El legado de Carmen Argibay para que la Corte Suprema respalde la constitucionalidad del aborto legal

En la Argentina el aborto es legal desde el 30 de diciembre del 2020. Pero es legal por causales ocho años antes: desde el 2012 y también era legal en casos calificados como no punibles desde 1921. La aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ya no tiene vuelta atrás. Y no puede recibir más obstáculos después de la aprobación en el Senado de la Nación.

Sin embargo, la batalla que viene es la judicial. El problema es que es un partido en las ligas menores cuando el Mundial ya está definido. ¿Por qué? La justicia ya se expidió. Y no cualquier juzgado, sino el máximo tribunal. No se trata solo de qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también porque y como lo dijo: por decisión de la primera mujer en ser designada en la Corte Carmen Argibay.

La decisión de Carmen no tiene vuelta atrás y debe ser respetada. Es importante recordar que en 1921, ya un siglo atrás el Código Penal, entendía que había casos donde el aborto no podía ser punible. Si en algunas situaciones –como en las violaciones- el aborto era permitido hace cien años atrás es inadmisible pensar que el acceso al aborto legal, sancionado por el Congreso de la Nación, sería un delito en el Siglo XXI.

Pero no se trata solo que si los abortos en casos de violación, de riesgo de vida o para la salud de la madre o de embarazos inviables ya eran legales (y se llevan a cabo) sería ilógico que algunos abortos sean constitucionales pero todos no. La Constitución no mide caso por caso, sino si una norma se adecua a la normativa argentina.

La composición actual de la Corte es más conservadora y más machista (solo la integra una mujer, Elena Highton de Nolasco con un poder deteriorado por la edad y los vaivenes cortesanos, sin otro ingreso que democratice y aumente la mirada de género) pero la Corte no puede fallar en contra de sí misma. Aunque ya no sea la misma Corte que fallo en el fallo F.A.L. el pronunciamiento sobre la legalidad de los abortos es irrevocable.

El otro punto conflictivo es la pulseada judicial entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, más allá de las ilusiones institucionales que a veces se estrellan contra la realidad, la pelea por el aborto legal debe ser dejada afuera de los tironeos egoístas y volver a revalorizarse como una disputa transversal en lo partidario y central en el avance de derechos.

La Corte no solo no puede ir en contra de los lineamientos de la Corte, sino que la decisión de la Corte, del 2012, no tenía ninguna necesidad ni urgencia concreta sino que fue un fallo producto de la voluntad jurídica de Carmen Argibay (en un caso en el que el aborto ya estaba realizado) y que apuntaba a sentar jurisprudencia.

Por eso, ocho años antes que el Poder Legislativo, el Poder Judicial dio un paso al frente del avance de derechos y sentó una posición histórica que abrió la posibilidad del aborto por causales. Es cierto que los fundamentos estaban en el Código Penal de 1921. Pero sin el fallo F.A.L. no se podría haber avanzado en los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y de muchas provincias para que se pase a ayudar a abortar legalmente como excepción o como práctica sotto voce a que se puedan estimar en (por lo menos) 25 mil los abortos legales practicados en la Argentina.

En la Provincia de Buenos Aires se realizaron 6.832 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) hasta septiembre del 2020. En la Ciudad de Buenos Aires se practicaron 10.000 ILE desde comienzos del año pasado hasta el 31 de octubre del 2020, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación.

No es que ya se realizaban abortos clandestinos, sino que los abortos legales se practicaban antes de la ley y después del fallo F.A.L. Y eso no fue a pesar de la justicia, sino gracias a la justicia. ¿Cómo sería la justicia la que cierre la puerta ahora que ella misma abrió? ¿Se va a poner la venda ahora de lo que se atrevió a mirar una década antes que el Congreso de la Nación?

En principio sería una contradicción que terminaría en un papelón jurídico, en un mal paso para la historia y en una decisión que escalaría a un tribunal internacional. Pero ese escenario es muy poco probable. La Corte mostraría que ya no es la misma composición (ni parecida) a la que dio prestigio y que abrió la posibilidad del acceso de las mujeres al poder en la justicia. Y, sin ninguna duda, sería una burla a la memoria de Carmen Argibay.

En cambio, el escenario más desgastante (muy especialmente para mujeres, niñas y cuerpos gestantes) sería que ante los amparos que se presenten y los jueces provinciales que les den lugar la Corte mire para otro lado y deje que la ley se llene de agujeros jurídicos. Y, en cambio, la mejor opción sería que la Corte no se mantenta indiferente, sino que directamente se pronuncie a favor de la constitucionalidad de la norma que está por promulgarse.

Lo más peligroso no es que la Corte declare la inconstitucionalidad, sino que se haga la distraída, promueva los litigios en rehenes conservadores y genere un desgaste innecesario en la implementación de la norma y el cuerpo de las mujeres.

