“Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no tenemos la ley, el camino será otro, y les aseguro que puestos a enfrentar violencia contra violencia, nosotros tenemos más medios para aplastarlos, y lo haremos a cualquier precio. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia” –dijo Juan Domingo Perón. Su voz sonaba firme y encerraba una amenaza.
En el salón de la residencia presidencial de Olivos se hizo un breve silencio, pesado, como de muerte. Los diputados de la Juventud Peronista Rodolfo Vittar, Roberto Vidaña, Aníbal Iturriera, Armando Croatto, Carlos Kunkel, Santiago Díaz Ortiz, Jorge Glellel y Diego Muniz Barreto demoraron en responder.
La ley a la que Perón se refería y que los diputados habían ido a cuestionar reformaba el Código Penal, incorporando medidas represivas, entre ellas la penalización de las huelgas y cualquier medida de acción directa de los trabajadores que no fueran avaladas por la burocracia sindical.
-Nosotros lo que decimos es que hay que hacerle modificaciones al proyecto… - empezó a decir uno de los diputados.
-Bueno, hombre, háblenlo con el presidente del bloque (que era Humberto Martiarena) –le respondió Perón.
-Quisimos hablarlo, general…
-¿Y?
-Nos dijo que no había discusión posible.
-Ah. Yo no voy a hablar con el presidente del bloque – lo cortó el presidente y dio por terminado el encuentro.
-Muy bien, señores, muchas gracias –los despidió con sequedad, mientras se ponía de pie.
Una emboscada del General
Esa tarde del 22 de enero de 1974, mientras las Juventudes Políticas Argentinas convocaban a una marcha contra le legislación represiva que se trataría dos días después en la Cámara de Diputados, los jóvenes legisladores de la JP habían logrado que Perón los recibiera en Olivos.
Llegaron creyendo que tendrían un encuentro a solas con el líder –tal vez acompañado por algunos de sus ministros– y que podrían transmitirle sus cuestionamientos con tranquilidad, pero se encontraron con un Perón que los esperaba en un salón donde había periodistas y cámaras de televisión.
La advertencia del presidente a los diputados de la Juventud Peronista fue reproducida por todas las radios y los canales de televisión del país. Perón les había marcado la cancha en público.
-Nadie está obligado a permanecer en una fracción política. El que no está contento, se va. En ese sentido, nosotros no vamos a poner el menor inconveniente. El que esté en otra tendencia, distinta de la peronista, lo que debe hacer es irse. En este aspecto hemos sido muy tolerantes con todo el mundo: el que no esté de acuerdo o al que no le conviene, se va.
Dos días después, el jueves 24, los ocho diputados que respondían a Montoneros renunciaron a sus bancas para no votar el proyecto de reforma del Código Penal.
Habían permanecido apenas ocho meses en sus cargos.
Ese mismo jueves 24, los diputados del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación Nacional) votaron la mencionada reforma que pasó al Senado y días después le dio fuerza de ley.
Los diputados de “la tendencia”
La “tendencia revolucionaria” del peronismo había logrado esas ocho bancas en las elecciones del 11 de marzo de 1973, que consagraron a la fórmula presidencial del Frente Justicialista de Liberación, integrada por Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima.
En realidad, por un acuerdo para el armado de las listas, les deberían haber correspondido más, ya que se había previsto un 25% para el sector. Son embargo, una serie de factores había desembocado en ese resultado.
“A pesar del interés cierto que Montoneros asignó a la ocupación de las bancas, la actividad legislativa no era la opción más atractiva para un militante ni el principal canal de lucha al que apuntaba la organización. Eso hizo que no peleasen con fuerza por el 25% que debía corresponderles y se conformaran con poco menos del 10%. Lo cierto es que se trató de omisiones y decisiones propias. Omisiones, porque desconocían las reglas de juego de los mecanismos electorales, exponiéndose a modificaciones imprevistas de las listas o, directamente, a la desaparición de las ya confeccionadas. Decisiones, porque el grueso de los militantes, ante la posibilidad de asistir a una reunión para discutir cómo se armaba una lista, optaba por dedicarse a tareas que consideraba más importantes”, señalan Martin Oliver, Lucía Romero y Luisina Perelmiter en El acceso de Montoneros al gobierno: El caso de los diputados nacionales.
