La lucha de Maru Acosta contra los femicidios: buscó a su hermana y la encontró asesinada, pero rescató a su sobrina que estuvo 80 horas en una alcantarilla

“Me provoca tristeza, impotencia y bronca ver que se podría haber evitado el final trágico de chicas y perdieron la vida a mano de femicidas. Ellas habían pedido ayuda, denunciaron y alertaron a las autoridades para que resguarden su vida y no tuvieron respuestas o tuvieron respuestas insuficientes”, enmarca Maru Acosta. Ella es periodista y una de las militantes más emblemáticas en la lucha contra los femicidios en Córdoba.

Maru marchó el 17 de febrero, en Córdoba, pidiendo por la aparición de Ivana Módica. Su asesino confesó que la había matado y donde estaba el cuerpo. Pero el dolor no termina. El femicidio de Guadalupe Curual, de 21 años, en Villa Langostura vuelve a mostrar que denunciar no alcanza si el Estado no protege a quienes le piden protección.

Maru conoce el dolor de cerca, el duelo. Su familia conoció lo peor de la violencia de género, el destrato de la justicia y la desidia frente a una situación límite. Pero también la fortaleza para salvar a su sobrina y hacer del arte una forma de resilencia para que la vida valga más allá de las penas.

Maru es la protagonista de una lucha en Córdoba por hacer justicia por su hermana –Paola Acosta- y lograr que su sobrina crezca entre la fascinación por la danza y la pasión por los dibujos, y tenga derecho a la Ley Brisa para poder crecer sin pasar más privaciones que las que genera el crimen de su mamá.

Hoy, Maru, es una voz emblemática para pedir que se detengan los femicidios y exigir al Estado que no mire para otro lado cuando la vida está en peligro. “Con dar una orden de restricción al agresor no alcanza porque nadie las controla”, puntualiza.

“Los casos de Úrsula, de Ivana y ahora este nuevo femicidio (de Guadalupe) en Villa Langostura, donde queda otra criatura sin su mamá, y ya había antecedentes de violencias previas, tienen que marcar un antes y un después”, señala Maru.

Ella reclama: “Necesitamos respuestas efectivas, no marketing”. “El femicidio de Ivana era evitable si se actuaba a tiempo cuando fue a realizar la primera denuncia y pidió ayuda. Hay mucha desidia y muchas falencias que nos cuestan la vida a las mujeres”.

“No queremos seguir lamentando muertas. No son una estadística o un margen de error. Es el sistema que no funciona. Hoy pedimos justicia para Ivana y perpetua para (Javier) Galván, pero, principalmente, más políticas públicas reales para que no vuelva a ocurrir”.

Y puntualiza: “Se necesita que ante la primer denuncia de violencia de género se tomen acciones y si hay restricciones de acercamiento se tienen que controlar. Para eso hay que tener presupuesto, equipos interdisciplinarios que hagan seguimiento y contención a la persona que denuncia y que se hagan pericias a la persona denunciada para evaluar la peligrosidad y poder tomar las medidas que hagan falta para resguardar la vida de las mujeres”.

“Con lo que se está haciendo no alcanza. Hace falta muchísimo más esfuerzo. La sociedad está exigiendo al Estado que se haga responsable que nos garantice la vida libre de violencias que conquistamos en los papeles y las leyes pero que no logramos que se hagan efectivas”, recalca Maru.

“Si los ministerios fueron creados para prevenir la violencia de género que pongan manos en el asunto”, convoca. “Con capacitaciones no alcanza”, interpela. Ella es periodista, trabajó en la Legislatura de Córdoba. Pero ahora está sin trabajo. Marcha frente a cada muerte y sostiene la vida de su sobrina, una sobreviviente emblemática de la más extrema violencia machista.

Paola Acosta tenía 36 años. M., su hija, un año y nueve meses. Desaparecieron el 17 de septiembre del 2014 de su casa de Barrio San Martín, en Córdoba. Su familia se preocupó. Paola no salía sin avisar. Fueron a denunciar a la mañana, pero en la Unidad Judicial tardaron en iniciar la búsqueda.

A la tarde ni siquiera estaban en marcha los interrogatorios, ni se habían acercado a los hospitales a preguntar por ellas. Cada hora perdida se perdía la posibilidad de encontrar a M. con vida. A la tarde la familia dedició cortar la calle frente a la Unidad Judicial. A partir de la difusión en la prensa comenzó la búsqueda.

