La salida de más de 500 jóvenes de una casa de Punta Mogotes exhibió una dramática postal que fue registrada en dos videos. Todos ellos, menores de 30 años, eran parte de una fiesta clandestina que culminó el pasado miércoles a las 4:30, luego de la denuncia de un vecino. Las imágenes también generaron una serie de interrogantes, los mismos que por estas horas investigan las autoridades judiciales de Mar del Plata: ¿quiénes y cómo las organizan?
Esta práctica, de la cual hay registros en muchos sitios del país, es la principal preocupación del municipio de General Pueyrredón. El secretario de Seguridad, Horacio García, fue preciso al respecto: “No existe ningún control y comenzamos a ver una organización detrás de esto. Nadie chequea la edad de los chicos, nadie controla lo que se toma”.
Infobae se adentró en un mundo en el que nadie quiere dejar huellas. La primera premisa de la clandestinidad se basa justamente en eso: no hablar de más, no dar nombres, no compartir nada en redes sociales.
“Es un poco de todo, siempre es un amigo de un amigo que hace algo. O algún conocido. O en mejores amigos de Instagram también te promocionan. En la mayoría tenés que llevar lo que vas a tomar, muy pocas cobran”, dijo a este medio Mariana, una joven de 23 años que se encuentra veraneando en La Feliz.
Gonzalo, otro turista de 30 años, contó: “Mis amigos quizás alquilan una casa que da la capacidad para lo que queremos hacer, 30 o 40 personas. Contratar a un DJ puede costar entre $10 mil y $30 mil. Si la fiesta es grande podés llegar a contratar hasta tres. Tenés que alquilar el sonido y las consolas, que a veces las trae el DJ”.
El joven remarcó: “Te repito: lo importante es conseguir el lugar, el sonido y la difusión se pasa de boca en boca la difusión. En las que yo participo cada uno lleva su alcohol. Lo más importante es conseguir una casa que no tenga problemas con los vecinos. Esa es una fiesta más madura”.
Mariana reveló que “en las fiestas que sí cobran entrada el valor puede estar entre $500 y $1.000. Si ya es más importante, la joda puede costar $2.000 o $2.500. Siempre es la casa, quinta o campo de alguno de los que organizan. Ellos mismos ponen el sonido y el alcohol”.
Al igual que en muchos balnearios de la Costa Atlántica, en Mar del Plata se detectó que muchas de estas fiestas son en la playa y que planificarla no requiere de tanta coordinación: alguien que lleve parlantes, el alcohol corre por cuenta de cada joven y la zona suele ser alejada, con el objetivo de que el ruido de la música no alerte a algún vecino.
“Se da en la nocturnidad o en la madrugada; se dio también en lo que se conoce como ‘after’. El problema siempre es a la noche. Detectamos que muchas tienen venta anticipada y que son restrictivas para quienes no la obtienen por medios electrónicos. Muchas veces es así. Casi siempre tratan de que sea imprevisto, pasan la dirección sobre la hora. Y las hacen en viviendas alquiladas”, sostuvo García a este medio.
Para quienes son parte de ellas, el municipio les notifica que incumplieron el artículo 205 del Código Penal, el cual expresa que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
“Por supuesto se da que hay gente que invita a muchas personas a la casa y se le cuelan 30 más que son amigos de un amigo de un amigo. Pero vemos que muchas tienen un armado premeditado con un fin lucrativo, logrando vulnerar la salud pública”, detalló el funcionario marplatense.
Y enfatizó: “No tiene que haber fiestas clandestinas porque no existe ningún tipo de control. Una salida de emergencia es una escalerita que da a un altillo. Si hay un incendio es un Cromañón en cada casa”.
Quiroga manifestó otra preocupación, más profunda, que tiene que ver con los abusos sexuales denunciados y con las peleas que se originan en estas fiestas. “Acontecieron un montón de abusos sexuales, algunos se denuncian y otros no. Es un tema que siempre está rondando. Lo mismo las peleas, en donde se encuentran dos grupos o un mínimo roce de la noche puede provocarlo. Siempre decimos que en un bar, restaurante o boliche cualquier anomalía está controlada. Y si el empresario transgrede, el Estado tiene la posibilidad de sancionarlo”.
“Nosotros observamos y detectamos la responsabilidad de todos los actores. Algo que al principio estaba diluido, se miraba este tipo de eventos como una travesura. Bueno, nosotros marcamos que la responsabilidad es de quienes van al evento. Que hay gente detrás. Que hay una organización, con mucho dinero, con gente contratada”, sostuvo el secretario de Seguridad.
Y especificó: “En el plano penal la responsabilidad es individual. Solo tienen responsabilidad aquellos que hayan participado de la fiesta. En cuanto a quienes alquilan las propiedades, es decir los locadores, si notan que constantemente se llevan a cabo este tipo de fiestas también están implicados. ¿Cómo pueden decir que no sabían que ahí existía una actividad ilegal?”.
La ordenanza 23.353 de General Pueyrredón, promulgada en el Decreto Nº 1.860 que firmó el intendente Guillermo Montenegro, sanciona a quienes organicen estos encuentros con multas que llegan hasta el millón de pesos.
Desde el municipio informaron que en los últimas días desactivaron 13 fiestas clandestinas en distintos puntos de la ciudad. Estas se suman a otras 40 que se detectaron tras operativos realizados desde diciembre a la fecha, con el objetivo de evitar encuentros masivos en lugares cerrados que no cumplen con los protocolos establecidos.
“Nadie puede decir que esto no atenta contra la salud pública, terminemos con esto. Vamos a marcar a partir de ahora un grado mayor de responsabilidad real y con medidas más efectivas. Queremos que aquellos que participan sientan estos controles”, completó García.
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