Crónica de una recorrida por las fiestas clandestinas de Mar del Plata: cómo son los operativos que buscan ponerles fin

Sobre la calle Pico al 700, ubicada en el barrio Los Troncos de Mar del Plata, cuatro vecinos denuncian una fiesta clandestina. Son las 00.30 del domingo y un operativo de control que reúne varias fuerzas de seguridad llega hasta la puerta señalada y toca el timbre. Tres jóvenes salen al encuentro. Dicen que son 10 amigos comiendo un asado y que la música está fuerte pero no hay tal fiesta. La constatación municipal les da la razón. Y la noche recién comienza.

“Una vecina nos escribió por WhatsApp y manifestó que en Castelli y General Paz hay una. Tenemos que ir ahí”, expresa Gustavo Jara, subsecretario de Seguridad de General Pueyrredón. Su objetivo, al igual que el de la demás fuerzas que lo acompañan, consiste en persuadir las pequeñas reuniones y finalizar los encuentros masivos, una problemática que perjudica a Mar del Plata y se ha replicado desde mediados de diciembre en varios municipios de la Costa Atlántica.

Desde el vamos todo nace en el Centro de Operaciones y Monitoreo de Mar del Plata (COM). Allí una decena de empleados coteja las 1.136 cámaras desparradas por la ciudad, las cuales las chequean constantemente en base a los lugares donde comúnmente se llevan a cabo las fiestas clandestinas.

“Se elabora un mapa de calor y se busca dónde están los autos estacionados o determinados patrones que nos hagan suponer que allí está ocurriendo un evento ilícito”, agrega Jara.

El funcionario es el encargado de conducir la camioneta policial que guía a los efectivos policiales de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediantes (UTOI). “El grupo UTOI es interdisciplinario, ellos están 24 horas disponibles. Salen dependiendo la magnitud. Si salen y nos dicen que en una fiesta hay 100 personas, el jefe de la UTOI decide cuántos van”, dice Jara.

Junto a ellos y el personal de la RECAP (Registro Público de Controladores de Admisión y Permanencia), se dirigen hacia Castelli y General Paz por la denuncia que, a casi 15 minutos de la 1 de la mañana, no tiene demasiadas precisiones. El chequeo es rápido y contundente: no se escucha música, no hay autos estacionados en cantidad, el viaje continúa.

“Ahora vamos para el campo. Tenemos la denuncia de una mujer que asegura que hay una fiesta en una finca con autos de alta gama y venta de estupefacientes”, cuenta Jara. La recorrida sigue por la ruta 88 hasta el kilómetro 24. Allí, luego de superar las chacras de Batán, en cercanías al pueblo Nicanor Otamendi, el camino se hace de tierra y las malezas sólo permiten adivinar qué hay más allá.

Tras una serie de maniobras, la caravana se detiene en una tranquera con candado. “No podemos ingresar si Inspección General no constata que hay elementos contundentes para hacerlos o con la orden de allanamiento de la Fiscalía General”, aclara Jara.

A lo lejos, las luces de un vehículo transitan en sentido opuesto y con el paso de los minutos se ubican a pocos metros de la primera patrulla policial. Un joven a bordo de un Chevrolet Corsa balbucea unas palabras y, al detectar de qué se trata el despliegue, apaga las luces de su automóvil y regresa por donde vino. “Tomale la patente que se está escapando”, grita un miembro de la fuerza policial a lo lejos.

El correr de los minutos transcurre bajo un cielo repleto de estrellas y pocas respuestas concretas. El fiscal de turno precisa pruebas para aprobar el allanamiento y los policías buscan que la vecina que denunció la fiesta entregue los videos que supuestamente grabo y dé más detalles. En ese momento se hablan de 20 autos, de un flyer repartido en la puerta de un boliche del Sur y de un sinfín de razones para que la tranquera pueda ser traspasada.

“El fiscal entiende que no hay pruebas contundentes para que ingresemos y tiene razón. Es una propiedad privada y no podemos asegurar lo que creemos que allí está pasando. Nos vamos a quedar acá hasta que empiecen a salir los jóvenes para poder notificarlos por el artículo 205 del Código Penal y recabar información para saber quién organizó la fiesta”, cuenta el secretario de Seguridad.

En el COM, Jara especifica: “Tenemos un equipo de respuesta inmediata que está fija acá, haciendo base. Cuando llega la denuncia, la primera que va es una patrulla municipal sola. Va y chequea. Si es una fiesta de 30 personas va e intenta disuadir. Si es una fiesta chica, pocos autos, música, se toca timbre. Si es mucha la presencia es con la policía”.

En total, el 90% de las denuncias que ingresan cada noche se hacen por WhatsApp. En el COM -aseguran- se reciben alrededor de 30 por noche en la semana y más de 150 sólo los sábados y domingos por la madrugada.

A las 2.30, la camioneta regresa para el centro de la ciudad: en 3 de Febrero y Termas de Río Hondo se unificaron varias denuncias y el operativo procede en una casa de rejas negras. Allí, 22 personas son menores de 18 años y el dueño de la propiedad -mayor de edad- posee un arma de fuego. Él queda detenido y los menores a la espera de que algún adulto responsable pueda pasar a buscarlos.

“Los menores de edad deben ser retirados o nosotros los dejamos en sus casas si vemos que, pasado el tiempo, nadie viene a buscarlos. Minoridad dispone un transporte y se hace cargo de esta situación. Los chicos no pueden irse solos de ninguna manera”, concluye Jara.

Cerca de las 4, mientras 10 adolescentes mujeres que no superan los 16 años esperan por regresar a sus casas, parte del grupo policial y municipal recibe otra denuncia cerca de allí. “Vamos a parar a tomar un café en la estación de servicio de acá a dos cuadras, así también podemos ir al baño”, completa uno de los inspectores. La madrugada es larga.

Fotos: Christian Heit

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