El Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz es un cruce fronterizo que se eleva sobre el río Paraná y comunica a la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, con la de Encarnación, departamento de Itapúa, Paraguay.
En una pequeña oficina de Migraciones que hay en ese lugar están viviendo desde hace 13 días un grupo de 12 argentinos a los que no les permitieron el ingreso al territorio nacional, a pesar de haber dado negativo en las pruebas de coronavirus.
A más de un año del inicio de las restricciones, las trabas burocráticas que siguen existiendo debido a las medidas vigentes los obliga a tomarse un vuelo hacia Buenos Aires para poder entrar a su propio país, aunque en este momento algunos de ellos estén a tan solo 120 kilómetros de distancia de su casa.
Sin dinero, con comida donada por un comercio de la zona, durmiendo en el piso y prácticamente confinados a una habitación de la que solamente pueden salir para ir al baño, esta gente se encuentra esperando un fallo judicial que les permita regresar a la Argentina por vía terrestre y no tener que pagar pasajes de avión que, en algunos casos, sumarían más de 600 mil pesos por familia.
Estas son las condiciones que debe atravesar actualmente Pedro Martínez Britez, quien junto a su esposa, Juana Vanesa Rojas, y a los dos pequeños hijos que tiene el matrimonio, de dos y tres años, viajó a Paraguay en enero del año pasado por una oferta laboral, pero al poco tiempo de haber llegado lo sorprendió la pandemia.
“Yo vine a trabajar a una empresa vial que, lastimosamente, cuando empezó todo esto del COVID hizo una reducción de personal y yo fui uno de los que echaron. Tres meses después de que me contrataran, me encontré con que tenía que cerrar todo”, recordó el hombre en diálogo con Infobae.
A partir de ese momento, Britez decidió esperar a que abrieran nuevamente las fronteras para poder volver a su casa, pero sin un empleo tuvo que vender varias de sus pertenencias para que no lo desalojaran del departamento al que se había mudado en Paraguay.
“Al principio me lo pagaba mi empresa, pero cuando me echaron me tuve que hacer cargo yo de ese gasto. Vendí la cama, una heladerita que compré... quedamos con una sola cama y en el último tiempo ya no tenía para el alquiler. Hay cosas que le tuve que dejar al dueño y ahí fue cuando decidimos venirnos a la frontera. Yo soy de Montecarlo (una ciudad de Misiones). Prácticamente estamos 120 kilómetros de nuestra casa. Nos quieren hacer ir hasta Buenos Aires y desde ahí tendríamos que tomarnos un micro de vuelta. No tiene sentido”, explicó.
En el camino se encontró con otros argentinos que estaban en su misma situación, con quienes armó un grupo de WhatsApp en el que se pasaban información y entre todos comenzaron a investigar qué es lo que tenían que hacer para poder regresar al país.
Una de las personas con las que habló es el abogado Francisco Abel Reyes Rosales, quien se puso al frente de este conflicto e inició los trámites correspondientes: el 6 de marzo pasado le envió un correo al canal de contacto de Migraciones, pero le contestaron que tenía que comunicarse con el consulado.
“Lo que nos dijeron es que las fronteras están cerradas y que solo se puede ingresar a través del Aeropuerto de Ezeiza. Eso nos discrimina a nosotros porque parece que somos ciudadanos pobres que no pueden entrar a su propio país. ¿Si yo no tengo el dinero, no puedo ingresar a la Repúblico Argentina? Creo que nos tratan peor que a los presos”, se lamentó.
Efectivamente, mediante la Disposición 3911/2020 el Gobierno anunció el 25 de diciembre del año pasado que desde esa fecha quedaba suspendido en forma transitoria el ingreso al país por cualquiera de los pasos fronterizos terrestres.
De esta manera, los residentes que estén en el exterior y deseen regresar al país pueden hacerlo únicamente por medios aéreos o marítimos, a través del aeropuerto internacional de Ezeiza, el aeropuerto de San Fernando, o el puerto de la terminal de Buquebus siempre y cuando haya viajes disponibles.
