“¡No deben producirse bajas inglesas!”: la primera orden de Galtieri para Malvinas y el bautismo del operativo militar por Seineldín

Después de realizar las primeras actividades en su nuevo destino en Bahía Blanca, el comandante del Cuerpo V, general Osvaldo Jorge García, se fue a Pinamar a pasar unos días de descanso con su familia. Pocos días más tarde, más precisamente el sábado 9 de enero de 1982, en la oficina principal del comando suena el teléfono:

-Hola, aquí de Presidencia de la Nación ¿me pueden comunicar con el general García?

-No está. Le voy a pasar con el oficial a cargo.

El oficial de Operaciones del Cuerpo V, mayor Julio Hang, tomo la comunicación. Primero tanteó porque pensó que era un chiste, luego respondió que el comandante no estaba. Le preguntaron si se encontraba el general Julio César “Pajarito” Ruiz, segundo comandante del Cuerpo, respondiéndose que también estaba de vacaciones.

-Bueno, mayor, busque a García y dígale que el teniente general Galtieri lo quiere ver el martes 12, a las 17, en la Casa de Gobierno.

No fue fácil encontrarlo porque cuando lo llamaban el general estaba en la playa. Finalmente lo encontró la delegación de la Policía Federal de Pinamar y García se hizo mandar el uniforme de diario a Buenos Aires por falta de tiempo.

De acuerdo a lo que me relató García, la reunión se realizó en el despacho presidencial por la tarde. Galtieri, previamente, había dormido la siesta. Luego de los saludos, tomando asiento, Galtieri le dijo que debía darle una instrucción bajo estricto secreto, aún para sus familiares, camaradas y amigos. “Le pido su palabra de honor” y García se la dio. A renglón seguido le dijo que “la misión” que le imponía no era de “seguro cumplimiento, era tentativa”. La misión estaba dirigida a “recuperar militarmente las Islas Malvinas para negociar luego”. “Ocupar para negociar”, lo reiteró Galtieri. También dijo que la operación debía ser “incruenta” desde “el punto de vista militar, civil, estructural”. El comandante en Jefe, luego le informó que se formaría “un comando para coordinar la operación” que estaría constituido por el almirante Juan José Lombardo, el brigadier mayor Sigfrido Martín Plessl (comandante de Instrucción de la Fuerza Aérea) y él. “Mientras tanto, usted siga con sus funciones hasta que lo contacten para coordinar el trabajo”, le dijo Galtieri. Entre esas “funciones” estaba el control de los relevos de los nuevos soldados que se producían en enero porque en la Patagonia el invierno comienza más temprano.

“Mi general ¿a dónde tengo que recurrir yo para lograr información base para el planeamiento?” preguntó García. Y recibió como respuesta: “Va a disponer de las bases que le van a proporcionar la Armada y la Fuerza Aérea”. Después, Galtieri dijo algo que repetiría varias veces: “Debe existir sorpresa en la ejecución de la misión”.

El Ejército, a diferencia de la Armada, nunca había realizado una “hipótesis de conflicto” sobre Malvinas. Entonces, García formuló la siguiente pregunta: “¿Cuándo prevé que puede transformarse el planeamiento preventivo en acción de guerra?”.

Galtieri dijo: “No, la decisión se hará en su momento y según las circunstancias políticas que se desarrollen. Usted la puede calcular para mayo-junio”.

García: “¿Quiénes están enterados de esta situación?”.

Galtieri: “Los miembros de la Junta Militar y los oficiales Lombardo y Plessl. Pero en la continuación del trabajo se van a ir agregando oficiales especializados que van a intervenir en el planeamiento”.

García: “¿Puedo hablar con el general Vaquero?” (Jefe del Estado Mayor del Ejército).

Galtieri: “Sí, pero nadie más. Secreto absoluto, si usted agarra papel y lápiz como en los cursos de la Escuela de Guerra nadie va a enterarse”. Poco después lo autorizó a hablar con su segundo en el Cuerpo V, el general Julio César Ruiz y volvió a decir que “el factor sorpresa es determinante”.

