Formosa: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares para proteger a siete mujeres wichis embarazadas

El 16 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 32/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de siete mujeres indígenas que decidieron esconderse en el monte por miedo a ser separadas de sus bebés por el sistema de salud formoseño en base a la aplicación de protocolos especiales por COVID-19.

El temor de las mujeres no es nuevo y tiene como raíz histórica las prácticas de violencia obstétrica contra la cosmovisión del parto de las mujeres originarias. Pero se vio incrementado por conductas abusivas con las mujeres con la excusa de los protocolos de COVID-19 y, con la difusión de por lo menos, tres casos de madres que fueron separadas de sus bebés al nacer con la argumentación que la mamá tenía coronavirus y el bebé necesitaba ser trasladado para tener atención de alta complejidad.

A partir de esas situaciones muchas otras embarazadas se asustaron ante la posibilidad de ser separadas de sus hijos. Por eso, un grupo de mujeres wichí se escondieron en el monte por temor a que les realicen cesáreas innecesarias y forzadas (no necesariamente las cirugías llegaron a concretarse). Pero su miedo es una percepción que ya no se puede esconder.

En una cobertura televisiva de la señal TN se afirmó que había 86 mujeres embarazadas escondidas en el monte, en la zona de El Potrerillo. Esa cifra no se pudo comprobar y la localidad no era exacta: no se trata de Potrerillo, sino de Juárez. El informe televisivo no pudo verificarse en su totalidad. Se intentó desmentir y decir que se trataba de un “montaje” y que las mujeres habían hablado a cambio de dinero.

Sin embargo, la CIDH tomó como válido la situación de siete mujeres wichí (a pesar que pidieron que se reserve su identidad por temor a represalias). Y, por sobre todo, se baso en la discriminación histórica a las mujeres de pueblos originarios en Formosa.

La CIDH no quiso dirimir sobre el conflicto puntual, pero escuchó la versión oficial y la de los pueblos indígenas y dio por válido el temor de las mujeres y alertó sobre la necesidad de que sea respetada la cosmovisión indígena en el embarazo, parto y puerperio.

En algunos medios, a partir de la difusión de un informe de la justicia de Formosa, se afirmó que los testimonios pertenecían a “presuntas punteras” (en una demonización de los roles políticos y sociales de las mujeres que constituyen violencia de género mediática) y que los testimonios se debían al pago de 5 mil pesos.

La decisión del organismo de derechos humanos no implica un respaldo a toda la información de la investigación televisiva (porque tenía errores y datos no comprobables), pero desacredita la idea de una operación orquestada, niega que las mujeres sean mentirosas y busca proteger a las wichí para que no continúen con un temor que las enfrenta a tener que esconderse sin hacerse controles pre parto, ni contar con agua potable y una alimentación suficiente.

El documento de la CIDH es cauto con la sentencia sobre los hechos que son denunciados, pero es claro en el respaldo de la voz y las percepciones de las mujeres wichí. La investigación escuchó todas las voces, pero no legitima la hipótesis de la procuración formoseña, sino que reclama mayores medidas de protección para las mujeres.

Ellas afirman que se esconden en el monte, a pesar de la precariedad de las condiciones de vida y de la falta de agua, vivienda y alimento, porque tienen miedo de ser sometidas a cesáreas forzadas y a que las separen de sus bebés. Pero que, además, después de contar su historia en la televisión tienen miedo de ser detenidas por la policía u obligadas a firmar un documento en donde tengan que decir que fingieron su testimonio en contra de su voluntad o que culpabilicen a la lideresa wichí Ercilia Agüero.

La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el gobierno de Formosa tiene que reforzar la relación del sistema de salud con las mujeres indígenas y generar las condiciones culturales para que las mujeres que no hablan español puedan ser atendidas en su lengua y no desoídas en sus demandas.

La comunidad wichí tiene aproximadamente 20.000 integrantes, distribuidos en alrededor de 120 grupos y Ercilia Aguero, una de sus referentes en Formosa, denunció que fue perseguida y estigmatizada por contar en los medios de comunicación abusos a las mujeres embarazadas y arrestos con el pretexto de los protocolos para evitar la propagación de COVID-19.

¿Por qué el reclamo formoseño traspasó la frontera? La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Ameicanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA.

El reclamo llego a la CIDH el 12 de marzo, a través de un pedido motorizado por Félix Díaz, del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina; Santiago Canton y Lucas Gómez. La resolución tuvo un ping pong entre el gobierno de Formosa y los representantes de los pueblos originarios de alta intensidad.

