Aborto legal: expectativa y algunos “peros” en los feminismos tras conocerse la letra chica del proyecto de ley

Una promesa de campaña. Un compromiso público frente a la Asamblea Legislativa. Un día histórico. Alberto Fernández anunció este martes el envío al Congreso de un proyecto propio de ley de “Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”. Se inscribe así como el primer mandatario de la historia argentina en proponer el tratamiento de un proyecto que retoma una gran demanda de los movimientos feministas: ampliar derechos para que todas las personas gestantes puedan decidir de manera autónoma sobre sus cuerpos.

Elaborado bajo un absoluto hermetismo con aportes de los equipos técnicos interdisciplinarios del Ministerio de Salud, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el proyecto no solo apunta a dejar de perseguir penalmente a quienes interrumpen un embarazo, sino que enmarca la decisión en un modelo de salud pública que hace responsable al Estado de garantizar la práctica.

“La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública”, dijo Fernández en un mensaje de video a través de su cuenta de Twitter.

En un clima de inmensa algarabía y emoción, distintas especialistas en género compartieron con Infobae sus opiniones sobre algunos puntos de la letra oficial que se leyeron con lupa.

Desde Tucumán se manifestó la reconocida abogada Soledad Deza, integrante de Mujeres x Mujeres: “Creo que es un buen proyecto. Prevé la despenalización dentro de las semanas 14 inclusive, lo cual está en sintonía con lo esperado. Además, legaliza la prestación médica de interrupción voluntaria del embarazo ya que la coloca dentro de las obligaciones estatales a garantizar, con adecuación a la ley de los derechos de los pacientes como cualquier consulta de salud. Por otro lado, la autonomía progresiva está tal cual la prevé legislativamente el Código Civil y Comercial, con lo cual les adolescentes pueden decidir y consentir sin ningún tipo de complemento o apoyo los abortos no invasivos, es decir, que no pongan en riesgo la vida o salud. Y en la misma línea de plena capacidad para decidir y consentir, los mayores de 16 años”.

Los avances no impiden a Deza resaltar ciertos grises: “Otorga un plazo de 10 días desde el requerimiento para hacer efectiva la práctica, lo cual duplica al proyecto de la Campaña Nacional (que prevé cinco) y puede ser un riesgo si en ese lapso se supera la semana 14. Aunque en ese caso habrá obligación de no maleficencia médica para acortar ese plazo. La objeción de conciencia sí es un problema porque sabemos que es utilizada políticamente para vaciar de contenido la política pública que asegura el derecho a abortar. Ahora bien, le pone algunos límites como la urgencia y la atención pos aborto que no pueden objetarse, y lamentablemente nada dice de la obligación de informar. Sin embargo, prevé sanciones penales para quienes no deriven en legal forma y dilaten -a propósito del uso espurio de la objeción de conciencia - el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Y continúa: “Personalmente, hubiera preferido que la objeción no esté, pero entiendo que el problema de la objeción es la falta de supervisión estatal, así que en todo caso considero que de aprobarse con esta figura el Estado doblará sus esfuerzos en controlar adecuadamente que la objeción no se transforme en una maldición”.

Para Yamila Picasso, politóloga e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, también se trata de un buen proyecto pero destaca lo que, aún con ley, seguiría siendo objeto de penalidad: “El proyecto del Poder Ejecutivo penaliza a la mujer y persona gestante que abortara después de las 14 semanas y que estén por fuera de las causales (violación o riesgo de la salud), y nosotras de ninguna manera estamos de acuerdo con penalizar a ninguna mujer y persona gestante que abortara. A su vez, nosotras incorporamos un artículo que establece que dentro de los contenidos de la Educación Sexual Integral esté el aborto como un derecho humano”.

Por su parte, y con los sentimientos a flor de piel, la activista feminista de La Revuelta y Socorristas en Red, Ruth Zurbriggen, se detuvo especialmente en los fundamentos del proyecto: “Veo la centralidad de una política de cuidados integrales para quienes han decidido abortar. Se sostiene en un enorme plexo normativo garantista de derechos. Entre muchas primeras cosas, destaco algunos reconocimientos que podemos enmarcarlos en un sentido crítico de la política: nadie conoce la magnitud exacta del problema. Es que la clandestinidad es productora de eso. Importa sustraer a las decisiones de abortar del lugar silenciado. Darle entidad a esa experiencia y sin dudas la ley contribuirá a ello. El Congreso Nacional tiene la palabra. Ojalá salden esta enorme deuda”.

El paso a paso en el Congreso

Ambas Cámaras del Congreso Nacional se reúnen en sesiones ordinarias, inauguradas todos los 1° de marzo, que se extienden hasta el 30 de noviembre de cada año. Sin embargo, el Poder Ejecutivo está habilitado a convocar, como en este caso, a sesiones extraordinarias con un temario a tratar.

