Aborto legal: las idas y vueltas de la puesta en práctica de un derecho

Tras la promulgación y publicación en el Boletín Oficial, el domingo 24 de enero entró en vigencia en todo el territorio nacional la ley Nro. 27610, de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la Atención Postaborto. Lo que significa que las mujeres y personas gestantes pueden abortar, de forma voluntaria y gratuita dentro del sistema de salud, hasta la semana 14 inclusive de gestación a partir de la firma de un consentimiento informado.

Transcurrido ese plazo se mantienen las causales legales de interrupción vigentes en Argentina desde 1921: cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de una persona embarazada, o cuando es producto de una violación.

Pero como no se trata de soplar y hacer botellas y -como anticipó Simone de Beauvoir- los derechos de las mujeres nunca se dan por adquiridos, el 24 de enero comenzó un nuevo proceso histórico: las batallas por hacer valer la ley en cada recoveco del país.

“No alcanza con ser médico o médica para acompañar abortos, porque no es una cuestión técnica sino política. Tampoco alcanza con anunciar que el aborto es legal y se puede acceder al sistema de salud porque existe una lógica patriarcal que se viene reproduciendo desde hace muchos años que actúa como barrera. Sobre todo en las especialidades de toco-ginecología, donde abunda la vulneración de derechos y la violencia sistemática hacia los cuerpos gestantes”. Ana Paula Fagioli es médica generalista y una de las fundadoras de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, un espacio federal que agrupa más de 700 equipos de salud garantes de abortos seguros.

A doce días de la implementación de la 27610, Fagioli destaca marchas y contramarchas: “Expresarle al personal de salud los motivos de un aborto generaba mucho temor, incertidumbre y heterogeneidad en el acceso, porque la autorización dependía de qué trabajador de la salud tocaba. Por otro lado, con la voluntariedad ya no son necesarias historias clínicas tan largas y justificaciones de las causales, sino simplemente concentrarnos en esa persona, en la técnica que va a elegir para abortar y en garantizar el derecho de manera sencilla. Pero lo que también estamos viendo son profesionales que reforzaron su rechazo a garantizar el acceso a las interrupciones del embarazo por el enojo que tienen y manifiestan contra el aborto legal, y generan obstáculos”.

El fallo chaqueño

La noticia no sorprendió a nadie. Ya en la previa a la votación del Senado, sectores “celestes” dejaron en claro que recurrirían a la Justicia a plantear la inconstitucionalidad del aborto legal.

En el Chaco, esto no se hizo esperar: el 28 de enero, la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia, habilitó el pedido de una medida cautelar ─encabezada por referentes de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino y de la Red Federal Familia Chaco─ que ordena “la suspensión de la vigencia y/o la no aplicación” de la IVE en la provincia.

Según argumentaron en la presentación, la ley 27610 es inaplicable y contraria a la Constitución chaqueña que garantiza el derecho a la vida y a la libertad desde la concepción en su artículo 15 inciso 1.

Las respuestas tampoco se dilataron. La Asociación Civil “Unidos por la Diversidad” tomó la posta y apeló la medida cautelar de la jueza Aucar de Trotti. En diálogo con Infobae, José Sánchez, uno de los abogados patrocinantes, explica los ejes centrales de la apelación: “Planteamos la incompetencia de la jueza porque una ley federal no puede ser suspendida en su vigencia por un juzgado provincial. No es una ley de derecho común, como el código civil, penal o la ley de contrato de trabajo, sino que se trata de una ley de carácter federal cuya competencia corresponde a ese fuero, y no al provincial. Por otro lado, entendemos que la legitimación pasiva no es de la provincia del Chaco sino de la nación”.

Y sigue: “El otro punto importante es que la inconstitucionalidad tiene que ser para un caso concreto. Y acá no hay caso, sino seis personas que plantearon la inconstitucionalidad de una norma sin indicar cuál es la afectación que les produce a ellos. Como no hay afectación no hay caso”.

El fallo también fue apelado el martes 02 de febrero por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, que presentó un pedido de inhibitoria para que la causa sea tramitada por un juez con competencia nacional.