“En la fiscalía, un ayudante nos decía que nos quedáramos tranquilos, que Paola iba a aparecer, que seguramente se había ido por su voluntad”, recuerda con estupor la hermana de Paola y la tía de M. La familia tenía que pelear contra la incertidumbre y los funcionarios que no querían buscarlas. Por eso, decidieron hacer una movilización. Repartieron folletos y estuvieron encima de la Unidad Judicial.

-Vengan al hospital, les dijeron por teléfono.

M. estuvo más de 80 horas bajo una alcantarilla al lado de Paola sin vida. Después estuvo 17 días internada. Se pudo recuperar. Y ahora, pelean juntas por salir adelante y para que no haya más femicidios.

Tuvieron que entrar en Internet y ver en un diario que Paola había sido encontrada sin vida. Ni siquiera se les informó la justicia. Le mandaron primero la información a los medios que a la familia. Tuvieron que pedir que se vaya el fiscal de turno que no había buscado ni a Paola ni a su hija.

-No había arbitrado ninguna medida para la búsqueda, explica.

La inercia y la tardanza puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

A M. la salvo la familia y la movilización. La encontró la gente por el llamado de la familia. No la justicia. Las 80 horas en las que sobrevivió a una alcantarilla son imperdonables. No fueron más de 80 horas por el grito de la indignación.

La orden de detención sobre el femicidia también tardo. Recién cuando se hicieron pericias sobre su camioneta Peugeot Exprés y hallaran manchas de sangre fue detenido. La familia lo señalaba como la última persona que la había visto desde mucho antes. Pero la justicia daba tiempo.

Gonzalo Lizarralde es el progenitor (padre biológico) de M., y fue imputado, en un primer momento, por “homicidio calificado” y detenido el 20 de septiembre del 2014. Él siempre se había negado a reconocer a la nena. En agosto un estudio de ADN demostró su paternidad y la justicia lo obligó a hacerse cargo de su manutención.

La familia realizó marchas todos los meses para pedir justicia. Y a los seis meses se elevó el juicio con jurados populares. En septiembre del 2015, se contempló la responsabilidad penal, pero sin la figura de femicidio como había pedido la fiscal Eve Flores. No se tomaba como agravante la cuestión de género.

Paola pidió que el progenitor cumpla con la cuota alimentaria y con el reconocimiento de la identidad de su hija. No la mataron porque sí. Sino por defender sus derechos. Pero, en cambio, dijeron que como ella sabía reclamar, no era una muerta por cuestiones de género si para creer que una muerte es femicidio se necesitara que los jueces creyeran que se trataba del sexo débil.

El argumento era gravísimo. Las víctimas de la violencia de género no son solo las que bajan la cabeza, sino también las que la suben y son asesinadas como forma de castigo por reclamar derechos para ellas y/o defender a sus hijas e hijos. Si se dejaba pasar todas las mujeres que salieran a la calle, se plantaran o reclamaran la cuota alimenaria para sus hijas e hijos podían ser asesinadas con mayor impunidad.

El tribunal consideró que no se trataba de un homicidio agravado por el vínculo ya que la relación entre Acosta y Lizarralde había sido ocasional. Por lo que las únicas mujeres con derecho a no ser víctimas de violencia de género iban a ser las esposas o novias formales. Y los femicidas iban a tener menos condena si la relación no tenía libreta roja.

Pero además consideraron que no había mediado el agravante de “violenca de género” (artículo 80 inciso 11 del Código Penal) ya que “…surge evidente ni bien se repasan las características de la personalidad de Paola Acosta puestas de manifiesto en la propia acusación: se trataba de una mujer que “no fue dócil” a la postura que asumió Lizarralde (sobre su paternidad), “sino que decidió empoderarse en defensa de sus derechos y los de su hija”.

En una postura alarmante el tribunal cordobés consideró que las únicas que podían ser consideradas víctimas son las mujeres sumisas y no las que pelean por la identidad y manutención de sus hijas. Por lo que si una mujer no se queda de brazos cruzados, ni acepta que un varón se desligue de sus obligaciones parentales no es realmente una mujer sobre la que se ejerce violencia.

La familia apeló el fallo de la Cámara 11 del Crimen, de Córdoba, integrada por jurados populares y el caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Nunca bajaron los brazos. Sabían que si aceptaban que se borrara la violencia de género la injusticia se iba a seguir replicando.

La lucha terminó en un fallo ejemplar sobre cómo aplicar el agravante de femicidio, el 9 de marzo del 2017, por parte del TSJ de Córdoba. La sentencia a 35 años de prisión no se modificó, pero la pena de la justicia cordobesa y los argumentos machistas sí.