El 19 de marzo la CIDH recibió el informe del gobierno de Formosa. El 22 de marzo los solicitantes de la protección para las mujeres wichÍ enviaron información adicional. El 28 de marzo, respondieron al informe oficial.

La versión oficial que el gobierno de Gildo Insfrán envió a la CIDH es muy similar a la que se difundió en algunos medios que aseguraron, sin citar ninguna otra fuente (ni siquiera del gobierno nacional) que la noticia de las mujeres wichí escondidas en el monte era una “fake news” y un montaje para la televisión a cambio de dinero.

La versión oficial del gobierno formoseño es que se trato de un montaje televisivo conseguido a través del pago de 5 mil pesos a mujeres que se hacían pasar por embarazadas ya que un informe de la procuración asegura que hay un testimonio que da esa versión.

Sin embargo, en la solicitud a la CIDH los representantes de los pueblos originarios dicen que no se trato de un montaje sino que la situación de las madres separadas de sus hijos e hijas había sido alertada. El 29 de marzo el Estado contestó a los representantes de los pueblos originarios que expresaron que no confían en la independencia del Poder Judicial de Formosa. La mayoría de los medios no cubrieron el caso más allá del golpe de efecto a favor o en contra del gobierno provincial de Gildo Insfrán.

Los derechos de las mujeres no pueden quedar (otra vez más) tirados a la zanja de la grieta: hay formoseñas que tienen miedo de parir sin que sean respetados sus derechos. No hay necesidad de negar la realidad, ni de inflarla. La necesidad es la de las mujeres wichí.

No es solo la CIDH la que está preocupada. Incluso una comitiva de la ONU en Argentina iba a viajar a Formosa para interiorizarse de la situación. El traslado no pudo realizarse por los efectos de la pandemia y del agravamiento de la situación sanitaria. Pero se están llevando a cabo algunas reuniones virtuales por parte del organismo internacional.

La CIDH no se refiere a la veracidad de los hechos denunciados y/o negados (si se separó o no a las madres de sus hijos o si había efectivamente 86 embarazadas escondidas en el monte formoseño). Pero sí alerta sobre el temor de las mujeres (tomando especial consideración su cosmovisión indígena) y destaca que, en Formosa, está quebrada la confianza de las mujeres en las autoridades.

La Comisión tuvo en cuenta “la condición de vulnerabilidad interseccional de las mujeres, embarazadas y pertenecientes a la comunidad indígena wichí”. En ese sentido, resaltó la importancia de que se respete sus pautas culturales y que también se generen formas de comunicación en la lengua originaria.

“El 16 de abril la Comisión Interamericana aceptó el pedido de medidas cautelares presentado por tres dirigentes indígenas a favor de siete mujeres del pueblo wichí en Formosa. Están embarazadas y tienen miedo de que se las traslade para parir en el hospital de Ingeniero Juárez, a unos 150 kilómetros de distancia, lejos de sus familias”, enmarca la antropóloga y Doctora en Filosofía del Derecho Morita Carrasco.

“En busca de protección de refugiaron en el lugar que mejor conocen: el monte, en el cual se sienten seguras. Allí nadie objetaría que estén acompañadas por sus maridos, padres, madres, hermanos, hijos, como sí sucede cuando ingresan en el hospital. Lo que para otras mujeres, es seguro, para ellas constituye una experiencia de sufrimiento debido a la discriminación racial de que son objeto por parte del personal sanitario”, contextualiza la investigadora.

Carrasco es integrante de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU) y actualmente trabaja con comunidades indígenas mbya-guaraní en Misiones. Pero fue pionera en la investigación, desde los años ochenta, con las mujeres wichí y fue testigo de la humillación que sufren en los partos. Ella relata: “Médicos y enfermeros/as las humillan por su apariencia física, les ocultan información acerca de su estado y el de sus hijos/as. Por tanto, nunca acuden solas, siempre son acompañadas por sus parejas, quienes, además de encargarse de atenderlas tienen la función de traducir al idioma propio lo que dicen los profesionales”.

En este contexto, la CIDH le reclamó a Argentina (no solo a Formosa) que adopte medidas para garantizar la atención médica adecuada con consentimiento previo, libre e informado de las mujeres y con una perspectiva de pertinencia cultural y lingüística, tomando en cuenta su cosmovisión indígena y con un enfoque de género.