Finalmente, y luego de algunos días de mutismo, las autoridades provinciales se sumaron a contestar la cautelar. El mismo martes pasado, la Fiscal de Estado del Chaco, Cecilia Fernández Almendra, apeló la resolución judicial de Aucar de Trotti ante la Cámara Civil y Comercial de Resistencia en representación del Gobierno de la Provincia del Chaco, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Entre los argumentos se consideró “la incompetencia por razón de la persona y la materia, exponiendo que se trata de una ley consagrada por el Congreso de la Nación y que establece específicamente en su articulado que será el órgano de aplicación el Poder Ejecutivo Nacional”, y por “la inexistencia del caso concreto, presupuesto necesario para el otorgamiento de la medida, y la inexistencia de legitimación pasiva ya que la provincia de Chaco no puede ser demandada por la constitucionalidad de una ley de alcance federal”.

Consultada por Infobae, la fiscal Fernández Almendra aseguró: “La apelación enmarcada en el actuado proceso se hizo en concordancia con las diversas creencias personales y religiosas de quienes componen el Gobierno de la provincia, y de nuestros ciudadanos, de los magistrados, y del sistema judicial”.

Se deberá esperar, entonces, la admisión del recurso interpuesto por Chaco y la inhibitoria del Ministerio de Salud de la Nación.

Conciencias que objetan prácticas

En 2020, el Colegio de Médicos de Misiones puso a disposición en su sitio web un registro de objetores de conciencia. De 2.700 profesionales, alrededor de 300 habrían completado el formulario.

Mariana Pizarro, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito regional Misiones y parte de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto, aclara lo que implicó este registro: “Hicieron pública la cantidad de objetores sin decir quiénes son, y una de las cuestiones centrales de que este registro sea confidencial es qué pasa con los derechos de los pacientes. Yo tengo derecho a saber que me estoy atendiendo con alguien que se declara objetor de conciencia a la hora de elegir el servicio. Porque hay gente que se declara objetora y deriva como corresponde, pero otra gente utiliza la declaración de objeción para garantizar ser obstructora de derechos, y eso es ilegal y antiético. Además, sabemos que se inscribieron otorrinolaringólogos, dentistas y profesionales de todas las especialidades en una clara militancia por la obstrucción de derechos”.

Según la “Guía de atención integral de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años de la Provincia de Misiones”, realizada por el Ministerio de Salud local junto con UNICEF, Misiones se ubica entre las provincias con mayor tasa de fecundidad adolescente temprana (menos de 15 años) de Argentina: 3,6 por mil, luego de Formosa 4,4 por mil y Chaco 3,7 por mil. Muy por arriba de la media nacional que es de 1,5 por mil. Y la proporción de nacimientos producto de embarazos adolescentes de 10 a 19 años en la provincia es del 19,9%, dato significativamente más elevado que el promedio nacional que registra el 13,6%.

Pizarro pone luz a la variedad de conflictos que se libran: “Son muchas las presiones internas en el Colegio de Médicos porque se acaba un negociado enorme. El aborto clandestino en Misiones, que triplica la media nacional de delitos sexuales, es realmente un negocio millonario. Pero también lidiamos con representaciones culturales que están tremendamente naturalizadas. A veces, en nuestro trabajo de acompañamiento, encontramos familias en las que hay hasta quinta generación de sobrevivientes de abusos. Nos topamos con niñas de 12 años violadas, por ejemplo, que vienen con sus madres que de niñas fueron violadas y obligadas a parir. Y a ellas les enseñaron que a esa edad ya eran mujeres y tenían que hacerse cargo. Son generaciones y generaciones de niñas violadas y obligadas a parir. Encima, no se hacen las denuncias”.

Otros discursos, otras escuchas

Intervenir. Generar espacios atentos de escucha y de diálogo. Barajar nuevos protagonismos y relaciones de poder. Humanizar praxis en pos de ensanchar el acceso al sistema de salud.

Es que haber conquistado la voluntad tiene que ver con la conquista de la autonomía y del derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos sin tener que dar explicaciones… si no queremos. Pero la libertad no se logra solo con la ley. Hay mucho en juego en la decisión y realización de un aborto.

Desde su experiencia como trabajadora social en distintos centros de salud de Moreno Sur, Julia Medina, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Regional conurbano Oeste, sostiene la importancia de cambiar las estrategias para llegar a la misma meta: “Llevamos años garantizando interrupciones legales. Aprendimos a desarrollar las causales de forma amplia y dando lugar a la identificación de la mujer. Y en ese intercambio develamos en muchas consultas que tener relaciones sin ganas o por miedo a golpes o para que deje la plata para la mercadería son formas de violencia sexual. Igual que negarse a usar preservativos. Hablamos de proyectar, del derecho a decidir cuándo, cómo y con quién tener hijes. Es decir, aunque nunca dejaron de ser instrumentos de evaluación, transformamos las causales en un puente de intercambio y de diálogo”.

