El 2020 no sólo será recordado como el año de la pandemia en Argentina. Los incendios que sufrieron casi todas las provincias y la sequía extrema en algunas regiones, generaron un récord: se produjo un pico nunca antes alcanzado, al menos desde que se compila la información en 1999. Y para tener una idea de la magnitud de esos fuegos, hay que imaginar que la superficie total es equivalente a 55 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así lo detalla, un reporte realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN): “Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE, por sus siglas en portugués) este año es el de mayores focos de incendios para el país desde que recopilan información en 1999, sólo en tres años anteriormente se habían superado los 50.000, en 2003, 2004 y 2008, en coincidencia con el pico de precios agrícolas internacionales”.
Si se analiza la superficie provincial afectada por los incendios, durante 2020 y sólo hasta el 15 de noviembre, se quemaron en total 1.106.621 hectáreas, es decir, un 0,29% de la superficie total de Argentina. El 57% de la superficie quemada corresponde a las provincias de Córdoba y Entre Ríos, es decir que el 2% de la superficie de Córdoba y el 4% de la superficie de Entre Ríos estuvieron bajo fuego desde el inicio del año. Todo, durante la pandemia de COVID-19 que afecta al planeta.
“El total de la superficie quemada hasta esa fecha equivale a 55 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 veces el Parque Nacional Iguazú, a la superficie total de Qatar. Esta superficie representa el 6,5% de la superficie sembrada con soja y el 16% para la de maíz en la campaña 20/21”, detalla el reporte realizado por las investigadoras de FARN Ana Di Pangracio y María Marta Di Paola.
Los primeros focos de incendios que se registraron en el Delta del Paraná y cuyos humos llegaron a Buenos Aires, generaron que se volviera a hablar sobre una norma que el país aún no tiene: la ley de protección de humedales, que incluye el registro e inventario de estos lugares que funcionan como verdaderas esponjas de los ecosistemas al absorber el agua.
“Los incendios que arrasaron cientos de miles de hectáreas de humedales y bosques en todo el país, a lo largo de este año, pusieron de manifiesto la necesidad de retomar los proyectos de ley que, por tercera vez, se debatirían en el Congreso. Prácticamente todos los humedales del país sufren fuertes presiones ante el avance de los sectores minero, forestal, la ganadería industrial, la agricultura intensiva y las urbanizaciones, entre otros. Esta ley es una iniciativa ciudadana con ocho años de recorrido en el Congreso Nacional y ya ha obtenido dos medias sanciones por parte del Senado, en 2013 y en 2015, sin embargo nunca se sancionó”, dice Eyal Wintraub, de Jóvenes por el Cima, uno de los grupos que impulsaron esta agenda legislativa durante el año.
Los jóvenes recuerdan que la Ley de Bosques, sancionada en el año 2007, fue un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país. “Representantes de más de treinta organizaciones socioambientales entregaron en el Senado un millón y medio de firmas de personas de todo el país reclamando el urgente tratamiento de la norma. El amplio consenso de la sociedad respecto de la necesidad de abordar esta problemática, fue la que logró la sanción de esta ley”, indicaron.
Es por esta razón que desde distintos movimientos y organizaciones socioambientales de Argentina se lanzó una campaña que pretende alcanzar el millón de firmas antes de finalizar el año, exigiendo la pronta sanción de la Ley de Humedales.
Y la percepción no es equivocada. Una reciente encuesta realizada por Poliarquía Consultores, a pedido de la ONG Periodistas por el Planeta, 9 de cada 10 entrevistados respondieron que creen que la deforestación debe frenarse ya mismo.
Ante la pregunta concreta de si creen que las zonas desmontadas deberían ser aprovechadas para nuevas actividades económicas, sólo un 9% respondió que sí. En cambio, un 79% afirmó que hay que dejar que se recuperen los ecosistemas arrasados.
La encuesta, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo durante las dos primeras semanas de noviembre, tuvo como intención relevar el estado de la opinión pública respecto del medioambiente en general, los bosques, la deforestación y los incendios que han venido arrasando ecosistemas enteros en la mitad de las provincias de nuestro país en los últimos meses.
El estudio reveló que hay un consenso prácticamente total sobre los beneficios que brindan los bosques en el país. Un 92% de los consultados considera que los bosques son “muy importantes” o “bastante importantes”. A su vez, un alto porcentaje está al tanto de que se realizan desmontes (86%) y sabe que existe una ley que protege a estos ecosistemas (77%).
“¿Quién cree Ud. que es el responsable de que haya deforestación?”, se preguntó. Las respuestas: los gobiernos provinciales (28%); el gobierno nacional (22%); los tres niveles de gobierno —nacional, provincial y municipal— (31%). Si se toman en conjunto, queda claro que los argentinos entienden que hay una conexión entre la política (por acción u omisión) y el avance de las topadoras o los fuegos.
Nueva ley, pocos recursos
Si bien el Congreso sancionó una ley que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios, el fondo para la protección de bosques sigue sin tener el financiamiento que le corresponde.
El Presupuesto 2021 estipula un monto de $1.212 millones para proteger los bosques nativos, es decir apenas el 4,8% de lo que debiera asignarse de acuerdo con la norma que rige su protección. Argentina tiene más de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, por lo tanto este monto equivale a destinar unos $25 anuales a la protección de cada hectárea.
El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, reconoce los problemas que afronta la norma y considera que debe ser modificada. El ministro quiere reformar esa ley, eliminando la categoría verde, que aún permite deforestar de manera legal, y repensar el sistema de sanciones para tipificar como delito penal los desmontes ilegales.
Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina coincide con la importancia de ambos objetivos, pero cuestiona las formas, ya que considera que no es necesario reabrir el debate legislativo sobre la Ley de Bosques. “Si la ley se implementará plenamente tiene un enorme potencial. Por ejemplo, si se quieren prohibir los desmontes, la ley ya contempla esa posibilidad a través de los ordenamientos territoriales en las provincias”, sostuvo.
Presupuesto
El tema de los fondos y los presupuestos también debe revisarse a la hora de evaluar la prevención y lucha contra los incendios, según el informe elaborado por FARN. Desde el año 2017, el presupuesto para el Programa Acciones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (sin importar el organismo donde estuviera alocado ya que antes dependía de Seguridad y ahora, nuevamente de Ambiente) ha sido sub-ejecutado. “Entre 2017 y 2019, el 20% de los fondos no se ejecutaron, mientras que tan sólo a 2 meses de finalizar el año 2020, aún resta el 46% de ejecución del presupuesto anual (a noviembre). La sub-ejecución de fondos permanente en las partidas vinculadas al manejo del fuego se refleja en las metas planteadas en el marco del presupuesto. Así es como entre 2017 y 2019 sólo se cumplió con entre 35 y 66% de las horas de vuelo presupuestadas en la prevención y lucha contra los incendios”, detalla el reporte de FARN.
El objetivo que se cumplió con creces en 2017 y 2018, fue el de equipar brigadas regionales, salvo en 2019 dónde tan sólo 4 brigadas fueron equipadas a nivel nacional. Siempre según el reporte de la ONG, los niveles de presupuesto ejecutado, tanto en valores reales como nominales han tenido una mejora en el año 2020, ello responde a las reasignaciones presupuestarias frente a los incendios del Delta del Paraná y en la provincia de Córdoba principalmente. “Ello evidencia una respuesta reactiva frente a un problema que necesita soluciones activas y no soluciones al problema ya planteado, cuando la degradación del ecosistema ya ha generado pérdidas en los beneficios ecosistémicos que no podrán recuperarse y, si llegaran a hacerlo tomará décadas”, indicaron en FARN.
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