La primera dificultad que encontró seguramente García fue el enfrentar el “carácter conjunto de la operación” y, dentro del Ejército, la falta de información básica de las Islas. Volvió a repasar mentalmente: mapas, compartimentos estancos con las otras fuerzas, recelos, 33 % de las decisiones y se respondió en voz baja: “La consecución de un objetivo nacional nos va a ayudar a dejar las pequeñeces de lado”. Se equivocaría. Al día siguiente de la reunión, García fue vestido de civil al Instituto Geográfico Militar y mediante un ardid pidió la cartografía disponible de las Islas Malvinas.

Una semana más tarde, el martes 19 de enero la Junta Militar volvió a reunirse a las 9 de la mañana en el edificio Cóndor y “se conversó acerca de la preocupación ante la posibilidad de filtraciones de prensa como la registrada el día 17 de enero referente a la previsión militar del caso Malvinas. Asimismo, se trató acerca de la llegada del Sr. Embajador Carlos Ortiz de Rozas a Buenos Aires. En forma consecuente con la preocupación del gobierno por la reactivación del caso Malvinas, se intentó evidenciar la importancia que se le otorgaba al tema delante de terceros actores. Es así como el Sr. Canciller Costa Méndez informó al Senador Baker de los EE.UU. durante su visita de enero de 1982, que la situación entre Gran Bretaña y la Argentina era conflictiva y le pidió que hiciera conocer este tema a su gobierno. Igual pedido fue formulado ante el Sr. Pryce de la Cámara de Representantes de los EE.UU. y su numerosa comitiva cuando éste visitara la Argentina en enero del mismo año.”

En la segunda mitad de enero de 1982, el general de división Osvaldo Jorge García, comandante del Cuerpo V, visitó el Regimiento 25 de Infantería. Luego de algunas horas de inspección, le dijo a su jefe que quería hablar con él en Bahía Blanca. El 1° de febrero de 1982, durante un encuentro secreto en el Comando del Cuerpo V, el general de división García, en presencia del general de brigada Américo Daher (jefe de la IX Brigada de Infantería), le dijo al teniente coronel Mohamed Alí Seineldín, jefe del Regimiento 25 de Infantería: “He seleccionado a su regimiento, el 25 de Infantería, para recuperar a nuestras Islas Malvinas”. Seguidamente, García planteó condiciones: “Debo aclararle que esta operación se caracterizará por un aspecto muy importante, el que deberá ser tenido en cuenta de forma indefectible: ¡no deberán producirse bajas en las fuerzas inglesas ni en la población civil de las islas! Le repito, aunque nos las ocasionaran, se evitará producir bajas en el bando contrario. La intención del Alto Mando, con esta medida, es facilitar las acciones políticas posteriores. ¿Me entendió bien?”. Así lo escribió Mohamed Alí Seineldín, en “Malvinas, un sentimiento”, (Sudamericana, Buenos Aires, 2a. edición, 2004).

Esa misma orden, Seineldín se la dio a sus oficiales, suboficiales y soldados que participaron de la “recuperación” de las Islas Malvinas. La misma instrucción, se la confirmó a Seineldín el contralmirante Carlos Busser a bordo del buque “San Antonio”, el 28 de marzo de 1982. Seineldín, un devoto de la Virgen María, propuso —y se aceptó— que la maniobra militar de ocupación –Operación Azul-- se denominara “Operativo Rosario”.

“Entre el 5 y el 12 de enero de 1982, se dieron los primeros pasos para analizar la posibilidad de una recuperación armada de nuestras Islas Malvinas”, dijo años más tarde el entonces secretario de Hacienda Manuel Solanet. “Para el 12 de enero de 1982 se resolvió que los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el señor canciller fueran oportunamente informados sobre la planificación militar”, expresó el almirante Jorge Isaac Anaya en el punto 5.1.2.3.2 de su documento “Secreto” 3.1.057.10. A renglón seguido expresó que “la exposición básica del primer esbozo del Plan Militar fue ordenado para mediados de marzo quedando fijada para el día 16 de marzo”. “Lo cierto es que antes y durante el conflicto de las Georgias, el canciller fue consultado sobre todos los aspectos diplomáticos que derivarían de la ocupación (de las Malvinas), afirmó Anaya.

