Tienen miedo de ser atendidas porque tienen miedo de ser desatendidas. Tienen miedo de ser separadas de sus hijos porque ya las han separado. Tienen miedo de cesáreas innecesarias porque el maltrato que han sufrido es innecesario. Tienen miedo de ser forzadas porque ya fueron forzadas. Tienen miedo a no ser escuchadas porque no las escucharon.
Tienen miedo porque la experiencia las empuja al miedo.
En Formosa el miedo de las mujeres no se puede esconder.
Y, sí, hay embarazadas que prefieren esconderse del sistema de salud que buscarlo o pedir ayuda porque -en el mundo o la provincia del revés- da más miedo ser atendida que estar escondida.
No se puede desconocer el miedo ni usarlo en peleas políticas o mediáticas que olvidan a las mujeres y las muestra como una herramienta para decir quién habla o quién calla.
Por eso, un grupo de antropológas, investigadores del CONICET y organismos de derechos humanos pide la intervención de funcionarias/os nacionales para que garanticen el primer derecho en democracia: no tener miedo.
Un informe de TN, realizado por la periodista Paula Bernini, denunció que en Formosa las embarazadas se esconden para que no les saquen a sus bebés. “Embarazadas en peligro: en Formosa, se esconden de la Policía en el monte para no ser separadas de sus bebés”, tituló TN.
“Telenoche Investiga conoció la historia de 86 mujeres que viven en casillas precarias y sin buena alimentación y poca agua. Otro capítulo de horror en la provincia que gobierna Gildo Insfrán”, tituló TN. No hay manera de comprobar que se trata de 86 mujeres. La localización no es exacta porque no se trataba de la localidad de El Potrillo. Pero sí es real -e innegable- que las mujeres tienen miedo y que, en algunos casos, se esconden.
Hay datos que no se pueden esconder: Formosa tiene la mortalidad materna más grave del país. Así lo asume el Ministerio de Salud de la Nación en el último informe oficial sobre la muerte de mujeres por el embarazo, parto y puerperio (incluyendo los abortos inseguros): “Formosa (es) la jurisdicción que registró la mayor razón de mortalidad materna con 14,4 muertes cada 10.000 nacidos vivos”.
En Formosa hay 144 muertes de mujeres por ser madres por cada 100.000 nacimientos. La inequidad regional o las desigualdades territoriales en Argentina no son un juego de escondidas. En Argentina, el promedio, es de 37 muertes maternas cada 100.000 nacimientos, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, del 2018.
Pero en la Ciudad de Buenos Aires mueren 23 mujeres cada 100.000 nacimientos; en Tierra del Fuego 18; en Chubut 12 y en Río Negro 9. En Formosa las mujeres tienen –en promedio- diez veces más probabilidades de morir por ser madres que en las provincias patagónicas.
Y, en cifras nominales, con cuerpos, vidas, dolores y orfandades, en el 2018, murieron 17 mujeres por enfermedades relacionados con el parto, el embarazo, el puerperio o los abortos inseguros. No se trata solo de faltas de recursos, ni de hospitales. Se trata de que el Estado está en falta con ellas.
Si las mujeres se tienen que esconder (o prefieren hacerlo) que ir a los controles y les temen a los médicos no hace falta mandar a investigar expedientes: el sistema de salud es un fracaso. El propio sistema que tiene que acompañar y curar (si hace falta) espanta a las mujeres que tiene que convocar y deja a la intemperie a las que debe cuidar.
Las violaciones a los derechos de las mujeres en Formosa no necesitan sentencia judicial. Sus voces hablan de violencia obstétrica; a sus derechos sexuales y reproductivos e institucional sobre ellas y sus hijos e hijas. No tiene que ir un fiscal a averiguar si hay un delito. Si las mujeres tienen miedo no se trata de abrir un expediente sino de abrir la escucha para que puedan hablar.
Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad confirman que pidieron información a Formosa y a las áreas competentes. El problema es que el correo burocrático no pierda el tiempo en sellos y, en cambio, simplemente pise el terreno y escuche lo que tiene que escuchar. Aunque también, diversas fuentes, confirman que funcionarias del Ministerio de Mujeres y del Ministerio de Salud están escuchando y pidiendo informes sobre las denuncias de las irregularidades relatadas en Formosa.
“A muchas mujeres les hacen cesárea faltando dos meses del parto. Hay una señora que tuvo cesárea, le sacaron el bebé y lo llevaron a Formosa. Después lo recuperó. Pero paso lo mismo con otra mujer cuando fue al control y terminó en cesárea faltando dos meses para el parto. También lo llevaron al bebé. Por eso, se asustan las mujeres embarazadas”, le cuenta a Infobae Ercilia Agüero de Juárez, de la comunidad wichi, de Formosa.