El festival de amparos para desestabilizar la puesta en marcha de la ley ya empezó. Por eso, la duda no es si van a intentar frenar la ley, sino qué va a hacer la Corte frente a los dardos en mesa de entradas. No tardaron ni dos días en presentar un pedido de inconstitucionalidad.

Y, por supuesto, en darle lugar: el juzgado federal N° 2 de Salta, a cargo de Miguel Medina, habilitó la feria de enero para tratar un pedido con vía libre del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos. Entre los impulsores se encuentra la ex Senadora del Partido Renovador María Fiore Viñuales. Y ya habían objetado el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación para el acceso a las Interrupciones Legales del Embarazo. Estaban anticipando la jugada.

Ya el 30 de diciembre, la Senadora tucumana Silvia Elías de Pérez había sembrado los palos en la rueda a través de la acumulación de expedientes. “Si el proyecto se convierte en ley iremos a la Justicia para que sea declarada inconstitucional”.

Si la Corte deja hacer, deja pasar (sin frenar la escalada de litigios que pueden darse en las provincias) no le haría lugar al legado de Carmen Argibay en la jurisprudencia argentina y en la valentía de generar un fallo que cambio la historia de los derechos de las mujeres en el país.

El fallo F.A.L. fue promovidos por Carmen Arbibay, la primera mujer designada para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que quiso expedirse en ese caso, a pesar de que el aborto de la adolescente violada en Chubut (las siglas F.A.L. son por su mamá) ya estaba resuelto.

Ese dato es sustancial. Porque no era necesario que la Corte se expida. El aborto ya estaba practicado. No había nada que resolver. Pero Carmen decidió generar un fallo emblemático para Argentina y América Latina. Porque ella quería aprovechar la oportunidad y dejar su legado.

No la interpretamos. Son sus palabras. Hace diez años entrevisté –por tercera vez- en su despacho de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (otra vez en el Congreso Internacional de Jueces y la primera vez en su casa) a Carmen Argibay. El título de la nota, publicada en Las/12, de Página/12, el 3 de diciembre del 2010 (una década antes de la aprobación por parte del Congreso de la Nación) fue “La decisión de Carmen”.

¿La Corte va a honrar la decisión de Carmen o va a traspapelar su legado? Carmen Argibay tomo la decisión de dejar jurisprudencia sobre un tema que no quería esquivar, sino con el que decidía pasar a la historia.

Este es el extracto de esa entrevista a Carmen Argibay, hace diez años, en donde anticipaba la decisión de dictar sentencia en el fallo F.A.L (que finalmente se concretó en el 2012) y que se conoce por las iniciales de la madre de la víctima de violación (A.G.):

-Hablando en criollo, había un proyecto sobre matrimonio igualitario en el Congreso y otros amparos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Si el Congreso se hizo cargo de aprobar el matrimonio igualitario, no sería justo que la Corte Suprema tome el guante en otro tema candente como la despenalización del aborto?

–Es que no es una cuestión de tomar el guante. Cuando se aprobó el matrimonio igualitario ya no tenía sentido tratar esos casos planteados en la Corte. Y por otra parte es al Congreso al que le corresponde cambiar la ley. Hay que tratar de evitar la muerte de jóvenes que por no haber tenido educación sexual enfrentan un problema que no pueden solucionar de otra manera. Y este es un momento propicio para la apertura del debate por la despenalización del aborto en el Congreso.

-En la Corte Suprema hay dos planteos por casos de abortos no punibles, uno de La Pampa (en donde se pide que se declare inconstitucional el veto a la ley provincial 2394 sobre atención de abortos no punibles) y otro por el caso de la adolescente A.G. que se realizó un aborto, después de ser violada por su padrastro, en Chubut. ¿Puede haber sentencias en estos casos?

–Sólo sé que llegó el caso de Chubut y ahí es posible que se pronuncie la Corte. El aborto no punible está legislado hace más de noventa años.

-¿Es posible que se siente jurisprudencia que sirva como antecedente para no seguir judicializando cada pedido de aborto legal como el de esta adolescente que decía que se iba a suicidar si no la autorizaban a interrumpir su embarazo?

–Yo creo que sí.

-¿La Corte no va a mirar para otro lado en este tema?

–La Corte nunca mira para otro lado, sino que trabaja con los expedientes que llegan.

-¿Se puede confiar en un dictamen que termine con las discusiones en torno del aborto no punible?

–Me parece que sí.

-¿Y sobre la despenalización del aborto en todos los casos?

–Ese es otro tema. No el de la causa que llegó a la Corte.

-¿Qué pasa si quieren recusarla porque su posición sobre el aborto ya es conocida?

–Que me recusen. Pero sólo puede recusarme una parte interesada. Y en este caso, el expediente llega a la Corte por pedido de la defensa del niño por nacer. Pero el aborto ya se realizó, así que no hay ninguna parte interesada que pueda recusarme.