El martes 26 de enero la Junta Militar se reunió a las 9 de la mañana en el edificio Libertad. Durante la reunión se resolvió “fuera de Acta” que el “Grupo Malvinas” conformado por Lombardo, García y Plessl “preparara la exposición de los planes de la alternativa militar a mediados de marzo de 1982.” A renglón seguido se produjo la nueva Directiva de Estrategia Nacional (DENAC) 1/82 y el Plan de Campaña Esquemático correspondiente a la Directiva de Estrategia Militar (DEMIL)1/82.

En la DENAC 1/82 se explicita conceptos referidos al Poder Nacional: a) “Objetivo Político: Consolidar la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y contribuir a afirmar su pleno ejercicio en el Atlántico Sur; b) Resolución Estratégica Nacional: El Comité Militar ante la evidente y reiterada falta de progreso de las negociaciones con Gran Bretaña para lograr el reconocimiento pleno de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y convencido que la prolongación de esta situación afecta el honor nacional, el pleno ejercicio de nuestra soberanía en el Atlántico Sur y la explotación de recursos renovables y no renovables, ha resuelto prever el empleo del poder militar para el logro del objetivo político. Esta resolución deberá mantenerse en el más estricto secreto durante el planeamiento y circunscripta exclusivamente a los titulares de las áreas destinatarias.”

La Directiva Estratégica Militar 1/82 era más explícita a los ojos de un lego: “La Operación desde el punto de vista militar es apta, factible y aceptable”, y que “la Fuerza Conjunta estaría en condiciones de ejecutar la operación a partir del 15 de mayo de 1982”. La instrucción, sin embargo, tenía dos condiciones: “debía mantenerse el actual estado británico de defensa de las islas y, además, de tenerse que recurrir a la fuerza, ésta sería restringida a operaciones incruentas a fin de minimizar la reacción británica y alentar a la mejor posición negociadora. Una vez recuperadas las islas se procedería a retirar las fuerzas de ocupación y se mantendría una reducida guarnición.” En la misma reunión se acordó para “mediados de marzo, como más temprana” la fecha para la exposición de los planes del Grupo Malvinas. Luego los tres comandantes, ya fuera de toda formalidad (no quedaba asentado en actas) “conversaron sobre el lanzamiento de la Propuesta de Reactivación formulada por la Argentina a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Se decidió que debía pedirse una contestación a dicha propuesta antes o durante la próxima ronda de negociaciones en Nueva York el 26/27 de febrero de 1982. Asimismo, se comentaron los contactos efectuados por el Canciller con los representantes de los EE.UU. sobre el tema.” En el mismo momento se conversó también sobre un posible viaje que debían realizar el almirante Anaya y Costa Méndez al Sur y se acordó en suspenderlo para evitar asperezas en las negociaciones que se realizaban tanto en el caso Beagle (con Chile) como en el de Malvinas (con el Reino Unido).

A esta altura del relato cabe preguntarse ¿cuánta gente se encontraba implicada en los planes de la Operación Malvinas? Si a partir del 12 de enero comenzaron a asentarse en las actas de la Junta Militar todos los temas tratados referidos a la cuestión, es dable suponer que, además de Galtieri, Anaya y Lami Dozo, otros funcionarios y jefes militares estaban al tanto del planeamiento. El canciller queda claro que ya se encontraba implicado y el autor puede afirmar que lo sabía antes de asumir la jefatura del Palacio San Martín. Fue “la condición” para ser canciller.

¿Quiénes transcribían las Actas y redactaban documentos de apoyo relacionados con la operación, además de Lombardo, García y Plessl? Como se verá más adelante, lo que la Junta Militar denominaba “Propuesta de Reactivación” ese martes 26 de enero, al día siguiente se va a denominar “bout de papier” en el campo diplomático, en el momento en que el subsecretario de RR.EE., embajador Enrique Juan Ros, se lo entregó al embajador Williams de la Gran Bretaña.

Una de las pruebas de la participación de Costa Méndez con el entretejido que se estaba desarrollando alrededor de Malvinas es un valioso documento: el 8 de enero (tres días después que la Junta Militar trató la cuestión de Malvinas en la reunión del edificio Libertador), el embajador Carlos Lucas Blanco, director de Antártida y Malvinas –un funcionario de carrera a quien le decían “Tiburón”, por su boca prominente, del que puede afirmarse que pasaba desapercibido en el Palacio San Martín- envió el Memorando “Secreto” N° 11: “Evolución cuestión Malvinas”, de cuatro carillas, al subsecretario Enrique Juan Ros.

