Un informe sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en las condiciones de vida de los 700 hogares atendidos por el servicio social de la AMIA (elaborado en colaboración con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA), arrojó datos preocupantes. En el trabajo -que será presentado mañana y al que accedió Infobae- fueron comparadas las situaciones pre y post pandemia, con datos recabados entre enero y marzo de 2020 y octubre y noviembre de ese año sobre 280 hogares de aquel universo total. Y los peores indicadores se los llevaron aquellos donde viven niños en edad escolar.
A la investigación generada por ambas instituciones la llevó adelante un equipo dirigido por el sociólogo Juan Bonfiglio (41), que trabaja en el Observatorio de la Deuda Social Argentina y es especialista en temas de pobreza y condiciones de vida. La colaboración entre la AMIA y el departamento que mide la pobreza de la UCA comenzó en el 2019. En diálogo con Infobae, Bonfiglio se preocupó por aclarar que el trabajo se limita a “los datos de los registros del sistema de asistencia social de la AMIA. Ellos relevan en forma exhaustiva a cada persona que atienden. A principios de 2020, cuando aún no había cuarentena, hicieron una parte del estudio”.
La población con la que trabajan, explica, es “vulnerable. Y por las propias características del sistema de asistencia social, casi el 50 % de esos 700 hogares están integrados por adultos mayores, de más de 60 años, que se atienden en comedores, reciben medicamentos y se les brinda una transferencia monetaria desde esa institución”.
La muestra se dividió en tres estamentos. Además de los hogares compuestos exclusivamente por adultos mayores, se segmentó en hogares con al menos un integrante menor de 60 años pero mayor de 18 años y hogares con niñas, niños o adolescentes. Señala Bonfiglio, además, que el objeto del estudio se encuentra prácticamente en su totalidad en el AMBA, “con un peso muy importante en la Ciudad de Buenos Aires”.
Para el investigador, “en primer lugar hubo un incremento muy importante de la pobreza y el desempleo. Tanto en lo que se refiere al jefe de hogar o a un componente del mismo”. En efecto, el trabajo señala que “la crisis generada por la pandemia COVID-19 tuvo un impacto importante sobre la situación laboral de la población atendida por el Servicio Social de AMIA. Esto se manifiesta en el incremento en los niveles de desempleo tanto de los titulares como de los convivientes observado a nivel de hogares. La crisis afectó en mayor medida a las posiciones laborales más precarias e informales, y fundamentalmente a los trabajadores por cuenta propia que vieron restringidas las posibilidades de desarrollar sus actividades laborales habituales”.
Por su parte, Fanny Kohon, directora del área de Programas Sociales de AMIA, señaló que “tal como se venía observando en la población atendida por el Servicio Social, entre marzo y octubre del año pasado aumentó el porcentaje de familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con los parámetros establecidos por el INDEC. Esto se debió, en gran parte, al fuerte impacto que la pandemia produjo en el mercado laboral. La desocupación creció de manera notoria y las familias atendidas por AMIA se vieron seriamente afectadas por esta situación”.
En este sentido, el universo total de los hogares estudiados cuyo titular ya estaba desocupado se incrementó en promedio del 10 al 14%. La principal franja donde ese aumento se experimentó fue en aquellos con niños, que duplicaron el nivel de desempleo entre marzo y octubre de 2020: pasaron del 16 al 35 %.
En cuanto a la pobreza, el trabajo indica que entre los hogares que atiende el Servicio Social de AMIA se incrementó, en promedio, 3 puntos porcentuales: del 23 al 26%. El informe destaca que “la evolución es notablemente heterogénea según el tipo de hogar. Se registra un leve descenso de los niveles de pobreza entre los hogares conformados exclusivamente por adultos mayores, en contraste con un fuerte aumento en el resto de los hogares. La pobreza entre los hogares sin niños pasa a afectar del 36 al 48% . Entre los hogares con niños/as y adolescentes la incidencia de la pobreza es aún mayor: entre marzo y octubre de 2020 se incrementa 16 puntos porcentuales, de 60 a 76%”.