El Tribunal Superior cuestionó “la caracterización de la víctima de este delito como una mujer vulnerable, asimilable a una persona débil de carácter que es rebajada a la calidad de objeto”. Por el contrario, argumentó: “Todas las mujeres independientemente de sus propiedades personales, sociales o culturales” están alcanzadas por la violencia de género.

A partir de ahí Maru acompañó a familiares de víctimas de femicidios en los juicios y los procesos legales para lograr la aplicación del artículo 80, inciso 11 sobre femicidio en la condena a los agresores. El femicidio de Paola Acosta se convirtió en un caso emblemático para la jurisprudencia. Y Maru en una mujer que abraza a su sobrina, la ayuda a sobreponerse del dolor y en apostar a la vida y sigue marchando con el colectivo Ni Una Menos.

Ella fue parte del movimiento que salió a la calle, junto a 50 mil personas, con el primer Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015. “Fue un momento esperanzador porque la sociedad dijo basta a los crímenes de mujeres, niñas y niños”. El caso de Paola fue un impulso de indignación –como ahora el de Úrsula, Ivana y Guadalupe- para que el Ni Una Menos en Córdoba tomara la dimensión de un cambio social rotundo. “Generó mucha indignación la cantidad de horas que estuvieron desaparecidas”.

“En Córdoba se creó el Polo de la Mujer. Ahora estamos pidiendo que eso se replique en las distintas ciudades. En el interior de la provincia hay escasas herramientas. Y también pedimos que haya celeridad en la justicia cuando se hacen denuncias por violencia de género o desaparición”, apunta Maru.

“Exigimos que se ponga el presupuesto que sea necesario para poder asistir a todas las mujeres que denuncian. En Córdoba, en el 2020, hubo 300 denuncias diarias por teléfono, por día, en el Polo de la Mujer. No hay personal suficiente para dar respuesta a esa cantidad de pedidos de ayuda”, explícita. Y remarca: “Tiene que haber refugios para todas las mujeres”.

El caso de Paola y su hija es tan grave que parece una pesadilla. Pero la fuerza del amor es la que empuja a abrir los ojos y salir adelante. “M. hoy está muy bien”, destaca su tía. La niña estuvo acompañada por un grupo de psicólogas del área de asistencia a la víctima de Córdoba. Tiene ocho años. Le gusta bailar, cantar, leer, pintar. Le apasiona la danza y en su casa le dicen que es una “futura artista”.

M. vive con Maru y su abuela, la mamá de Paola, Norma Gómez, que son sus tutoras legales. Eran cuatro hermanos, pero Paola fue asesinada y Sebastián murió de un infarto, a los 40 años, en marzo del 2016. Ahora Rubén y ella sostienen a Norma y Norma los sostiene y todos sostienen a M.. “Estamos muy contentas que ella esté bien”, enfatiza.

Uno de los derechos más importantes para las hijas e hijos de madres víctimas de femicidios es la Ley Brisa que se equipara a una jubilación para que los chicos y chicas puedan crecer con un respaldo económico que no les quite más posibilidades después de perder a su mamá.

M. tuvo acceso real a la Ley Brisa recién en el 2020. “Una de las grandes deudas es que haya una aplicación más rápida de la Ley Brisa. A nosotras nos tardo muchísimo tiempo. Y hay muchas familias esperando esa asistencia que le corresponde a niños y niñas. Es necesario que se agilice y que sean más sencillos los trámites porque la reparación económica es muy urgente para las familias cuando se atraviesa un femicidio”, enmarca.

¿Qué hacer en esos casos? “Se deben comunicar al 144 e insistir. Yo llamaba todos los meses. A nosotras nos tardo porque no contábamos con un papel donde se acreditara la guarda legal de M. Cuando conseguimos la tutela iniciamos el trámite. Esto es lo que más demora y por lo que muchas familias no avanzan”, explica.

En la anterior gestión –previa a la creación al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad-, durante el macrismo, existía la Ley Brisa, pero solo llegaba a 1 de cada 10 damnificados. Después del cambio de gestión se aceleró, pero todavía falta. Paola tenía otros dos hijos, a uno mayor de edad no le corresponde según la ley (aún cuando a los 21 años no se le escapa a la orfandad) y el otro hijo, que es menor de edad, sí tiene acceso.

Pero no alcanza con que haya leyes, ni oficinas, si la burocracia frena los derechos. “Hay que presentar los papeles e insistir”, recomienda Maru. Pero no se trata de quien se sabe defender, sino de qué se gestione mejor. Ella cuestiona: “Hay que mejorar la comunicación y que se llegue activamente a los familiares a través de los Ministerios de las Mujeres o Secretarías para garantizar ese derecho que muchas familias ni saben que tienen.”

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