“En la cuarentena se notó más la discriminación hacia nosotras”, resalta Ercilia en nombre de wichis, tobas y otras comunidades originarias. “Nosotras pedimos que nos respeten como personas y no que nos atropellen como animales”, remarca. Ella aclara que las mujeres que aparecieron en el informe de TN no son de Potrillo, sino de Ingeniero Juárez, Bermejo y otras comunidades. Pero también denuncia que, después de hablar ante la prensa, sufrieron represalias en su comunidad que incluyen que se nieguen a atender a niños con fiebre y diarrea.
Las prácticas de cesáreas innecesarias y anticipadas aparece como una gran preocupación (que está enmarcada como violencia a los derechos sexuales en la ley para prevenir y erradicar la violencia de género y como violencia obstétrica en la ley de parto humanizado), salvo que sea (comprobadamente) necesaria para la salud de la mamá y el bebé.
Ellas no pueden someterse a una herida que las deja de cama por más de una semana porque si las operan no pueden buscar leña, ni agua para sus familias y la intervención quirúrgica no es igual al parto normal y no quieren quedar “invalidas”, según describen, para las tareas que necesitan realizar para sobrevivir.
Ercilia relata que estuvo presa e incomunicaada, durante cuatro días, por reclamar contra estas prácticas. Después de la cárcel paso a un centro de aislamiento por Covid-19. Pero ella no lo describe como un hospital u hotel de aislamiento para prevenir la viralización de una enfermedad, sino como una forma de castigo por quejarse del poder. “Cuando nos dieron libertad nos llevaron al aislamiento más de 15 días”, denuncia con la voz pausada, calma y una lengua que no calla.
“Cuando nos pusieron en la cárcel las mujeres se asustaron y, por eso, se fueron a esconder al monte”, explica. El gobierno provincial de Gildo Insfrán desmiente el informe de TN y adjudica las denuncias a operaciones mediáticas. La Argentina es un país dividido. Pero la vida y la salud de las mujeres, niños, niñas y bebés no puede caer en un pozo en el que solo se escuche y se vea lo que se quiere escuchar y mirar.
¿Hay un termómetro social que pueda medir la temperatura del miedo? No alcanza con pedir explicaciones, hay que escuchar a las mujeres, generarles confianza y condiciones para que en los centros de salud y hospitales se las cuide y no se las espante.
“Las mujeres aguantan hasta que están con mucho dolor, aguantan hasta el parto. Yo hable con ellas para que no tengan miedo. Pero no quieren ir a los controles. Ellas tienen miedo que les lleven los bebés a Formosa”, relata Ercilia.
Levantar la voz contra el gobierno de Formosa genera que en redes sociales aparezca un bombardeo de fotos de hospitales bien equipados y denuncias de operaciones comunicacionales y partidarias. “Es cierto, hay muchos hospitales y médicos, en El Potrerillo hay hospitales. Pero no nos atienden bien”, diferencia Ercilia. No se trata de exhibir tecnología, sino de demostrar humanidad y respetar la diversidad cultural del noreste argentino.
“Hay mucha desnutrición porque en las salas no tienen todo. Venden leche, pero sale 450 la leche. Y si te duele algo el Ibuprofeno sale 200 pesos y el Tafirol 100 pesos. Si los decimos nos dicen que es mentira y que todo es falso. Pero hay algunos que no tienen plata para ir a comprar leche, ni Ibuprofeno o Tafirol si tienen fiebre o mucho dolor”, detalla Ercilia.
“También nos dicen que los de las embarazadas es falso. ¿Por qué no ven el dolor de las mujeres? No pueden separar al bebé de la madre. Debemos tener cerca a nuestro bebé, escucharlo, no que nos lleven a otro lado. Eso es lo que no queremos. Por eso mostramos lo que está pasando acá. Y no es mentira”, reafirma la lideresa wichi.
“No tenemos herramientas para defendernos, ni plata para pagar abogados que nos defiendan. Nosotras pensamos que si mostrábamos lo que pasaba se iba a terminar. Pero ahora nos mandan fiscales para corroborar y a la gendarmería solo para asustarnos. Hay mujeres que vienen a visitarnos y se asustan cuando ven los patrulleros. Y si alguna se va corriendo al monte se puede caer y lastimarse”, contextualiza.
“Yo me pongo fuerte con mis hermanas, les llevo agua para que no les haga falta porque acá hace mucho calor. Pero estamos cansadas. Por las noches no duermo por tanto miedo de lo que va a pasar con ellas. Por eso no quiero que digan que la situación que estamos pasando es mentira”, ratifica.
No se puede desmentir el miedo que genera un maltrato sistemático. Ya no es solo lo que el gobierno de Formosa hace, sino lo que el gobierno de Formosa genera: miedo. Por eso, no se trata (solo) de investigar lo que pasa, sino de monitorear las consecuencias subjetivas en las mujeres formoseñas y, muy especialmente, en las mujeres de pueblos originarios frente a un sistema de salud que no es respetuoso de su cultura, sus derechos y sus necesidades.
No se puede no escuchar. No se puede no leer lo que venimos contando, escribiendo y replicando. No se puede creer que hay igualdad si se borran las diferencias y se discrimina a las que tienen costumbres que no se acomodan a la comodidad de los médicos. No se puede creer que invertir en salud es encerrar a las mujeres. Las mujeres en Formosa tienen miedo porque, siempre, fueron silenciadas.