Mónica Menini, abogada e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, blanquea el tras bambalinas del procedimiento que se inicia con el anuncio de hoy: “En la última reunión que tuvimos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dejó en claro que la presentación del Ejecutivo era una condición para el tratamiento del tema aborto dentro del Congreso. Pero hablamos del proyecto más debatido de la historia. Luego de la enorme cantidad de exposiciones del año 2018, a la Cámara no le interese reabrir un debate público”.

Con la propuesta oficial ya circulando, la idea entonces será escuchar representaciones “verdes” y “celestes” en plenario de comisiones, sacar dictamen y llevar la votación al recinto en pocas semanas. Así lo explica Menini: “Por supuesto el proyecto de aborto de parte de un presidente es único, y el bloque oficialista lo esperaba para seguramente entregarnos votos positivos en las dos Cámaras”.

Lucha de larga data

En Argentina, la interrupción del embarazo es legal bajo el sistema de causales. Esto significa que desde 1921 las mujeres y personas gestantes tienen derecho a dar término a sus embarazos si representa un riesgo para su vida o para la salud, o si es producto de una violación.

La lucha de grupos feministas y del movimiento de mujeres por el derecho a decidir voluntariamente el curso de sus vidas instaló en la agenda social y política el debate del aborto y de las consecuencias del actual status legal.

En el año 2006, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, una alianza federal que incluye más de 600 organizaciones, elaboró colectivamente un Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en 2007 y en 2009. En marzo de 2010 contó ya con la firma de 50 diputados y diputadas de todos los bloques con representación en el Congreso Nacional. A lo largo de los años, en cada presentación se fueron sumando adhesiones y el apoyo de distintos sectores del arco político.

En 2018, luego de movilizaciones multitudinarias de punta a punta del país a favor de la autonomía y la ciudadanía plena de las mujeres, el gobierno de Mauricio Macri autorizó el tratamiento de la legalización del aborto en el Parlamento.

Fueron cuatro meses de sesiones informativas, 700 exposiciones en comisiones, que terminaron el 14 de junio con la media sanción de una coalición transversal de diputados y diputadas. La maratónica sesión de 23 horas fue acompañada en las calles por una vigilia verde que dejó en claro que ya no había vuelta atrás. El aborto había salido definitivamente del closet.

Con la aprobación en Diputados, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de la Campaña Nacional pasó a la Cámara Alta, y en la madrugada del 9 de agosto de 2018 fue rechazado por el Senado con 38 votos negativos y 31 a favor.

Finalmente, en 2019 se presentó por octava vez con las modificaciones que surgieron del debate parlamentario. Para ser tratado este año requería de dictamen de comisión antes del 20 de noviembre.

La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo entrará en debate con el texto de la Campaña, entre otros. De esta manera, de refilón, queda incluido el aborto legal, seguro y gratuito en la agenda 2020 del Congreso de la Nación.

El mapa mundial del aborto

Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés), durante las últimas décadas el mundo avanzó en la garantía del derecho de las mujeres al aborto con casi 50 países liberalizando sus leyes. En la actualidad, entonces, 970 millones de mujeres ─que representan el 59% de las mujeres en edad reproductiva─ viven en países que permiten ampliamente el aborto.

Parte de las reformas han sido graduales, con supuestos que lo habilitan en determinadas situaciones ─tal es el caso de Argentina en la actualidad─. Muchos otros cambios fueron totales transformaciones que revocaron las prohibiciones absolutas del aborto en favor de la autonomía reproductiva de las mujeres.

En diálogo con Infobae, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, pone luz sobre el mapa mundial del aborto: “Cincuenta países (entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Sudáfrica, Uruguay) han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto y a su atención posterior, reconociendo que el acceso sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. En más de 60 países, donde reside el 40% de la población mundial, rigen marcos normativos más tolerantes en relación con la legalidad del aborto. Por ejemplo, en diciembre de 2018 Irlanda del Norte despenalizó la práctica del aborto, y en marzo de 2020 el gobierno de Nueva Zelanda despenalizó el aborto durante las primeras 20 semanas de gestación”.

Belski despeja las dudas: “Hay una realidad que ya no se puede tapar: poner fin a un embarazo es una decisión que toman millones de personas. Todos los años, el 25% de los embarazos acaban en abortos inducidos en el mundo. La tendencia global está orientada a la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo y, además, considera que penalizar a una mujer es desproporcionado y discriminatorio. De aprobarse el proyecto, nuestro país se sumaría a los países que ya dijeron adiós a la clandestinidad”.

La Argentina dio hoy otro paso en la batalla contra el perejil. También contra las perchas, las agujas de tejer, las varas de mimbre y el yuyerío que, desde que el mundo es mundo, las mujeres usan para inducir abortos. Porque las mujeres siempre abortaron. Pero algunas, muchas, mueren con sus cuerpos invadidos de precariedad clandestina.

No hay grieta porque nunca fue aborto sí o aborto no. El aborto es… legal o clandestino.

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