El gobierno de Chaco insiste para dejar sin efecto la cautelar que suspendió la ley del aborto en la provincia

La decisión de la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti de hacer lugar a una medida cautelar contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y, de esta manera, ordenar su suspensión en la provincia de Chaco, provocó una inmediata reacción tanto de agrupaciones feministas y de derechos humanos como del Gobierno de Jorge Capitanich. La vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, busca anular lo antes posible la medida, con el objetivo de que todas las personas gestantes tengan acceso a un aborto seguro y gratuito, y que no se repliquen casos similares en otras provincias, como podría suceder en La Pampa.

El jueves 28 de enero Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 19 de Resistencia, hizo lugar a una medida cautelar peticionada por un grupo de personas que argumentaron que el Art. 15 Inc. 1 de la Constitución Provincial garantiza el derecho “a la vida y a la libertad, desde la concepción” de todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana. De esta manera, dejó sin efecto la Ley 27.610.

El lunes se registraron movilizaciones de agrupaciones feministas y de derechos humanos en diferentes puntos de Chaco en contra de la decisión de la jueza. Capitanich, por su parte, declaró que la ley “se tiene que aplicar” y, según manifestaron a Infobae desde su entorno, va a hacer lo posible para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo.

Estefanía Galeano, abogada del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir de Chaco, que presentó una denuncia contra Aucar de Trotti por prevaricato (en caso de ser hallada culpable le podría corresponder como multa la inhabilitación para seguir ejerciendo como jueza), aseguró a Infobae que en estos días ya se han registrado casos de mujeres que solicitaron la interrupción de su embarazo y que no pudieron acceder a este derecho, que debería estar garantizado en todo el país por la ley que promulgó Alberto Fernández el 14 de enero pasado.

En ese sentido, la Fiscalía del Estado de Chaco tomó cartas en el asunto y apeló la medida cautelar ante la Cámara Civil y Comercial de Resistencia. Entre los argumentos, se presentaron dos consideraciones. En primer lugar, se señaló la incompetencia del Juzgado de Resistencia, considerando que se trata de una ley sancionada y debatida en el Congreso de la Nación. En segundo lugar, se expuso la ausencia de un caso concreto para dictar la resolución y “la inexistencia de legitimación pasiva en la medida, ya que la provincia de Chaco no puede ser demandada por la constitucionalidad de una ley de alcance federal”.

También se involucró la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, que presentó un requerimiento de inhibitoria para que la resolución sea revisada por el superior de la jueza Aucar de Trotti, y en consideración de que el debate debe ser planteado en sede federal y no en sedes de jurisdicciones provinciales.

Ahora bien, la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga, mantuvo este jueves una reunión con legisladoras nacionales y provinciales para delinear el plan de acción para realizar un trabajo en conjunto y garantizar la aplicación de la Ley 27.610 lo antes posible en la provincia. La diputada Lucila Masin formó parte del encuentro y contó a este medio que la perspectiva del Gobierno de la provincia es que “la medida cautelar se caiga en el corto plazo”.

“Hay un lapso de cinco días para que nos den una respuesta a la medida cautelar que presentó la Fiscalía del Estado de Chaco. Asimismo, estamos esperando que nos den el escrito que presentó Procuración para ver el alcance que tiene su pedido, teniendo en cuenta el carácter nacional que ha cobrado esta situación en Chaco, pero sobre todo porque hemos identificado que en La Pampa está sucediendo lo mismo”, señaló Masin.

La preocupación de la diputada tiene que ver con que el partido NOS (creado por Juan José Gómez Centurión) de La Pampa realizó, a través del abogado Omar Cayre, uno de sus dirigentes, una demanda ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la Ley IVE. Entre los argumentos, sostuvieron que “el daño que se pretende conjurar es la eliminación indiscriminada de vidas de los niños concebidos no nacidos (en gestación)”. Hasta el momento, la Justicia no se ha manifestado al respecto, pero las organizaciones pro aborto y los legisladores que votaron a favor de la ley están siguiendo de cerca el tema.