En las primeras dos carillas, Blanco trazó una reseña de los últimos fracasos de las gestiones negociadoras con el Reino Unido de Gran Bretaña expuestas en la declaración de la cancillería argentina del 27 de julio de 1981, en la que se formuló una exhortación “a impulsar resueltamente una negociación seria, profunda y de buena fe” sobre la cuestión de soberanía de las Islas Malvinas. Tras enumerar los temas que serían tratados en la próxima reunión de Nueva York (página 2, punto 5º), y para el caso de no recibirse ninguna respuesta satisfactoria del Reino Unido, Blanco opinó que: “Ello facilitaría la aceptación por la comunidad internacional de un eventual ‘fait accompli’ [hecho consumado], que sería presentado como única vía abierta para obtener satisfacción al reclamo argentino, ante la actitud reacia del Reino Unido. Desde esa última posición podría hacerse un nuevo llamamiento a una negociación en términos esta vez más propicios para obtener los objetivos fijados”. Entre otras medidas, el diplomático proponía uniformar las 200 millas alrededor de Malvinas “con todas las otras aguas argentinas de sus 200 millas”. Blanco sostuvo que “no debe aceptarse la dicotomía del tratamiento actual, más cuando pesqueros extranjeros se están instalando en esas aguas con la autorización británica”.

Además consideraba “llevar adelante las operaciones Davidoff y eventualmente Alfa” y “contemplar un posible enfoque más restrictivo de las medidas existentes sobre comunicaciones y las que se puedan imaginar en el futuro”. También tenía en cuenta “medidas bilaterales (mensajes a autoridades británicas, medidas de orden restrictivo en lo económico, suspensión de viajes de funcionarios, etc.)” y “medidas multilaterales (de opinión pública, nacional e internacional en Naciones Unidas, etc.)”.

Obsérvese que ya para aquella época el embajador Carlos Lucas Blanco hablaba con absoluta naturalidad de la “Operación Davidoff y el Grupo Alfa” y el punto nº 180 del “Informe Rattenbach” (tribunal militar que juzgó la guerra de Malvinas) agrega luz: “(…) el comandante de Operaciones Navales (Juan José Lombardo) ordenó al comandante de la Agrupación Naval Antártica, capitán de navío Trombeta, tomar contacto con el embajador Blanco y con el señor Davidoff, a efecto de coordinar los detalles del operativo. El grupo “Alfa”, con un total de 15 hombres al mando del teniente de navío Alfredo) Astiz, debía llegar a Puerto Leith luego que el último buque de la Campaña Antártica británica se hubiera retirado de la región. En el punto siguiente se va a aclarar que “el grupo ‘Alfa’ fue constituido por personal militar debidamente entrenado. Las instrucciones que oportunamente serían impartidas eran las de resistir hasta las últimas consecuencias en caso de que fuerzas británicas pretendieran evacuarlo de la Isla (declaración del contralmirante Edgardo Aroldo Otero, jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada).”

Aprovechando la estadía de Ortiz de Rozas en Buenos Aires, Costa Méndez lo hizo dialogar con el Presidente. Durante la reunión (20 de enero a las 12.30 horas) se conversó sobre el diferendo con Chile, pero Galtieri se mostró más interesado en hablar de Malvinas. Años más tarde, Costa Méndez dirá que Ortiz de Rozas habló con el presidente sobre la situación interna del gobierno de Margaret Thatcher y de una eventual reacción británica si la Argentina invadía las Malvinas.

Para la historia, no hubo documentos escritos. Los hay orales. Hasta ese momento, la evaluación que hacía el embajador Ortiz de Rozas, sobre la respuesta británica, frente a la posibilidad de ocupar Malvinas era la siguiente:

• Ignorar el hecho.

• Protestar o retirar el embajador.

• Rompimiento de relaciones y sanciones diplomáticas.

Costa Méndez se inclinaba por la primera alternativa. “Nunca van a mandar la flota”, le dijo a la secretaria Laura Ayerza tras el 2 de abril de 1982. “‘Canoro pensó que el Pentágono lo iba a apoyar”, completó la funcionaria.

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