La vida de Luis Vázquez transcurría sin sobresaltos económicos. Soltero, sin hijos, a los 80 años, no tenía de qué preocuparse en temas de dinero. Había dedicado su vida a los negocios inmobiliarios en la zona bonaerense de Ezeiza y Canning cuando nadie avizoraba que eso podía deparar en una buena inversión a futuro. Su nombre estaba inscripto en un gran cartel frente a la estación de Ezeiza, sede de su inmobiliaria, sobre una calle que en sus tiempos se llamaba Conquista del Desierto y hoy se llama Presidente Kirchner.
Como Luis ya tenía sus problemas de salud, desde el 2003 tenía un apoderado y hombre de confianza. A él es al que está apuntando la familia de Luis: lo acusan de haberle vendido más de 30 propiedades a un precio irrisorio mientras el anciano estaba en coma y agonizando. Incluso, vendieron la casa en la que él mismo vivía. Los que las compraron fueron amigos o familiares del apoderado, que no tendrían capacidad económica para hacer esas inversiones. Algunos eran beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
Vázquez murió el día 28 de agosto de 2017. Ahora, sus herederos -unos sobrinos- entablaron una demanda civil y radicaron una denuncia penal en donde se intenta desenmarañar esta historia. Hablan de una estafa millonaria por parte del apoderado de su tío, Maximiliano Teta, pero en donde señalan el rol clave del escribano con el que solía trabajar Vázquez y que también aparece en todas las operaciones.
El escribano al que se denunció, muy conocido en la zona de Ezeiza, se llama Andrés Ariel Ringuelt y tiene como socio en la escribanía al hoy secretario de Desarrollo Territorial de la Nación Luciano Scatolini, que -vale aclarar- no está denunciado por estas operaciones sospechosas. Infobae intentó comunicarse con el escribano en su estudio “Ringuelet-Scatolini” para conocer su versión de los hechos y hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
Según los documentos a los que accedió Infobae, el fiscal de la causa, Javier Gustavo Martínez, de la UFI 8 de Lomas de Zamora especializada en delitos económicos y violencia, pidió en los últimos días a la AFIP las declaraciones juradas y de bienes personales de más de una veintena de personas y una sociedad anónima, más el levantamiento del secreto fiscal de cada uno. También reclamó a la oficina de escuchas de la Corte Suprema de Justicia -DAJUDECO- el listado de llamados de todos los involucrados y cruces telefónicos en el momento en que, según la denuncia, ocurrió la maniobra.
“Acá hubo una asociación ilícita, mediante la cual sus integrantes se apropiaron de los bienes más relevantes del patrimonio del Sr. Luis Vázquez a través de la transferencia simulada y/o fraudulenta de –al menos- 34 valiosísimos inmuebles de su propiedad, a precio sustancialmente vil, el que por otra parte jamás ingresó al patrimonio de aquel, maniobras deliberada y dolosamente efectuadas aprovechando su estado de inconsciencia e incapacidad, harto conocida por los implicados”, sostuvo la presentación judicial.
La demanda de Hugo y Guillermo Vázquez afirma que en solo 59 días, desde 19 de julio al 16 de setiembre de 2016, cuando su tío, Luis Vázquez, estaba “internado en grave estado de salud, con un grado de conciencia mínima, asistencia respiratoria mecánica, cuadripléjico y con una traqueotomía” se transfirieron 34 inmuebles “a un precio absolutamente ridículo –que tampoco ingresó a su patrimonio”. En algunos casos el precio en que se vendió llegó a ser hasta el 7424% inferior al valor de plaza.
La historia se remonta a 2009, cuando Luis Vázquez decidió darle un poder general de administración –que también era recíproco-. Eso convertía a Teta en una suerte de testaferro del anciano. Fue ese documento el que terminó sellando lo que cobra ahora relevancia en este juicio. “Eso no solo era conocido por todos en Ezeiza, sino que se verificaba en que la administración y los frutos de dichos inmuebles eran de Vázquez, a pesar de que formalmente se encontraban a nombre de su infiel empleado”, admite la demanda.
“Durante tantos años el Sr. Vázquez ha tenido muchos problemas de salud (ACV, operaciones de cerebro, internaciones, muchas de ellas graves). Y conociendo su estado de salud, en el año 2009 otorgó poder a su empleado de confianza, el Sr. Maximiliano Teta, para que en caso de esos episodios pudiera continuar con el giro comercial de su actividad, e incluso, de ayudar en lo que necesite a su hermana Nilda” con la que vivía, dijo en un juicio sucesorio de la familia la abogada Susana Pan, también apuntada por la familia.
Los problemas de salud de Vázquez se agravaron en 2016. El 30 de abril se cayó y se rompió en la cadera. Después de un mes de internación en un sanatorio porteño, quedó recluido en su casa, sin poder levantarse de la cama. Y el 13 de julio, tuvo un ACV: intubado, cuadripléjico, con una traqueotomía quedó inhabilitado. “Nunca hubiera podido firmar actas”, sostuvo la demanda.
Teta lo visitaba asiduamente. En ese contexto, dicen los acusadores, solo seis días después del ACV, Teta y un grupo de sus allegados decidieron impulsar “un plan siniestro, consistente en el vaciamiento de los bienes más importantes del patrimonio del incapacitado”. Con el poder que le había dado su jefe, el apoderado suscribió boletos de compraventa, reconoció deudas y hasta celebró contratos de locación (“cuyo producido es un verdadero misterio”, se señala). Todas las operaciones fueron hechas ante el escribano Ringuelet, pese a que habitualmente es el comprador el que elige el escribano, abonadas en efectivo, antes de la escritura, y sin que se publicaran o se difundieran en ningún medio.
“¿Cómo pudo el Sr. Teta conseguir tantos compradores, en tan breve plazo y negociar millonarias transacciones con ellos?”, se preguntó la demanda y allí mismo se dio la respuesta: los involucrados en la compra eran en su gran mayoría a personas del círculo más allegado de Teta. Aparecen su concubina, su cuñado, su hermana, su otro cuñado, su ex empleador, los tíos de su concubina, un amigo de la familia y ex colaborador de Luis Vázquez, las ex letradas del fallecido Vázquez, otro abogado que actuó en causas de la fallecida Nilda Vázquez y es amigo de la familia Teta, más un inquilino de Luis Vázquez y otro ex empleado. “La mayor parte de los que aparecen como compradores carecen de capacidad patrimonial y algunos son indigentes”, se añadió.
Con esta presentación, el fiscal Martínez está pidiendo ahora ante el juez de Garantías de Lomas de Zamora Gustavo Graig sus informes patrimoniales y el levantamiento del secreto bancario para avanzar en la investigación y corroborar si se cometieron los delitos denunciados. Mientras tanto, la familia del anciano abrió otra causa ante el juzgado civil Roberto Jorge Forzati: ahí buscan recuperar los bienes.
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