les quedan 1000 pesos o 1500”, concluye Giampietro.

“Lo que necesitamos es que pongan una garita permanente con Gendarmería o Prefectura en la cancha de fútbol, para que no terminemos todos muertos”, dice Rosa, una señora mayor que aun recuerda con nostalgia las épocas en que se inauguró el barrio. El complejo consta de 16 edificios de tres pisos, tres de los cuales nunca se terminaron y quedaron abandonados, luego del escándalo de corrupción de Sueños Compartidos por el desvío de fondos.

“Los narcos son del fondo y siempre se arma quilombo”, cuenta Marisel, quien sale muy temprano a tomar un colectivo para Flores donde es empleada de un negocio. “Los chicos mas chiquitos de 7 u 8 años hacen la custodia en la calle, avisan si entra un policía, si entra alguien nuevo. Lamentablemente los chiquitos en lugar de estar en la escuela, están trabajando para los narcos” cuenta con tristeza. “Tengo miedo, yo soy honrado, y sepa que no somos todo lo mismo”, dice Juan, un cartonero que trabaja en la cooperativa de reciclado del Gauchito Gil ubicada en la entrada del barrio, sobre Castañares, a metros de la Gral Paz.

Otros vecinos que están conmovidos por la situación son los encargados del comedor comunitario “La Misión”. Todos los días les dan la vianda a 1200 personas, pero desde que comenzaron los tiroteos persistentes, no pueden repartir la comida porque el salón donde cocinan está justo en frente del edificio N 11 donde viven los narcos. “Acá no sólo viene gente del barrio a comer, también de Inta, Piedrabuena, Villa Madero, hasta de González Catán” cuenta Pablo uno de los encargados. El otro comedor queda a 100 metros, al lado de la peluquería baleada, y, por esas ironías del destino se llama “El buen vivir”.

Los vecinos coinciden en que sólo volverá la paz si mandan la Gendamería al barrio. El gobierno nacional considera que el conflicto es en la Ciudad de Buenos Aires y descarta enviar efectivos de las fuerzas federales. “La Ciudad tiene muchos policías, ellos se tienen que ocupar”, dijo a Infobae un alto funcionario de la Casa Rosada.

El Secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’alessandro, en tanto, prometió que la policía local se quedará en el lugar y en declaraciones a esta cronista aseveró que se llegó a esta situación tan dramática “por la desidia de los jueces”. “Desde el año pasado venimos investigando esta banda, detuvimos a varias personas importantes, decomisamos una Glock que estaba modificada para que tire ráfagas como una ametralladora, decomisamos municiones perforantes de chalecos antibalas para enfrentarse con la policía. Y esa investigación siguió en la justicia de la ciudad donde determinamos 44 puntos para que se allanen. Hace seis meses que venimos pidiendo estos allanamientos, pasaron tres jueces que subrogaron este juzgado y no nos quisieron dar las órdenes. Pablo Casas, Marcelo Bartumeu Romero y ahora Celsa Ramìrez, la fiscal, viene solicitando estos allanamientos y estos jueces sistemáticamente se lo vienen denegando. Ahora si vos tenés todo este quilombo con los vecinos saliendo en los medios durante 48 horas, ¿qué vamos a encontrar en unos domicilios que los planteamos hace 6 meses?”, se sincera D´alessandro. Acá hay mucha plata y los tipos tiene una capacidad de reorganizarse mucho más rápida que la del Estado, y encima le tenés que sumar la desidia de los jueces, que no te dan los allanamientos”, concluyó.

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