Uno de los autores de esta crónica recuerda una charla, meses después de las elecciones, con un militante montonero de La Plata en la que se tocó el tema:
-Me ofrecieron ir en la lista de concejales. Les contesté que ni loco, que yo seguía con mi trabajo en la fábrica, que yo milito para hacer la revolución, no para sentarme en una banca de concejalito –dijo.
Debilidad en el Congreso
Esa mezcla de ingenuidad para manejarse en la “rosca política” y de desprecio por los cargos legislativos los terminó poniendo en una situación de notoria debilidad en las negociaciones y las luchas parlamentarias.
A la dirigencia montonera le interesaban los cargos ejecutivos, tanto de primera como de segunda línea, donde creía que podría imponer medidas políticas y disputar poder. En cambio, daba relativa importancia a los cargos legislativos.
En la Cámara de Diputados de la Nación, de los legisladores de “la tendencia” que fueron elegidos solo cuatro eran realmente cuadros de la organización: Kunkel, Vidaña, Croatto y Vittar.
“Los otros no eran orgánicos o eran de un nivel muy bajo. Eran amigos que se movían más o menos próximos. El bloque era variable, no era un grupo fijo de ocho; esos ocho que renunciaron no eran todos. Por momentos eran once o doce”, relataría muchos años después el dirigente de Montoneros, Roberto Perdía.
La ley de Asociaciones Profesionales
Para el momento en que Perón recibe en la quinta de Olivos a los diputados de “la tendencia”, esa mezcla de desprecio por los cargos parlamentarios e ingenuidad política ya había dado pruebas de sus resultados.
En noviembre de 1973 se había sancionado la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales, cuyo contenido había sido exclusivamente diseñado por las cúpulas de la CGT y las 62 Organizaciones y había recibido la bendición del propio Perón.
Esto ocurría en el contexto de una fuerte disputa de dos sectores del peronismo por la hegemonía dentro del movimiento obrero: por un lado, la tendencia revolucionaria, representada por la Juventud Trabajadora Peronista, por el otro la burocracia sindical.
“Con este instrumento legal, la ya debilitada democracia interna de las organizaciones gremiales terminaba de resentirse. La nueva ley podía utilizarse para neutralizar las revueltas antiburocráticas que, ya desde el Cordobazo, venían cuestionando la autoridad de la vieja dirigencia sindical. Dentro de la Juventud Peronista, será principalmente la JTP montonera la rama que reaccionará ante la presentación de este proyecto de reforma de ley, por verse atacada en un ámbito muy importante de su apuesta política, en el cual venía intentando aumentar su injerencia”, resumen Oliver, Romero y Perelmiter.
En esa ocasión, la disputa se dirimió con facilidad a favor de la burocracia sindical y la ley terminó siendo votada incluso por los acorralados los diputados de “la tendencia”.
El ministro de Trabajo y hombre de la burocracia, Ricardo Otero, había marcado la cancha con una simple frase:
-Este proyecto cuenta con el aval y el apoyo del General Perón. Quien cuestiona el proyecto, está cuestionando a Perón – había dicho.
“Los infiltrados”
La lucha por espacios de poder dentro del movimiento peronista estaba al rojo vivo, aunque era evidente desde la renuncia de Héctor Cámpora para allanar el retorno de Perón a la presidencia de la Nación que se definiría por derecha.
El 1° de octubre de 1973 –pocos días después de la ejecución del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, cuando salía de una de sus casas y doce días antes de la asunción de Perón– el líder justicialista había dado a conocer en una reunión semisecreta lo que se llamó “El documento reservado”, que fue filtrado por un ministro a la prensa y cuyo contenido el gobierno terminó admitiendo dos días más tarde.
