Chubut: protestas y cortes de ruta de asambleas vecinales tras el rechazo de la Legislatura a un proyecto que prohibía la megaminería

Los cortes de ruta, tomas de municipios, marchas y reclamos de vecinos se repiten en la provincia del Chubut después de que la Legislatura provincial rechazara la iniciativa popular que buscaba prohibir definitivamente la megaminería en la meseta.

Se trata de un proyecto presentado por el mecanismo de democracia indirecta, que sumó 30.000 firmas y prohibía la minería metalífera. Las asambleas reclaman que sea debatido con más tiempo y con su participación al tiempo que piden que se retire el proyecto oficial que busca avalar la megaminería.

La historia del pedido vecinal en la Legislatura fue breve: en un trámite exprés la comisión de Recursos Naturales emitió un dictamen negativo y pasó al recinto en donde se impuso el rechazo en una votación que contabilizó 13 votos negativos y 12 positivos, más dos abstenciones.

El acuerdo entre los legisladores que responden al diputado nacional macrista Gustavo Menna y al gobernador, Mariano Arcioni, permitió el resultado.

La respuesta inmediata fueron marchas y cortes. El más importante es el de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de Puerto Madryn. “Ni siquiera convocaron a los vecinos, hicieron una campaña de prensa durante dos semanas diciendo que la propuesta amenazaba la producción de petróleo y rechazaron el proyecto. Nosotros vamos a estar firmes. Estuvimos un año buscando apoyos y redactando la propuesta. Y no nos vamos de la ruta hasta que saquen el proyecto oficial”, dijo Pablo Ceballos, asambleísta de Puerto Madryn.

Durante el debate se planteó la constitucionalidad o no de la iniciativa popular. Los sectores en favor del proyecto productivo consiguieron hasta el aval del constitucionalista Daniel Sabsay, quien declaró: “Para establecer la posibilidad de que en una provincia se prohíba de manera definitiva (la minería), se cierren en 6 meses todas las explotaciones, se termine con Aluar y demás, hay que reformar la Constitución. Con la actual Constitución no se puede, aunque se junten 1.000 o 100.000 firmas”.

Este fue el argumento que utilizaron algunos diputados para rechazar la iniciativa. Sin embargo, los vecinos aseguran que eso no es cierto. “Trabajamos meses en la iniciativa popular y es muy similar a la que rige en Córdoba. No es inconstitucional”, agregó Ceballos en declaraciones a Cuestión Ambiental, en FM Cultura.

La diputada Belén Baskovc, del Frente de Todos, quien votó en favor de la iniciativa, indicó: “Desde el bloque del PJ hacemos observaciones al dictamen, porque no se ha dado el debate responsable que amerita para ver si estas objeciones a la iniciativa popular son verdaderas. Los fundamentos nos dejan más dudas que certezas. Se habla del riesgo de la prohibición de actividades extractivas, y esto no puede ser potencial, o existe o no. Ese es el debate que no se generó en la comisión”.

Rossana Artero, de Chubut Unido, dijo: “Me resulta llamativa la preocupación de algunos sectores por cumplir a rajatabla lo previsto en la Constitución y tanto apego a las leyes, porque no es un gobierno que cumple en absoluto las leyes ni la Constitución. Tengo sobradas pruebas. Creo que lo que se pretende es lograr el rechazo a la iniciativa popular y así avanzar con la zonificación”.

En ese sentido, el biólogo y filósofo e investigador del Conicet Guillermo Folguera explicó a Infobae que los procesos de aprobación y de presión que se usan para los emprendimientos mineros son muy similares en América Latina y en la Argentina: “Lo que sucede en Chubut se reproduce en muchos escenarios de nuestro continente y en nuestro país”.

Según describió el experto: “Se intenta aprobar un proyecto sin que haya una verdadera consideración respecto a los efectos sociales y ambientales y bajo un montón de promesas que, encima, se apoyan sobre una situación social y ambiental degradada. Aparecen las promesas de trabajo, como el caso de Jáchal y la Barrick Gold, que han quedado suficientemente evidenciados que no son solución en lo más mínimo de un problema laboral que ciertamente existe en la provincia. Se reconoce que los verdaderos problemas pasan a ser de coerción tales como el no pago a estatales en la provincia”.

Y agregó: “Se ven las persecuciones sistemáticas a aquellas organizaciones que repudian la llegada del proyecto y, en el caso particular de Chubut, se incluyen datos científicos truchos, elementos de pruebas de neutralidad a los proyectos que no son tales y todo bajo un paraguas general de resolución de estos problemas con una conjunción de sectores gubernamentales y empresarios, cuya distinción nunca está suficientemente claro dónde empieza el gobierno y dónde Pan American Silver”.

Folguera se refiere a un estudio científico presentado por el gobierno provincial con un sello falso de un investigador. Los vecinos, reunidos en asambleas autoconvocadas en toda la provincia, temen ahora que avance el proyecto de zonificación, que obtuvo dictamen positivo en febrero, pero nunca fue debatido en el pleno porque no cuenta con los votos necesarios. “El proceso está plagado de irregularidades. Entre los diputados que dieron un voto negativo está el legislador filmado pidiendo una coima de 100 lucas”, recuerda Ceballos sobre Sebastián López, diputado que fue expulsado del bloque Pro después de que se difundiera el video.

En Chubut rige una ley que prohíbe la megaminería desde 2003, pero el proyecto del Ejecutivo provincial busca habilitarla con una propuesta de zonificación que permitiría la megaminería en los departamentos de Telsen y Gastre para la explotación de plomo, plata y cobre en el yacimiento Navidad, una instalación de la canadiense Pan American Silver que espera por su desarrollo desde hace 11 años.

Aunque el envío del proyecto oficial fue en noviembre, se convirtió en uno de los temas que más afectaron la gestión de Arcioni. Hubo dos intentos de debate, pero nunca tuvieron los votos suficientes para su aprobación. Para evitar las prohibiciones legales provinciales al uso de cianuro en la megaminería, las compañías aseguran que usarán un método más amigable con el ambiente: se trata de un proceso de flotación que usa reactivos y detergentes a los que se pegan los minerales.

El xantato y la policriamida son dos de los reactivos rechazados por los vecinos por su potencial contaminante. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico. Aunque no existe una normativa que en la Argentina prohíba el uso de esta sustancia, hubo un proyecto en el Senado en 2015 que nunca prosperó.

Para Folguera, es notable cómo se repiten los modelos para conseguir la aprobación de este tipo de normativas: “Aparecen algunos académicos con apoyatura pero nunca con evidencias claras sobre los efectos sociales y ambientales. Y siempre, y sin lugar a dudas, con la exclusión sistemática de las comunidades damnificadas. Por último y no menos importante, es cómo este tipo de discurso excluye que los extractivismos son una parte necesaria para explicar la situación dramática que vive nuestro país. No me refiero sólo al escenario pandémico y económico y social de nuestro país, sino que me refiero a cómo el modo de vida de las comunidades está siendo consecuencia directa de presencia de químicos ambientales, y esto, en lugar de señalarse como elementos a considerar, lo único que se hace es querer profundizar el problema mediante nuevos escenarios, como los de Chubut y también Mendoza y la recientemente Andalgalá, en Catamarca”.

La Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, hace tres semanas; representantes de la Iglesia católica en la provincia y los intendentes los intendentes de Esquel, Trevelin y Lago Puelo, en los últimos días, enviaron notas a la Legislatura manifestando su preocupación por la falta de respeto a la decisión popular y solicitando el retiro del proyecto de zonificación minera, que aún tiene estado parlamentario.

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