El pasado 6 de enero, el registro de una masiva fiesta clandestina en la zona marplatense de Punta Mogotes alertó a las autoridades locales. El encuentro excedió todo límite cuando el operativo policial, tras la reiterada denuncia de los vecinos, arribó a la casa y constató que dentro de ella había cerca de 500 personas.
Por aquel hecho, y tras ser notificados por el artículo 205 del Código Penal de la Nación, a I.K. y L.Z., ambos rosarinos, se les inició una causa judicial por ser los organizadores de la fiesta que culminó aquel miércoles a las 4.30 de la mañana.
La casa, ubicada en la Avenida Martínez de Hoz al 4200, albergó aquella noche “la presencia de aproximadamente 500 jóvenes de entre 20 y 30 años, quienes se encontraban consumiendo alcohol y escuchando música a alto volumen”.
Es por eso que la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata, a cargo del doctor Daniel Adler, solicitó tras los hechos la indagatoria de ambos, el secuestro de sus teléfonos y una serie de medidas cautelares.
Infobae supo que los jóvenes rosarinos no se conocían previamente. La casa fue alquilada por los dos, ya que cuenta con dos pisos que se comunican mediante una escalera interna con la parte alta, aunque los ambientes son independientes. Sin embargo se corroboró que quienes participaban de las fiestas subían y bajaban constantemente, razón por la cual la Justicia posee la seguridad de que se desarrollaban en ambos sitios y de manera compartida.
Tras desarticular el encuentro, en el patio trasero de la casa se encontraron más de veinte bolsas de residuos de color negra con botellas de todo tipo de bebidas alcohólicas y vasos.
Ambos inquilinos dejaron la casa el mismo 6 de enero tras la intervención municipal y provincial. “Volvieron a Rosario”, confirmó una fuente cercana ligada al expediente a Infobae. Este medio también supo que fueron dos las vecinas que los denunciaron aquella madrugada. Una de ellas remarcó que desde el 29 de diciembre “se encontraban haciendo fiestas en la casa”.
Los grupos de amigos ingresaron aquel día y tenían la casa alquilada hasta el 9 de enero. Sin embargo, dejaron las llaves en la puerta y se fueron sin siquiera devolverlas en la inmobiliaria. Fue desde allí donde aseguraron que tras cada fiesta los jóvenes pagaban entre dos mil y tres mil pesos para que una persona concurriera a limpiar.
El artículo 205 expresa que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
En su requerimiento, el fiscal Adler entendió que “la organización por parte de los imputados de un evento masivo como el que aquí nos convoca (una fiesta, sin ningún tipo de habilitación ni control del Estado, en una casa alquilada, para un importante número de personas y en franca violación a la normativa vigente) sin dudas implicó un alto riesgo de propagación de la enfermedad COVID 2019″.
Por todos estos hechos solicitó que ambos sean citados para prestar declaración indagatoria. Para determinar si utilizaron las redes sociales para comunicar este tipo de eventos, el fiscal también instó a que sus teléfonos celulares sean secuestrados.
En cuanto a las medidas cautelares, Adler requirió que el juez dicte una “mediante la cual se prohíba a los nombrados ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, sin previa autorización del juzgado actuante”. También que, “no pudiéndose descartar, a modo de hipótesis razonable, que la organización de las fiestas clandestinas en cuestión haya arrojado pingues ganancias a los encausados, es que le solicito al juez del caso disponga la inhibición de bienes de los nombrados”.
Allí agregó: “Ls investigados no solo ponen en riesgo la salubridad pública, sino también ponen en marcha el dispendio de cuantiosos recursos económicos y humanos del Estado en pos de su persecución, los cuales deberían poder ser destinados al combate de la pandemia. Las medidas cautelares de índole patrimonial resultan trascendentes a los fines de eventuales reparaciones y búsqueda de soluciones alternativas al conflicto con donaciones a hospitales públicos de la ciudad”.
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