Stella Maris Rodríguez Sorichetti y Rubén Ramos están desesperados. Luego de sortear todos los trámites administrativos y legales para adoptar a su hijo Alexis, que ya tiene 8 años, se encontraron un inesperado impedimento: la justicia exige $240 mil para cerrar el juicio de adopción y que el nene pueda tener el nuevo DNI con el apellido de sus padres adoptivos.
La sentencia, que fue emitida el 20 de diciembre por la jueza Amalia Dorado, titular del Juzgado Nº3 de Familia de Mar del Plata, le solicita al matrimonio pagar 40 JUS (que es la unidad arancelaria de la Corte Suprema, equivalente a $2.180 por cada JUS ), más un 20% de aportes a la sede judicial, unos $12 mil al Registro de Adopción e Ingresos Brutos, entre otros impuestos, para que Alexis tenga legalmente una nueva familia. Esa cifra da aproximadamente $138 mil, que se suman a los $102 mil ya abonados por el matrimonio en instancias previas.
“Yo entiendo que haya que pagarle al abogado por el trabajo que hizo pero estamos hablando de una adopción y el Estado debería hacerse cargo de las costas de un juicio de estas características”, relató a Infobae Stella, a quien le negaron un abogado de oficio porque tanto ella como su marido tienen un empleo en blanco. “Hay que ser prácticamente indigente para que te asignen uno, pero si no acreditás que tenés trabajo automáticamente te dan de bajo en el proceso de adopción por no ser solvente para mantener al chico”, se lamentó.
“Sentimos que estamos atrapados en una trampa legal porque cuando participamos de las charlas pre-adoptivas en el Juzgado nadie nos dijo que íbamos a tener que pagar. Eso lo tendrían que rever de antemano. Te hablan de que tenés que pasar por pericias psicológicas, revisaciones médicas e informes ambientales y socioeconómicos pero nunca nos hablaron de plata”, aseguró Rubén, invadido por la bronca e impotencia, al entender que “les quitan a las familias el derecho a decidir si desean continuar con el proceso de adopción”. De hecho, en la web oficial Adopción Simple no dicen nada de los gastos que deben enfrentar las familias.
Stella y Rubén iniciaron el proceso de vinculación con Alexis en septiembre de 2018 y seis meses después, cuando se venció la guarda provisoria, se enteraron de que en la etapa de la solicitud de la guarda pre-adoptiva debían estar asesorados por un abogado y pagar todas las costas legales que surgieran del expediente.
“Hay una realidad que la justicia no tiene en cuenta, que es que ya habíamos compartido mucho tiempo con el nene y ya nos sentíamos sus padres y él nuestro hijo. Era imposible dar marcha atrás”, recordó la mujer, quien en agosto de 2020 tuvo que desembolsar los primeros $102 mil para poder iniciar el juicio de adopción.
En ese momento, usaron los ahorros que tenían y el resto lo pidieron prestado. Pero lo que nunca imaginaron fue que en menos de tres meses iba a salir la sentencia definitiva y tener que desembolsar otros $138 mil para cerrar el caso.
“En la sentencia anterior el JUS estaba $1.800 pesos, y como justo en noviembre su valor aumentó ahora tenemos que pagar $2.120 cada JUS. Encima el abogado nos dijo que en marzo volvería a aumentar y estamos contra reloj buscando de donde sacar la plata”, contó el matrimonio.
Esta situación la llevó a Stella publicar en su cuenta de Facebook el fallo de la jueza y un número de CBU para recibir donaciones. También se contactó con ONG Acunar Familias para recibir asesoramiento del tema y ellos le ofrecieron utilizar la cuenta bancaria de la fundación para darle mayor transparencia a la campaña solidaria.
“Publicamos la historia de Stella y Rubén en nuestras redes sociales para que la gente los conozca. Iniciamos la campaña el 12 de enero y recién pudimos $4500. Es una pena, es prácticamente nada. Somos conscientes de que estamos en una época muy difícil pero vamos a hacer hasta los imposible para ayudarla y que Alexis finalmente pueda tener su nuevo DNI”, contó a Infobae Ariel Vijarra, presidente de Acunar Familias, quien trabaja para impulsar una ley de adopción gratuita a nivel nacional.
Como la ONG tiene domicilio legal en Rosario, lo primero que hizo fue contacta a Amalia Granata, diputada de la provincia de Santa Fe por el partido Somos Vida, quien presentó la iniciativa en el parlamenteo provincial el 13 de julio de 2020.
“El proyecto intenta que las familias puedan litigar gratuitamente en un juicio de adopción o que el Estado pueda costearlo, aunque sea, en un 80%. Y si las familias realmente disponen de ese dinero para pagar una abogado privado que lo destinen a la salud, educación, alimentación y otras necesidades del niño. También habla de fomentar la adopción de niños mayores de 6 años o de niños con discapacidades y que queden exentos de abonar de determinar impuestos y servicios durante los dos primeros años. Es un proyecto muy rico ya que además trata de garantizar derechos de las familias adoptantes”, precisó Vijarra, confiado en que sea tratado en el parlamento santafesino a fines de enero. “Y una vez aprobado en nuestra provincia, el próximo paso es hacer alianzas con partidos nacionales para llevarlo al Congreso”, agregó.
Por su parte, la directora del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUAGA) de Santa Fe, Magdalena Galli Fiant, le explicó a este medio que “nunca va a estar en riesgo la consolidación de una adopción por una cuestión de honarios” y detalló cuáles son las alternativas vigentes para que “la falta de recursos económicos no dilate ni frustre una adopción”.
“Aquellos que no puedan afrontar el gasto pueden tener el patrocinio de los abogados que se desempeñan en los colegios de abogados de cada provincia o en los centro de asistencia judicial”, especificó Galli Fiant. Y aclaró: “Además, hay situaciones donde se adoptan a grupos de hermanas y eso requiere de un esfuerzo económico más grande. Esos abogados solo cobran los aportes profesionales y los gastos, que son bastante accesibles”.
Además, fue bastante crítica respecto de hacer campañas solidarias para ese fin: “No se trata de hacer una recaudación de fondos para aoptar un hijo ya que en los casos que no hay recursos suficientes para cubrir estos costos, lo que hay que lograr son soluciones con asesoramiento judicial gratuito”.
Mientras tanto, la familia marplatense apela a la ayuda de la gente para poder pagar esa deuda antes de marzo y que Alexis pueda empezar las clases con su nuevo DNI: “Si bien la justicia no nos puso ningún plazo, a medida que pasa el tiempo el JUS va a aumentando y el monto se hace más inaccesible para nosotros”.
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