El relevamiento, cuyos últimos datos fueron recogidos en un momento en que la curva de contagios y muertes por la pandemia había comenzado a descender en forma pronunciada, indica que “para el mes de octubre de 2020 casi la mitad de hogares sin niños y 3 de cada 4 hogares conformados al menos por un niño/a o adolescente tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza. La proporción de hogares indigentes en el grupo con niños también experimentó un salto significativo de casi 9 puntos porcentuales, pasando del 17 al 26%”.
El trabajo también analiza el impacto que provocan las transferencias monetarias tanto de la AMIA como del Estado. Señala que “existe un efecto positivo” en ambos casos: “A nivel total la pobreza se reduce de un 26 a un 22% de los hogares al considerarse el efecto de las transferencias del Servicio Social de AMIA. Si no se considerasen los ingresos provenientes de esta fuente ni de las transferencias estatales, el nivel de pobreza se ubicaría en un 29%”.
Según el tipo de hogar, las transferencias tienen una injerencia distinta. “Las transferencias de AMIA tienen un impacto importante tanto en términos relativos como absolutos sobre los hogares sin niños; con este aporte los hogares bajo línea de pobreza pasan del 48 al 36%. El efecto de las transferencias de AMIA sobre los hogares con niñas/os y adolescentes resulta comparativamente inferior (2 pp.). En el caso de los hogares compuestos por adultos mayores, las transferencias también tienen un impacto moderado en la reducción de la pobreza”.
Un aspecto importante a destacar, según Bonfiglio, es que a pesar del deterioro provocado en los hogares de menores recursos durante la pandemia, la inseguridad alimentaria no se vio afectada como la pobreza y el desempleo. “Y esto tiene que ver con los efectos de la protección que brinda el Servicio Social de AMIA a través de transferencias monetarias, que impidió un aumento de este ítem”.
En el informe se destaca que, en cuanto a la inseguridad alimentaria, “de un nivel de 14% en marzo se pasó a un 12% en octubre de 2020. Seguramente, esta situación se hubiera profundizado en el contexto de pandemia si no fuera por las prestaciones que estas familias recibieron tanto desde AMIA como por parte del Estado. De hecho, entre los hogares conformados solamente por adultos mayores la inseguridad alimentaria severa experimentó un descenso de casi 4 puntos porcentuales (desciende de 10% al 6%), mientras que los hogares en los que al menos hay un niño/a o adolescente presentaron un leve deterioro (del 19% al 20%)”.
En cuanto a las dificultades de acceso a la salud como consecuencia de no contar con cobertura médica, el estudio indica que “se incrementaron en el período de pandemia. Si bien los hogares integrados exclusivamente por personas mayores de 60 años cuentan casi en su totalidad con cobertura (95%), el resto de la población presenta altos déficit en el acceso a la salud, que aumenta 5 puntos porcentuales, pasando del 45% al 50%, entre marzo y octubre de 2020”. La explicación que encuentra Bonfligio en su trabajo es la incidencia que tuvo en este aspecto “la pérdida de vínculos con el mercado de trabajo formal y el abandono de la medicina prepaga como consecuencia del deterioro de su situación económica”.
Otro de los aspectos donde existió una importante regresión durante el año pasado fue el nivel de hacinamiento que mostraron los hogares relevados. “Lo que vimos en los datos y corroboramos con trabajadores sociales de AMIA, lo que sucedió en una parte importante de los hogares fue un aumento del porcentaje de aquellos donde vivían tres o más personas por habitación. Nos llamó la atención este dato, y los trabajadores sociales, que llevan el contacto más cotidiano con la personas, mencionaron que hubo una parte importante de casos de personas que pagaban un alquiler, no pudieron afrontarlo y se tuvieron que ir. Esto provocó que hogares con parejas separadas se junten, o quienes ya tenían independencia volvieran a los hogares originales. Habría que ver si ahora eso se mantuvo o se descomprimió”.
El nivel de hacinamiento -advierte el informe- pasó del 3 al 4,5% de los hogares. “No obstante, los valores totales por sí solos ocultan el importante deterioro experimentado por los hogares conformados por al menos un niño/a o adolescente. Entre estos últimos, los niveles de hacinamiento alcanzaban al 15% en marzo de 2020 y llegaron a afectar al 23% en octubre del mismo año”.
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