El documento, firmado por el propio Perón, denunciaba la “Infiltración de esos grupos marxistas en los cuadros del Movimiento con doble objetivo: desvirtuar los principios doctrinarios del justicialismo, presentando posiciones aparentemente más radicalizadas y llevar a la acción tumultuosa y agresiva a nuestros adherentes (especialmente sectores juveniles) colocándose así nuestros enemigos al frente del movimiento de masas que por sí solo no pueden concitar, tal que resulten orientando según sus conveniencias”.
La identidad de “los infiltrados” no quedaba en duda: Montoneros y sus organizaciones de superficie, otras organizaciones peronistas de izquierda y, por extensión, la izquierda marxista.
Para combatir esa “infiltración”, “se utilizará todos los (medios de lucha) que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan, será apreciada por los dirigentes de cada distrito”. En otras palabras, el propiciaba el accionar de grupos paraestatales.
El 21 de noviembre, la Triple A atentó con explosivos que estallaron cuando encendió el motor de su auto. Solari Irigoyen venía de votar en contra de la Ley de Asociaciones Profesionales.
Para la represión, todos entraban en la misma bolsa, justificada desde el gobierno por la muerte de Rucci pero también por el accionar del ERP, que seguía operando con blancos exclusivamente militares. Cuando Perón se reunió en Olivos el 22 de enero con los diputados de “la tendencia” hacía apenas tres días que el ERP había intentado tomar la guarnición militar de Azul.
Después de Olivos
Dos días después de la entrevista con Perón, los diputados Kunkel, Croatto, Glellel, Iturrieta, Vittar, Muniz Barreto, Díaz Ortiz y Vidaña renunciaron a sus bancas. Corría el 24 de enero y se votaba la reforma del Código Penal en la Cámara.
Las renuncias de los ocho diputados apuntaron en dos sentidos contradictorios: manifestar tajantemente la oposición de Montoneros a la Ley, pero evitando un voto en contra que “rompería” la ficción de unidad del bloque peronista en la Cámara de Diputados.
Sus bancas fueron ocupadas por Rodolfo Ortega Peña, del Peronismo de Base, Miguel Zavala Rodríguez y Leonardo Bettanin, ambos de “la tendencia”. Los otros cinco lugares quedaron en manos de diputados de la ortodoxia y de la burocracia sindical.
La balanza terminaba de inclinarse.
La ruptura definitiva
Perón firmó un decreto el lunes 28 de enero de 1974, en el que Alberto Villar era ascendido a comisario general y nombrado subjefe de la Policía Federal. Se trató de la consolidación del accionar de los grupos parapoliciales.
El 29 de enero, presionado por Perón, renunció Oscar Bidegain, gobernador de la Provincia de Buenos Aires cercano a “la tendencia”. En su lugar asumió en burócrata sindical de ultraderecha Victorio Calabró.
Los ocho diputados, días después, fueron expulsados del Partido Justicialista.
Los distintos sectores de la derecha ya manejaban todos los resortes del Movimiento Peronista.
La ruptura definitiva se daría el 1° de mayo de ese mismo año, cuando las columnas de la JP y de Montoneros cuestionaron a Perón y se fueron de la Plaza de Mayo.
Asesinatos y desapariciones
De los renunciantes del 24 de enero, Muniz Barreto fue secuestrado en Escobar y llevado a Campo de Mayo, torturado, murió el 5 de marzo de 1977. Croatto, por su parte, el 17 de septiembre de 1979 fue fusilado por un grupo de tareas.
Los tres diputados de la izquierda peronista que asumieron en su reemplazo también fueron asesinados.
Ortega Peña fue fusilado en pleno centro porteño por un comando de la Triple A el 31 de julio de 1974. Zavala Rodríguez fue fusilado por un grupo de tareas el 22 de diciembre de 1976, su esposa Olga Cañueto fue secuestrada por un grupo de la ESMA y está desaparecida. El asesinato y el secuestro fueron delante de sus dos pequeñas hijas. En cuanto a Bettanin fue fusilado el 2 de enero de 1977, mientras estaba en una casa en Rosario, por un grupo de la policía santafecina.
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