Medina imagina próximos recorridos: “El desafío ahora con la ley es repensar la consulta de IVE como oportunidad para seguir develando prácticas machistas y patriarcales en las relaciones sexuales. Transformar nuestras intervenciones y construir nuevas estrategias para rearmar ese puente que nos abre a pensar la salud de forma integral”.

En sintonía, María “Moro” Verdugo reflexiona a partir de sus funciones como trabajadora social y parte del Comité de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Pedro Moguillansky, en la ciudad de Cipolletti, Río Negro: “En los 15 centros de salud de Cipolletti venimos garantizando interrupciones legales del embarazo desde 2018. Ahora empezamos a implementar las interrupciones voluntarias. Y está pudiendo ocurrir sin dificultades porque hay disponibilidad de medicación y de efectores de salud que quieren garantizar el derecho en este primer nivel de atención”.

Para “Moro” fue como pasar a ser de otro modo: “Cambiaron los discursos de las entrevistas. Hablar del deseo, de la voluntad de quien está contándonos lo que ya ha decidido hacer y alojar esa decisión desde un marco legislativo es un enorme alivio para quienes trabajamos en salud. Antes las mujeres tenían que explicar y dar cuenta para que podamos enmarcar sus vidas en una serie de causales, ahora las acompañamos de manera interdisciplinaria poniendo de relieve el deseo”.

Cambiaron los discursos porque fue posible cambiar las preguntas: “Con quienes compartimos entrevistas empezamos preguntado `¿Qué escuchaste?´ `¿Te enteraste de que tenemos una nueva legislación, que hubo una discusión en el Congreso?´ Y en general sí han escuchado. Entonces la conversación se inicia con esta información nueva, que además es fundamental que circule para que desde el sistema de salud podamos generar una confianza que ha estado quebrada. Hay una larga trayectoria de desprestigio y de violencia que hizo que las personas no quieran acercarse a los hospitales a consultar, ni a plantearse la duda”.

Desafíos para Cuyo

En San Juan y Mendoza la venta de misoprostol, la medicación de elección recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la interrupción de embarazos, está prohibida en las farmacias.

En Mendoza, la Ley Nro. 8116, sancionada en 2009, limita su uso “exclusivamente al ámbito institucional sanitario”. Pero la puesta en vigencia de la normativa nacional que despenaliza y legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación pone sobre la mesa la necesidad de renegociar permisos.

“En 2018 presenté un proyecto para derogar la 8116 que tiene sanción de Diputados y pasó a la Cámara de Senadores de la provincia. Está en la Comisión de Salud desde hace más de dos años y no hubo intención de moverlo. Con la IVE surgen dos alternativas en Mendoza: o bien, que se movilice en el Senado el proyecto; o bien que desde el Poder Ejecutivo se establezca el criterio ─mediante una resolución ministerial por ejemplo─ para dejar esta ley provincial en situación de no ser aplicable”, dice a Infobae la diputada Ana María Andía.

Las trabas y desafíos, sin embargo, no se restringen a una cuestión de drogas. De guardia en el hospital de frontera de Uspallata, la licenciada en Obstetricia Cecilia Gallardo enumera otras barreras: “En Mendoza todas las solicitudes de embarazos, ya sean legales o voluntarias, ingresan por el 0800 de Salud Sexual (0800-222-344). Las características regionales de nuestro territorio no están dadas como para que haya una demanda espontánea. No hay, por ejemplo, consultorios específicos instalados en los hospitales o centros de salud. De hecho, si yo recibo una demanda espontánea tengo que hacerla llamar al 0800 para poder darle curso legal. Eso es una barrera local muy fuerte. Podríamos tener un número del programa de salud sexual solo de la provincia, o simplemente no tener que atravesar ese caminito tan burocrático y armar recurseros con equipos profesionales”.

Gallardo además pone especial énfasis en la urgencia de capacitar a las y los efectores de salud con perspectiva de derechos y de género: “Ha habido expresiones de odio en relación a la intención de dañar a quien solicite una interrupción del embarazo, tanto de médicos como de enfermeros. O ecografistas que ponen sonido o hacen comentarios sobre adopciones durante una ecografía que lleva como diagnóstico IVE en la orden. Así, seguimos sin poder garantizar libremente en muchos espacios lo que hoy es ley para no exponer a las personas a la violencia institucional”.

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