Para Masin, la reunión con la vicegobernadora fue fructífera porque permitió que tanto ella como las demás legisladoras estén al tanto de los pasos que sigue el Gobierno de Chaco: “Interpretamos y entendemos que en esto no solo tiene que intervenir la Justicia federal, sino que tiene que hacerlo con asiento en Capital Federal, porque la norma ha sido debatida y sancionada allí, en el Congreso de la Nación”.

“Hemos accionado e intervenido inmediatamente con una estrategia federal junto a los especialistas constitucionales para abordar esta temática y esperamos que se pueda restablecer un derecho que es legítimo para todas las personas con capacidad de gestar. Un derecho que se discute en nuestro país desde hace muchos años y nos parece indispensable garantizar el acceso a la salud pública, que en definitiva termina siendo un paradigma en el que se basa la justicia social. En ese sentido, vamos tener un seguimiento día tras día de cómo avanza esto”, aseguró.

La denuncia contra la jueza Aucar de Trotti

La abogada Estefanía Galeano, en representación de Católicas por el Derecho a Decidir, presentó la denuncia por prevaricato contra la jueza Aucar de Trotti el viernes pasado, apenas se conoció la noticia de la cautelar que suspendió la Ley IVE en Chaco.

—¿Qué implica esta denuncia?

—El prevaricato está contemplado en el artículo 269 del Código Penal y tiene pena de multa e inhabilitación absoluta para ejercer. Es un delito contra la administración de justicia y sucede cuando un juez o un protagonista del Poder Judicial dicta resoluciones contra una ley o funda su sentencia en hechos falsos. Específicamente, fue lo que cometió la jueza Aucar de Trotti. El expediente de la denuncia está en el Equipo Fiscal Coordinador D, pero como la denuncia es contra una jueza hay que esperar porque se tiene que designar a un juez de Garantías.

—¿En qué se basa la denuncia?

—En que la medida cautelar tiene una fundamentación muy rebuscada. Hace una mención muy por el aire y muy amplia de lo que es el tema y termina resolviendo la inaplicabilidad de una ley. Es una ley que dictó el Congreso de la Nación, la jueza directamente no tiene competencia para actuar porque es de la provincia pero la provincia no dictó la ley. Entonces, ya tenés una legitimidad pasiva que no encuadra y un fuero que no corresponde. Además, el derecho común se aplica en el caso concreto, y acá no hay un caso concreto de una violación de los derechos del niño. La jueza se atribuyó poderes que no le corresponden, por eso el prevaricato encuadra perfectamente.

—Si esta denuncia prospera, ¿puede influir de alguna manera en la cautelar que suspendió la Ley IVE en la provincia?

—No. La denuncia que presenté yo es por la conducta ilícita que cometió la doctora, no tiene nada que ver con la medida cautelar. Esa medida fue apelada por el gobierno de Chaco en el fuero civil y ellos van a tratar la aplicabilidad o no de la ley. Nosotros a lo que apuntamos es a que se persiga esta conducta ilícita para que no se repita, porque sabemos que en todo el país se vienen sucediendo cuestiones parecidas. Excepto la doctora Aucar de Trotti, todas las personas con dos dedos de frente sabemos que su cautelar no tiene ni pie ni cabeza, así que obviamente no le van a dar lugar a su cautelar.

—¿Cree que la cautelar se va a caer en el corto plazo?

—En primer año de derecho te enseñan los diferentes tipos de competencia. Obviamente sabemos que, más que fundamentos jurídicos, la jueza tiene fundamentos religiosos, por más que se respete su religión. Tenemos un Estado laico y ella tiene que decidir en base a las leyes, no en base a sus creencias religiosas. Yo represento a una asociación de mujeres católicas y respetamos la religión; lo que no respetamos es que por su religión ella saque esta sentencia.

Seguir leyendo: