Vive en un pueblo cerca de Rojas, fue a hacerle una denuncia a su ex y se negaron a tomársela: “¿Van a esperar a que nos mate?”

Acevedo es un pueblo de apenas 2.000 habitantes situado en el interior de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Está a solo 60 kilómetros de Rojas, la pequeña ciudad que esta semana lloró por el femicidio de Úrsula Bahillo, la adolescente que fue asesinada por su ex pareja pese a sus reiterados pedidos de auxilio.

Allí vive María Eugenia Landaburo, una gestora del automotor de 33 años y madre de una nena de 10. “Maru”, como la llaman, siguió el drama de Úrsula y la inoperancia institucional por televisión, como el resto del país y, con el drama ajeno en carne viva, decidió ir a denunciar a su ex a la comisaría de Pergamino por haber intentado llevarse a su hija pese a tener una medida de restricción perimetral y tras un largo historial de amenazas.

“¿Sabés qué me dijeron? Que no era delito, y no me la tomaron”, cuenta ella a Infobae. “¿Cómo puede ser que sigan sin escucharnos?”, pregunta, llorando, del otro lado del teléfono. “Es peligroso: si me mata, mi hija se queda con él, ¿van a esperar a que nos mate?”.

Su historia se hizo pública horas después del femicidio de Úrsula -asesinada de al menos 15 puñaladas- tras un hilo en Twitter desesperado publicado por su hermana Lucía, que es docente: “A MI HERMANA LA ESTÁN MATANDO”, comienza.

Todas las caras de la violencia

María Eugenia comenzó su relación con el padre de su hija cuando ella tenía 19 años. Estuvieron cuatro años en pareja, tuvieron una hija “y me separo en 2012, tras una golpiza feroz. Ese día agarré a la nena para que no me siguiera pegando y corrí a la calle”, cuenta. La nena de la que habla tenía 2 años.

La violencia, sin embargo, había comenzado mucho antes, aún antes del embarazo. “Al principio la violencia era psicológica. Me decía que era una gorda, aunque yo pesaba 50 kilos, me hacía escenas de celos hasta con mi familia o me desautorizaba adelante de la gente. Así, de palabra, hasta que un día me agarró del cuello y me dejó en la pared con los pies colgando. Vivíamos en Cipoletti, Río Negro. Todo el mundo sabía que era un violento, si hasta me alojó la ex mujer de él cuando salí corriendo con mi nena”.

María Eugenia tardó en ponerle nombre a eso que pasaba y creyó, como es frecuente, que todo se iba a calmar con la llegada de un hijo. “Pero no. Me siguió pegando patadas, cachetadas también embarazada. Yo pensaba ‘¿Me voy a volver al pueblo a lo de mis papás con una criatura?’. Acá en los pueblos es así, nos callamos por vergüenza, para evitar que te miren mal, porque no te creen”, dice.

Se refiere a que no te cree la gente, en “un pueblo donde se conocen todos”; también a las autoridades, las mismas que esta semana se negaron a tomarle la denuncia.

Hubo un día antes de la huida final -cuenta- en el que le “cayó la ficha”. “Yo al principio lo negaba. Decía ‘ay, mirá si yo me voy a dejar pegar’. Hasta que una amiga que vivía frente a mi casa me dijo. ‘¿Qué esperás vos para tu hija? Porque cuando vaya al jardín y el resto de los padres vean que el padre de la nena es un alcohólico y un drogadicto nadie va a querer que su hijo se junte a jugar con ella. Otra de mis hermanas se sumó, me dijo ‘Maru, vos tenés una familia que te apoya’ y me ayudaron a salir de ahí'”.

Cuando dejó la casa, María Eugenia volvió con su hija a Acevedo, su pueblo. “Metí todo en la valija y él me tiró dos pesos y un sachet de leche, burlándose y dejándome en claro que yo no no iba a poder mantenerla. Me dijo que desde ese momento jamás iba a volver a vivir en paz, y era cierto: jamás volví a vivir en paz”.

Según su relato, en 2013 firmaron un convenio que no cumplió: “Pasa 1.000 pesos de alimentos por mes, como mucho. Obra social mi hija no tiene. Siempre me amenazó con lo económico: ‘No veo a la nena, no te paso la cuota’, ‘no la veo, no le compro útiles’’. Siempre fue un perverso. En noviembre le dijo a su propia hija por teléfono: ‘Cuando a tu mamá le agarre Covid y se muera nosotros por fin vamos a ser felices. Cuando fui a denunciar esto me dijeron que no me iban a tomar una denuncia porque no tenía pruebas. De paso, ya que estaba en la comisaría, me hicieron salir de testigo de un choque”.

Como la nena se negó a seguir yendo a la casa del padre, “él me hizo un juicio a mí por impedimento de contacto. Mi hija me lo dice a mí llorando pero él le trabajó tanto la cabeza que frente a él se queda callada, le tiene miedo. Yo no la voy a obligar si no quiere. La jueza, sin embargo, no escuchó todos los episodios de violencia que relaté y falló a favor de él”.

En medio de ese proceso, María Eugenia lo denunció por abuso sexual. “Se comunicó conmigo una ex pareja de él que me dijo ‘a tu nena ni siquiera la trata, y cuando la trata es acostados, él en calzoncillos, la nena en bombacha’. Viajamos para que le hicieran la Cámara Gesell pero la nena se largó a llorar mal, no la podíamos contener, y la psicóloga y la asistente social me dijeron que la sacara de ahí. La justicia le puso una restricción de acercamiento a mí, pero no a la nena”.

Sin saber ya qué hacer, María Eugenia fue a la Dirección de la Mujer de la municipalidad de Pergamino para que le dieran asistencia psicológica a su hija. Empezó pero “quedó a la deriva” apenas empezó la pandemia.

“En diciembre mandó un mensaje diciendo que la venía a buscar, pero mi hija no quería irse con él. Vino igual y quedó todo grabado en un video con el que fuimos a denunciar. El tipo la zamarreó, se la quiso llevar por la fuerza, la nena se soltó y salió corriendo y él le gritó ‘tu mamá va a ir presa’. Por suerte estaba el vecino de testigo”.

En enero de este año, María Eugenia recibió un llamado del juzgado: “Le tomaron declaración a la nena en donde dijo que no quería ir, le pidieron una pericia psicológica a él y le dieron una restricción perimetral, de la que me enteré por mi abogado, porque no me notificaron. Lo que pasó ahora es que él intentó violar la restricción con ayuda de un amigo. Le dijo a mi hija que un tal Pablito iba a pasar a buscarla en una chata y que ella se tenía que subir”.

Con el ok de su abogado, María Eugenia fue a denunciar este episodio a la comisaría de Pergamino. “Pero no me la quisieron tomar, me dijeron que si la iba a buscar otra persona no era delito”, cuenta. “Evidentemente, hasta que tu mamá no va llorando con una foto tuya colgada del cuello, no ven el riesgo”.

Tras la repercusión nacional del femicidio de Úrsula, el tuit en el que la hermana de María Eugenia contó el episodio llegó a manos del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Fuentes de esa cartera confirmaron a Infobae que el caso fue derivada a la Dirección Provincial de Casos Críticos y Alto Riesgo, que intervino para que se le tomara la denuncia.

“De no querer tomarme la denuncia en la comisaría pasaron a tomármela en mi casa. También me pusieron un patrullero en la puerta, porque él anda rondando, yo no me animo a salir ni a la esquina. De no haber sido por lo que le hicieron a Úrsula nadie me habría escuchado. Necesitamos que actúen cuando estamos vivas, cuando todavía estamos a tiempo de que alguien nos proteja”.

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