Imputaron a 23 personas por el robo de 30 dosis de la vacuna Sputnik V de un hospital de Comodoro Rivadavia

El martes 26 de enero el vacunatorio del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia cerró a las seis de la tarde. Se aplicaron durante ese día setenta dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V. En el freezer quedó a resguardo un remanente de cuarenta dosis. Al día siguiente, las encargadas de la vacunación recibieron un nuevo lote con cien vacunas y solicitaron la apertura de la cámara. El último miércoles de enero la enfermera Romina Echaire advirtió un faltante de treinta dosis. No había cuarenta, tal como indicaban las planillas de stock, sino sólo diez.

Pasaron cuarenta días. Hoy el fiscal federal Norberto Bellver imputó a 23 personas por el robo de las treinta vacunas de la sala de conservación dependiente de la dirección del Área Programática Sur, un edificio ubicado en la esquina de las avenidas General Solari e Hipólito Yrigoyen, dentro del perímetro del Hospital Regional. Entre los señalados por la justicia federal se encuentran una enfermera y varios de quienes recibieron las vacunas.

“El hecho es que han sido vacunados y que participaron de manera directa o indirecta en la sustracción indebida de las vacunas asignadas por el Estado Nacional, violando el circuito legalmente establecido y aplicando a un grupo de personas que no pertenecen a la población objetiva descritas en la norma nacional”, dijo el fiscal en diálogo con ADN Sur. El funcionario concluyó que los acusados “avanzaron en la fila”, cuando no correspondía que fueran vacunados.

Bellver contó que una de las medidas de prueba que ordenó la jueza federal Eva Parcio, a cargo del expediente, fue la revisión de los teléfonos celulares de los imputados para evaluar y establecer las responsabilidades y las posibles penas en el robo de las dosis. Las condenas podrían quedar encuadradas tanto el incumplimiento de los deberes de funcionario público como en la figura de “encubrimiento”.

El hecho fue presentado ante la autoridad del Área Programática del Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut el martes 2 de febrero. Seis días después, el lunes 8, la directora Irma Miryam Monasterolo presentó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la provincia. El caso fue caratulado como “hurto” porque no se constataron daños físicos o materiales ni el uso de violencia. Los fiscales generales Juan Carlos Caperochipi y Andrea Alejandra Rubio motorizaron las medidas urgentes e imprescindibles para establecer la materialidad del hecho: la inspección del lugar del hecho, la recolección de testimonios y el pedido de las filmaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.

La investigación de los fiscales concibió una teoría. Realizaron quince allanamientos a domicilios de trabajadores del Hospital Regional y posteriormente ordenaron allanar las oficinas del sindicato y a la obra social de Camioneros de Comodoro Rivadavia. En el documento en el que los fiscales generales solicitan la declaración de incompetencia en el tratamiento del caso, apuntaron en las instalaciones de la Obra Social de Camioneros un grupo de al menos 21 personas se iban a aplicar la segunda dosis de la vacuna el mismo día del allanamiento, el viernes 19 de febrero. Las personas no eran personal de salud, de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de servicios penitenciarios, no tenían más de sesenta años, ni enfermedades preexistentes: el escrito dice que “no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina”.

La hipótesis planteada sugiere un desvío de vacunas desde el sistema de salud a la Obra Social de Camioneros de Comodoro Rivadavia. La investigación agrega que hubo una planificación: la citación a las personas para la aplicación, la intervención del personal operativo del Hospital Regional y la extensión de los certificados correspondientes. El escrito sugiere que el hecho es de interés público nacional, que afecta al Estado y que pone en riesgo la salud pública: “Corresponde declarar la incompetencia de la jurisdicción a su cargo y en consecuencia, la remisión de lo actuado junto a los secuestros a la Justicia Federal”.

La solicitud fue aceptada por el juez Miguel Caviglia, quien el 26 de febrero resolvió, en efecto, declarar la incompetencia de la justicia provincial. A comienzos de marzo, los medios locales informaban que la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia asumía la competencia de la causa. En su fundamentación, los fiscales federales expresaron: “No solamente los eventos materialmente concretos contra los bienes del Estado Nacional deben ser investigados por la Justicia federal, sino también la posible desviación de las conductas exigidas y esperadas de todos los funcionarios públicos involucrados en la materialización del Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina”.

En el mismo escrito -con fecha del 24 de febrero-, los fiscales aportan que “se puede establecer que los delitos cometidos por múltiples actores serían, en principio, conductas comprendidas en el art. 205 por violación de la normas nacionales destinadas a evitar la propagación de la pandemia, hurto, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Finalmente, el fiscal federal Norberto Bellver imputó esta mañana a una enfermera y a quienes recibieron la vacuna. Son, en total, 23 personas. Ahora el curso de la investigación se centra en el análisis de los teléfonos celulares.

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