Los padres de Micaela García, la joven estudiante que fue violada y asesinada en Gualeguaychú por Sebastián Wagner en abril de 2017, recurrieron a la Corte Suprema para que revise la sentencia a Néstor Pavón, acusado de encubrir el femicidio. El hombre, que recibió cinco años de prisión, fue excarcelado el 24 de agosto pasado porque la condena no estaba firme y porque ya había cumplido dos tercios de la misma.
A través de un comunicado, los padres de Micaela informaron que elevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja, ya que “el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos negó a los familiares y la sociedad movilizada por lo sucedido con Micaela a recurrir a esa instancia”. Además, especificaron que hubo “arbitrariedades y falta de perspectiva de género, mostradas en la valoración y juzgamiento” por parte del tribunal entrerriano.
“La familia considera que existe material probatorio suficiente que no fue analizado por la Justicia correctamente para rever la responsabilidad de Néstor Pavón como coautor en la violación y el femicidio de Micaela”, señala el comunicado, en referencia al pedido que el hombre no sea acusado como encubridor del hecho, sino como coautor, una calificación que tiene una pena mucho más alta.
En ese sentido, explicaron: “La Cámara de Casación solicitó la apertura de un nuevo juicio para determinar la responsabilidad de Pavón, en concordancia con el pedido de la familia y la fiscalía para que el caso no se cierre, como pretende el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Néstor Pavón se encuentra en libertad desde el 24 de agosto de 2020, también por decisión del Superior Tribunal”.
En junio del año pasado, la prisión perpetua a Wagner por ser el autor de “la captación, abuso sexual y muerte de Micaela García” quedó firme. Pero el caso de Pavón, que ayudó a escapar al violador, fue diferente.
Durante el juicio, los fiscales Dardo Tortul e Ignacio Talenta habían solicitado que en lugar de encubridor, Pavón fuera juzgado como coautor. Como el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos creyó lo contrario y lo condenó a cinco años por encubrimiento, los representantes del Ministerio Público Fiscal apelaron.
El 14 de junio del 2019, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos les dio la razón a los fiscales y ordenó que se volviera a juzgar a Pavón como coautor. Sin embargo, en esta ocasión, el acusado fue quien presentó una apelación, por lo que el trámite pasó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
El máximo tribunal provincial le dio la razón al imputado y ordenó que la sentencia quedara como estaba, es decir, como encubridor. A raíz de esto los fiscales volvieron a presentar lo que se conoce como “recurso extraordinario federal” para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deba resolver.
Mientras tanto, la defensa de Pavón, quien pasaba sus días en un penal provincial, solicitó que fuera excarcelado hasta que la sentencia quedara firme. En agosto del año pasado, los magistrados de la Sala 1° del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, integrada por Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mónica Mizawaka y Daniel Carubia, hicieron lugar a la petición del acusado y le otorgaron la liberación hasta que se resuelva todo el trámite judicial de apelaciones y recursos.
Pavón ya llevaba cumplidos tres años y cuatro meses de prisión, es decir, dos tercios de su condena. Por ese motivo, para el Supremo Tribunal de Entre Ríos, “incluso en el supuesto de que la condena estuviese firme y consentida, ya estaría encuadrado temporalmente para la libertad condicional”.
Dos de los mencionados jueces -la doctora Mizawaka votó en contra- decidieron hacer lugar al pedido de la defensa y ordenaron liberar a Pavón a la espera de que la sentencia quede firme o de que se mande a hacer un nuevo juicio como coautor. El abogado querellante, Jorge Rubén Impini, en representación de los padres de Micaela, se manifestó en contra de la decisión: “Pavón no ha cumplido las dos terceras partes de su condena como afirma la defensa. Si bien la investigación estaría concluida, el peligro de fuga existe actualmente, siendo un impedimento para modificar su situación por no haberse modificado ni cesado las causas por las cuales se dictó la prisión preventiva”.
Un caso que marcó un antes y un después
El 1° de abril de 2017, Micaela García, estudiante de educación física, fue interceptada por el ex convicto Wagner cuando caminaba por las calles de Gualeguaychú luego de haber asistido a un boliche de la zona. Micaela volvía a su departamento cuando el atacante la subió por la fuerza a su Renault 18, la llevó a una zona descampada, la violó y luego la asesinó. Wagner había sido recientemente liberado con condicional por el juez Carlos Rossi.
El femicida era empleado de un lavadero de autos, cuyo dueño era Néstor Pavón. Durante el juicio oral en el que condenaron a Wagner a prisión perpetua y a Pavón como encubridor, quedó demostrado que sabía del crimen, que ayudó a su empleado a escapar a Buenos Aires, le dio dinero, limpió el auto en el cual habían trasladado a la víctima y luego intentó esconderlo de la Justicia.
En el comunicado difundido este jueves, se manifestó: “El caso de Micaela fue fundamental en la visibilización de la falta de perspectiva de género en la Justicia y en el conjunto del Estado. Tal es así que en 2018 fue sancionada la Ley 27.499 que lleva su nombre y obliga a la capacitación en esta temática a todas las personas que se desempeñan en cualquiera de los tres poderes de la administración pública”.
“Los objetivos de la Ley Micaela resuenan, además, en universidades, sindicatos, empresas y clubes deportivos. La Negra se convirtió en bandera y estandarte de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero la Justicia entrerriana sigue haciendo oídos sordos al reclamo de justicia”, indica el escrito.
Y concluye: “Este último agosto de 2020 Micaela hubiera cumplido tan solo 25 años. Su familia aún busca completar el proceso de justicia a la vez que se compromete con la transformación cultural y social que la erradicación de la violencia de género exige”.
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