En un nuevo encuentro del Sistema Interinstitucional de Control de las Unidades Carcelarias, los miembros recibieron ayer a la directora Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Fiorella Canoni, a la comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, a la Asociación Pensamiento Penal del CELS y a la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Por su parte, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, quien preside el ente, destacó el contexto de crisis sanitaria, social económica e individual que se vive en el país. En ese sentido, detalló que esa situación afecta los derechos de todos; particularmente en lo que se refiere a la atención adecuada de salud en situación de encierro y también a la comunicación con la familia y con los abogados.
Hornos resaltó que frente a la crisis el rol del Poder Judicial debe desarrollarse y garantizar un mayor control de condiciones dignas de detención y la efectiva vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, como lo ordena la Constitución Nacional.
Además destacó la trascendencia de humanizar la administración de justicia penal y respecto del tema concreto de la readaptación, indicó su importancia para reducir la reincidencia de quienes cumplen la pena -en el año se produjo el agotamiento de unas 1300 condenas federales-.
Luego, Canoni explicó la manera en que se prepara a las personas privadas de su libertad para la reinserción al medio libre y el seguimiento posterior a la salida de la unidad.
La funcionaria explicó que el egreso de la Cárcel es considerado -paradójicamente- un momento crítico en el proceso de reinserción social, por ello desde la Dirección se procura dar asistencia y contención y en lo posible gestionar el mantenimiento de los vínculos familiares, afectivos y sociales, evitando así que la persona se incline otra vez hacia la actividad ilícita.
Según indicaron en el organismo, desde la Dirección de Readaptación Social, se implementan programas y proyectos específicos para la readaptación social dentro y fuera de las unidades penitenciarias federales de todo el país para personas privadas de su libertad, liberados y para sus familiares.
Canoni también se refirió especialmente a la situación de las mujeres privadas de la libertad, en cuanto a que para paliar las múltiples vulneraciones de derechos que estas situaciones representan tanto ellas como para sus hijos se viene implementando una serie de acciones que buscan favorecer no sólo el acceso al beneficio de la prisión domiciliaria, sino también el reforzamiento de la red vincular y la inclusión laboral.
Además, junto a la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal (DCAEP) se promueve que aquellas personas que recién se reintegran al medio libre formen parte de cooperativas de trabajo especializadas. Para ello, se brindan herramientas de capacitación para la inclusión sociolaboral como talleres de oficios y educativos.
También hizo uso de la palabra la doctora Mirta López González -quien integra el Sistema desde su conformación y actualmente se encuentra como Asesora en la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios- destacó la tarea llevada adelante desde la subsecretaria con los jóvenes adultos privados de su libertad.
López González señaló que también se está trabajando con las jóvenes adultas que se encuentran alojadas en la cárcel de Ezeiza, en un proyecto piloto sobre prevención y resolución alternativa de conflictos dentro de la Unidad, así como también en la generación de espacios de capacitación y formación para el medio libre.
De este modo, según indicaron en el ente, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles reafirma su compromiso con la sociedad, las personas privadas de su libertad y continua su trabajo en el aseguramiento de la vigencia de los derechos y valores fundamentales de la Constitución Nacional.
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