“El miedo a la internación en algún hospital de la provincia de Formosa responde a experiencias oscuras de maltrato y de violación a los derechos humanos. Se trata de un silencio a voces”, dictamina en una carta pública un grupo de investigadores y organizaciones de derechos humanos encabezados por las antropólogas Lorena Cardin; Diana Lenton; Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Mirta Acuña de Baravalle (Co-fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo), entre otras.
En la carta le piden a la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta que investigue las prácticas violentas denunciadas en los testimonios, que garantice el derecho al parto respetado considerando perspectivas interculturales y que tome medidas hacia quienes atentan contra este derecho.
También reclaman acciones por la flagrante discriminación y racismo a Magdalena Odarda, Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); a Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y a Horacio Pietragalla, Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
“En estos días, en los que las cámaras de televisión muestran a mujeres indígenas esconderse en el monte para escapar de las formas en que el Estado las maltrata, muchas argentinas y argentinos pueden llenarse de sorpresa e indignación. Otras personas sospecharán que debe haber intereses oscuros tras este tipo de denuncias y avalarán la postura de que se trata de un montaje. Pero lo cierto es que que todo esto se agrava aún más debido a la falta de receptividad de las observaciones críticas”.
Y se preguntan: “¿Hasta cuándo esos juegos perversos seguirán agudizando las situaciones que vulneran a las personas afectadas? ¿Hasta cuándo quienes son responsables de garantizar derechos pueden seguir siendo indiferentes?”.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), publicó un comunicado, con el título: “Formosa: es urgente eliminar las prácticas discriminatorias contra mujeres indígenas”. Y remarcó: “Las denuncias de violencia obstétrica y de la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de las comunidades se enmarcan, muchas veces, en sistemas de salud pública que no brindan una atención médica con adecuación cultural para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones”.
Amanda Asijak, integrante de la comunidad qom “La Primavera” (y esposa de Félix Díaz) se llamaba Domiciana, pero casi muere a los seis meses, el médico que la salvo la rebautizó Amanda y su padre obedeció al doctor hasta en el legado de nombrarla. Incluso en llamarla de nuevo como si no hubiera nacido hasta que un médico decidió como llamarla. No se trata de dar (o preservar) la vida, sino de quitar autonomía.
La violencia obstétrica en Formosa no es nueva. Tampoco en todo el país. Pero si las mujeres sufren más desigualdad que los varones, la interseccionalidad muestra que hay mujeres que sufren una desigualdad mucho más profunda que otras. Hay que entender las diferencias de género también con el plus de los efectos de la discriminación por pobres, por morochas y por indígenas a muchas mujeres argentinas para poder comprender que las desigualdades se profundizan cuánto más lejos se está del dinero y del poder. Y cuántos menos recursos hay para escapar de la violencia y poder buscar (o pagar) otras opciones.
La violencia en el parto es una historia de muchas. Pero, especialmente, en contra de las que quieren conservar la sabiduría de sus madres, abuelas y bisabuelas para parir en paz. Y que el sistema de salud pueda acompañarlas con respeto por sus tradiciones, su cultura, su lengua y sus tiempos. Si algo pueden hacer los médicos y médicas es intervenir frente a situaciones graves. Pero hoy lo más grave es que no se las escucha.
El 19 de febrero del 2010 Amanda me contó, en una nota publicada en Las 12, de Página 12, titulada “Un tejido que hace redes para defender la primavera”, que en sus partos la ayudaba su abuela–Juana Nakaria–, que era partera, y que le acariciaba las piernas mientras ella tenía contracciones y, cuando sentía dolor, le decía que se levante y camineme.
Su mamá, igual que su abuela, también eran parteras: “Las dos saben acomodar al bebé para que nazca en buena posición. Y te dicen que no te quedes sentada en el embarazo para que el bebé se pueda acomodar. Eso me lo enseñaron desde los diez años”. Caminar y levantarse frente al dolor es una enseñanza que no se puede, ni se debe borrar, sino revalorizar si se quiere vivir en un país respetuoso de la multiculturalidad e inteligente en la potencia de sus culturas.
No se trata de acostarse para que el parto sea de los demás, sino de pararse para apostar al poder frente al dolor. Pero de aminorar el dolor. ¿La receta de Amanda? Un yuyo que se llama “florcita” y lo dan a la mañana. Se prepara con el agua del rocío, por eso debe hacerse muy temprano a la mañana y, más tarde, frotarse en la cintura.
Amanda contaba que no le dolían los partos. Pero sí las muertes de dos de sus hijos. Y la razón no es la pobreza. Sino el maltrato médico por no escuchar.
- ¿Los médicos te escuchaban?-le pregunté hace once años
–No, yo le dije un montón de cosas al doctor, pero él no me escuchaba. En Laguna Blanca hay un hospital moderno, pero nunca nos reciben. No quieren ayudar a los aborígenes.
SEGUIR LEYENDO: