El debate por la habilitación de la megaminería en Chubut llegó a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Mientras los grupos de vecinos que resisten el proyecto esperan que la Justicia se pronuncie en su favor para que la Legislatura no avance con la iniciativa oficial, el conflicto se instaló a nivel académico cuando el gobernador, Mariano Arcioni, le pidió a la casa de altos estudios que se pronuncie.
El plan oficial ahora es poder validar académicamente su iniciativa que quedó en medio de un proceso judicial por falsedad ideológica, que había sido rápidamente archivado, por haber usado un sello falso del Conicet. Arcioni quiere ahora que sea la universidad la que dé el visto bueno, especialmente después de que se conociera un lapidario informe técnico realizado por una mesa técnica del Cenpat, filial local del organismo técnico.
Hoy miles de personas marchan para abrazar las sedes de la universidad en Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Mañana la marcha se realizará en Trelew. Los manifestantes buscan que las mesas técnicas convocadas por la casa de altos estudios incluyan a todos los sectores y facultades y no sólo los miembros cuya selección no fue pública.
“Primero tratamos de denunciar y desestimar que se convoque a esa mesa técnica y exigimos nuestra participación. Las dos primeras mesas fueron confeccionadas a dedo con personas de algunas facultades, de algunas sedes. Un mecanismo bien clandestino. Es por eso que denunciamos la maniobra”, explicó a Infobae Marina Richeri, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de Madryn, asambleísta y miembro del colectivo Trabajadorxs de Ciencia, Educación y Salud de Chubut (Traces).
Cuando los docentes comenzaron con los reclamos, la respuesta del rector de la universidad argumentó la selección en la urgencia del tema: “Habida cuenta de que no es de nuestro conocimiento el momento en que se dé tratamiento al Proyecto de Ley en la Legislatura provincial, la sociedad chubutense debe conocer a la brevedad que la UNPSJB se encuentra ya trabajando en el análisis del Proyecto de Ley como así también en una propuesta institucional para el desarrollo económico provincial y especialmente de la meseta central.”, explicó mediante una respuesta pública en el perfil de Facebook el secretario de Ciencia y Técnica, Fabián Scholz. Infobae intentó comunicarse con él pero no recibió respuesta.
El proyecto, denominado “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, fue enviado por Arcioni (Chubut Somos Todos) a la Legislatura provincial en noviembre pasado. Sin embargo, y aunque fue modificado, no consiguió los votos necesarios para ser debatido en el marco de una sesión especial extraordinaria.
Este plan de zonificación es, en rigor, la reglamentación de una ley chubutense que prohíbe la megaminería. Y el proyecto más ambicioso es el de la explotación de un yacimiento de plata que la compañía canadiense Pan American Silver adquirió hace 11 años. El proyecto Navidad, tal como se lo bautizó hace años, cuenta con una de las reservas de plata más grandes del mundo que, según fuentes de la empresa, tendría una vida útil de 18 años, con la posibilidad de prolongarse con nuevas explotaciones en la zona.
“La tercera mesa de participación se celebrará mañana y no hemos tenido ninguna respuesta a nuestros reclamos. Estamos muy preocupados porque, desde siempre, la pata empresarial está muy metida en la universidad. Y ahora aparecen unas charlas técnicas en las que participa gente muy relacionada con las empresas sin que esto se aclare. Se quiere engañar a la gente”, agrega Richeri.
La docente pone como ejemplo una charla anunciada por la UNPSJB para el 26 de este mes sobre material particulado minero que será dada por Oscar Minolli, un bioquímico cuya compañía es cliente de la canadiense Pan American Silver.
“Nos vamos a poner firmes. Porque las universidades nacionales son la última llave para los extractivismos. Ya sucedió con la Universidad de San Juan o con la Universidad del Sur. La Universidad de la Patagonia ya es llave de otros extractivismos, no queremos sumarle uno más”, dice Richeri, y cuenta que las sedes de Comodoro Rivadavia son apoyadas con aportes económicos directos de petroleras como Pan American Energy e YPF o por medio de servicios técnicos que contratan las compañías. En el caso de Puerto Madryn, el gran financiador es Aluar.
El gobierno chubutense no pasa por su mejor momento. A la falta de pago de salarios estatales desde hace tres meses, se sumó el descontento en las calles ante el posible avance del proyecto minero en la meseta. Hace 10 días se conoció un informe elaborado por el Conicet que sostiene que “el Río Chubut es uno de los de menor caudal de la Patagonia, que a su vez abastece del recurso a más del 50% de la población sumado a su uso en la producción del Valle” y que la megaminería lo pondría en peligro.
Además el estudio agrega que el cambio climático provocará una reducción del caudal en las próximas décadas: “Sumado a las condiciones de escasez de agua de la región, los escenarios de cambio climático por sí mismos generarán situaciones preocupantes de estrés hídrico en el futuro. En las últimas décadas se han registrado cambios en las variables climáticas que regulan la disponibilidad de agua dulce en nuestra región”.
El informe fue elevado a la Legislatura provincial; como no lleva una firma, sino que es el producto del trabajo de una mesa interdisciplinaria, el Colegio Argentino de Ingenieros en Minas lo tildó de “panfletario”.
Las autoridades provinciales, apoyadas por el Poder Ejecutivo Nacional, apuestan a este proyecto por el ingreso de divisas que significaría, siempre según fuentes de la empresa, unos USD 350 millones anuales en exportaciones. A causa de los apremios económicos, Arcioni busca acelerar la aprobación del proyecto y sostiene que el río no corre peligro. Es el mismo gobernador que prometió durante la campaña que la provincia seguiría libre de minería. Para los chubutenses no alcanza sólo con su palabra. Por eso necesita urgente un aval científico.