Ante esta situación, el abogado se dirigió entonces al consulado argentino en Asunción, donde presentó un pedido de salvoconducto sanitario para que se haga una excepción y les permitan cruzar por vía terrestre, a la cual adhirieron 57 personas, pero no obtuvo respuesta.
Reyes Rosales también es un varado: llegó a Paraguay el 30 de diciembre del 2020 en representación de una empresa del Chaco que exporta madera, para hacer un relevamiento jurídico de la normativa legal de esa nación, “algo que no se puede hacer por teléfono”, según remarcó a este medio.
Antes de que se vencieran los 90 días que tenía como límite para permanecer en suelo paraguayo, el letrado comenzó el trámite para volver a su provincia pero, al igual que sus compatriotas, no consiguió ninguna solución.
Sin respuestas a su problema por parte del Gobierno, presentaron un amparo colectivo en el Juzgado Federal de 1ra Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo contra la Dirección Nacional de Migraciones, exigiendo que se les otorgue el salvoconducto sanitario solicitado.
“No tenemos visa ni dinero. Cualquier patrulla me puede pedir el ticket de ingreso y, al estar vencido, me puede detener y armar una causa judicial, hasta me podrían extraditar. Por eso decidimos pedir el salvoconducto y una parte de los que estamos varados nos movilizamos a la frontera, mientras otros se quedaron reclamando por la vía administrativa”, detalló.
El domingo 8 de mayo llegaron hasta el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, donde quedaron retenidos e imposibilitados también de volver a Paraguay, de donde ya habían salido oficialmente e, incluso, algunos de ellos fueron multados por haberse quedado más tiempo del permitido. Luego de soportar tres días a la intemperie, las autoridades los dejaron entrar a una oficina.
“Nos quedamos acá, no nos permiten salir y nos confinaron a un sector de la Aduana, en condiciones prácticamente inhumanas. Somos 12 personas y tenemos tres colchones, por lo que los adultos tenemos que dormir en el piso para que los chicos puedan hacerlo en los colchones, y solo nos dejan ir al baño cada tanto”, denunció Reyes Rosales.
En cuanto a la comida, el abogado explicó que algunas veces se acercan los propietarios de “un comercio humilde a dejar algunas raciones, pero la verdad es que no alcanzan y desde el Estado no están dando nada”.
A todo esto, el 13 de mayo último, el Ministerio de Salud de Misiones les practicó una prueba PCR a todos los adultos que se encuentran varados en este lugar y las mismas tuvieron un resultado negativo, sumado a que todo el grupo ya lleva 13 días de aislamiento en la oficina de la frontera.
“Es una cosa de locos esto, porque lo único que podrían argumentar es que hay un riesgo sanitario, pero ya tienen todas las pruebas de que no estamos infectados, estamos encerrados hace 13 días y, es más, nos estamos arriesgando ahora a enfermarnos”, agregó, por su parte, Martínez Britez.
El hombre contó que los días en esa habitación se hacen largos y que su hijo más chico “llora todas las noches queriendo volver a casa, pero en horario de oficina no puede ni gritar porque a los que están en la Aduana les molesta”.
“Tengo que tragarme todo y ponerme fuerte, porque si yo me caigo va a ser peor para ellos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? A muchos varados les facilitan pasar en canoa por el río, pero yo esas cosas de locos no voy a hacer, no voy a poner a mis pequeños en ese riesgo”, señaló.
Mientras escasea la leche y el pan para los cuatro menores de edad que se encuentran alojados en este lugar, los adultos esperan que funcione el recurso legal que presentó el abogado Reyes Rosales, el cual fue rechazado y ahora se encuentra siendo analizado por la Cámara de Apelaciones.
Según el letrado, el fallo de primera instancia tiene “algunas incongruencias graves”, como el hecho de que se basa en un informe de Migraciones “que dice que los dos nenitos de dos y tres años salieron (de la Argentina) juntos en una fecha por sus propios medios y que los padres lo hicieron cada uno en una fecha diferente”.
El fallo completo de primera instancia:
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