El estado formoseño alegó que hay dos causas abiertas, en el fuero común y en el fuero federal y que las autoridades llevaron a cabo una intensa búsqueda en los barrios y comunidades y que concluyeron que las denuncias serían “falsas”.

El gobierno reconoce que hubo tres casos de niños separados de sus padres por problemas de salud y, en otro caso, porque un bebé nació prematuro y con problemas respiratorios y la mamá tenía Covid y no podía ser trasladada junto a su hijo. Pero alegan que después se los volvió a unir con su familia. Y niegan que exista una situación de “separación parental” sistematizada que justifique un “temor fundado” por parte de las mujeres wichi.

Formosa alega que está en contacto con el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. En el caso del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable se le envió una misiva al gobierno provincial para que garantice el pleno consentimiento de las mujeres en la colocación de métodos anticonceptivos.

Mientras que la Ministra de Mujeres Elisabeth Gómez Alcorta hablo con las mujeres wichi, les dio su teléfono personal, las llamo “hermanas” y entendió que había una situación de temor a las autoridades, aunque no era comprobable la cantidad de casos denunciados en el informe televisivo. Pero en declaraciones periodísticas a radio Metro no tuvo una actitud demonizadora de las mujeres, ni negadora de todo el contexto, en una postura claramente diferenciada a la del gobierno provincial y de mucha más comprensión para ayudar a resolver los temores de las embarazadas formoseñas.

El Ministerio de Mujeres le señaló al gobierno provincial que existe un “déficit de naturaleza estructural para el abordaje efectivo de la salud desde una perspectiva intercultural”. El gobierno provincial anunció una serie de ciclos interculturales como acto de buena voluntad. Pero empezar llamando a las mujeres “mentirosas” no va a terminar con los prejuicios, sino a acentuarlos.

La CIDH determinó que es razonable entender que “para ellas existe una percepción de la existencia de una amenaza en contra de su vida, integridad y salud, así como de la de sus bebés en gestación” y aclararon que la sensación de amenaza para las mujeres wichi va más allá, incluso, de si el miedo se encuentra “fundado”.

“No se descartaría que las mujeres indígenas puedan tener miedos, demandas, inquietudes o preocupaciones basadas en la implementación de las medidas sanitarias excepcionales por la pandemia”, expresa la CIDH que reconfirma la sensación de “zozobra” de las mujeres wichi.

Si el gobierno de Formosa quiere dialogar con las mujeres y que no sienten miedo la respuesta no puede ser hablar de un “montaje”, una “fake news”, “presuntas punteras” o pago de dinero para un reportaje televisivo, sino escuchar y respetar sus demandas para articular soluciones y no persecuciones.

“Las acciones que desestimarían sus denuncias públicas e intentarían abrir investigaciones en su contra no suman a la generación de confianza de la comunidad con las autoridades”, interpela directamente la CIDH al gobierno de Formosa (y por ende a los medios y periodistas que circularon que se trataba de una fake news) que en vez de ayudar a remediar la discriminación la acentuaron con una noticia prejuiciosa y, por supuesto, machista, al tratar de mentirosa a las mujeres indígenas.

“La Comisión observa que (las mujeres wichi) se encontrarían en una situación de riesgo dado que, al encontrarse escondidas y con miedo a acercarse a las autoridades por la concepción de que existe una posibilidad de ser objeto de tratos discriminatorios o violentos, aunado a presuntas amenazas de ser detenidas arbitrariamente por la policía, se encontrarían en condiciones precarias, la mayoría en etapas avanzadas del embarazo, sin la debida asistencia materna y con el temor de ser obligadas a dar la luz por cesárea, lo que podría afectar su vida, integridad y salud, así como la de sus bebés”.

Entre las notas periodísticas citadas por la CIDH se encuentran dos notas de Infobae: “Más denuncias sobre violaciones a los DDHH en Formosa: el Gobierno nacional solicitó informes a Gildo Insfrán sobre el maltrato a mujeres de la comunidad Wichí”, del 17 de marzo de 2021” y “La violencia obstétrica a las embarazadas no se puede esconder: en Formosa el miedo no es salud”, del 22 de abril del 2021.

La CIDH le pide a Argentina que en 15 días (alrededor del 2 de mayo) informe sobre las medidas cautelares requeridas y actualice periódicamente la información. La resolución fue aprobada por Antonia Urrejola, Julissa Mantilla Falcón, Flavia Piovesan, Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño y Stuardo Ralón y María Claudia Pulido, integrantes de la CIDH.

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