Esta respuesta de Carmen muestra que quiso dejar sentencia. No había necesidad. Y sí existía un atajo para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida. “La justicia patriarcal se tiene que terminar”, dijo, hace diez años, Carmen, que abrió la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte que perdió el impulso que tenía cuando ella estaba viva.

Carmen Argibay estudio derecho cuando las mujeres no podían usar pantalones en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Vivió con su mamá (Ana Rosa Carlé) que tocaba el piano. Tuvo pretendientes pero no quiso casarse. “No conocí a nadie que me inspirara para dejar mi independencia”, resumió.

Le gustaba armar rompecabezas, escuchar música clásica y hacer cruceros por la Patagonia o la Antártida (era partidaria de lo que ahora se llama la banda del invierno). Tenía ojos verdes. Se llevaba muy bien con su hermana (Mónica) y sus sobrinos (y su sobrina bisnieta) y le gustaba estar con los jóvenes para evitar ser una “vieja cascarrabias”.

Su carrera judicial empezó en 1959. Carmen Argibay paso de ser jueza a estar presa y de ser presa a ser jueza internacional (la mujer argentina con una posición más relevante en tribunales internacionales) y en el máximo tribunal. Ella fue presa política en 1976 –cuando tenía 36 años– en la cárcel de Devoto, sin ninguna causa judicial, durante nueve meses. “Nunca supe de qué me acusaban ni por qué era una persona peligrosa para la dictadura militar”, resaltó.

En 1984 asumió como jueza. En 1988 llego a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En 1992 integró el Tribunal Oral Número 2 de la Capital Federal. Fundó la filial argentina de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. En el 2000 fue nombrada Jueza en el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra en Tokio –que condenó a los soldados japoneses que habían violado mujeres durante la Segunda Guerra Mundial- y, en el 2001, fue elegida por la Asamblea General de Naciones Unidas como Jueza del Tribunal Penal Internacional de La Haya para juzgar los delitos de lesa humanidad en la ex Yugoslavia.

“Toda la vida fui discriminada por ser mujer. Cuando llegaba la hora de reconocerme me ponían topes porque eso estaba destinado a los hombres”, me contó en una entrevista que le hice para la revista Para Ti, en el 2001, hace 20 años. En ese momento dijo que si no había mujeres en la Corte era por machismo. “Nuestro poder judicial es muy machista”, criticó hace dos décadas. Y anticipaba: “En la Argentina el único puesto que me queda es la Corte”.

Fue nominada para integrar la Corte el 30 de diciembre de 2003 por el ex Presidente Néstor Kirchner. Y se convirtió en la primera mujer, en democracia, en ser propuesta para el cargo más alto de la pirámide judicial. El Senado aprobó su designación el 7 de julio de 2004. Asumió el cargo el 3 de febrero de 2005 cuando terminó su tarea –que la marcó especialmente por los testimonios sobre la violencia sexual durante la guerra de la ex Yugoslavia- en La Haya.

“Quiero una justicia independiente”, le dijo Kirchner. “Menos mal, porque de lo contrario no hubiera contado conmigo”, le respondió ella. Y decía que la independencia se rubricaba con dos palabras: ser rebelde y ser ingrata.

Tuvo un infarto a los 69 años (tres años antes del fallo F.A.L.) y decía que el único hombre que le podía dar órdenes era su médico (Daniel Agranati). Falleció a los 74 años, el 10 de mayo del 2014, de una cardiopatía. Fue velada en Tribunales. Federico Pinedo se lamentó: “Recuerdo a la gran jueza Carmen Argibay, jueza de la ley y no jueza del poder”. Mientras que Julio Cobos destacó: “Dolor por la muerte de la jueza Carmen Argibay. Perdemos a una de las juristas más lúcida, reconocida e indiscutida de nuestro país”.

El fallo F.A.L. no fue una casualidad, sino una convicción. Ella era atea, soltera y estaba a favor de la despenalización del aborto y de separar el Estado de la Iglesia. En su despacho tenía lirios y jazmines y reivindicaba: “Tengo flores y no crucifijos, esa es otra de mis luchas”.

Ella también pidió que quiten los crucifijos de todas las salas de audiencias. En el verano del 2005, en Miramar, declaró en una entrevista: “Creo que la mujer tiene la necesidad y el derecho de decidir sobre su cuerpo. En esta materia hay una posición mental totalmente retrógrada”.

Si en el 2020 el debate fue álgido, hace quince años atrás los costos de las declaraciones fueron altos. Pero ella no se arrepintió. “Yo dije siempre mi posición. Me generó bastantes conflictos, pero vuelvo a reiterarla”, reivindicó en la entrevista. Y redobló la apuesta: “El aborto existe y perjudica más a las mujeres más pobres. Hay varios proyectos en el Congreso y este es el momento propicio para dar este debate”.

En la memoria de Carmen la justicia no puede retroceder en la jurisprudencia de avanzada que abrió la posibilidad del aborto legal en Argentina.

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