Guernica después del desalojo: los que vuelven a dormir en la calle sin nada y el barrio que habla de vecinos “vivos” que obtuvieron un subsidio

Mónica tiene el mismo color de la tierra arrasada que pisa. La misma mirada triste del charco que formó la lluvia. Los hombros caídos como el paisaje desolador que la rodea. Volvió después del desalojo de Guernica para llevarse sus últimas posesiones, lo poco que le va a quedar de lo poco que tenía. Un colchón, algo de ropa, unas ollas... Igual a casi nada. Si hasta uno de los dos caballos que tiran del carro de su marido, justo el que tiene cataratas, huyó despavorido por los disparos. Hay dos camionetas de Defensa Civil que colaboran con ella y otro ocupante que regresó. Los apuran para terminar. La toma de Guernica terminó a la madrugada. Pero el drama de esta mujer de 43 sigue su marcha. Quizás no termine nunca. “Hoy lloré mucho, una banda. Me duele todo esto”, le dice a Infobae mientras sube una manta al carro.

A las cinco de mañana, poco después que la luz de todo el barrio se cortara, 4.095 policías bonaerenses a las órdenes de Sergio Berni, muchos llegados en 27 micros de larga distancia cumplieron la orden del juez de Garantías número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo: desalojar la ocupación ilegal de 130 hectáreas ubicadas entre los barrios San Martín y Numancia, en el sur bonaerense. Una decisión inapelable, pero los ojos de Mónica también acusan una terrible realidad: el déficit habitacional de la Argentina es de 3.600.000 hogares.

La mujer es delgada como las ramas que sostienen los plásticos de muchas de las improvisadas chozas que nos rodean, y señala un punto a unos 30 metros. “Ahí estaba yo, donde está el palo de luz, en la esquina. Era mi terrenito”. Mónica tiene siete hijos, cinco mayores y “dos que vinieron conmigo acá: Alejo de 13 y More de 11”. Antes de este hogar frustrado, al que se aferró con desesperación por más que sabía que tenía las de perder, su casa era un rincón debajo del puente bajo la autopista que une el Puente Pueyrredón con la 9 de Julio, sobre la avenida Garay en el barrio porteño de Constitución.

“Nunca tuve un hogar. A mi me tuvo mi mamá, me trajo a los ocho meses y de ahí me las arreglé como pude. Pero no me drogo, el único vicio es el cigarrillo. Estuve 8 años en situación de calle. Mi marido estaba privado de su libertad. Fue mucho tiempo, y la pasé muy mal. Por no dejar que toquen a mis hijos, fui abusada por personas que estaban en mi misma situación… La vida me golpea y me golpea. Estoy triste, no tengo ganas de nada. ¿Si tengo sueños? Si, tener mi casa. Pero me parece que voy a vivir toda mi vida con ilusiones, porque nunca se me hacen realidad”, parece que se rinde.

Llegó a Guernica hace dos meses, después de una operación que le hicieron en el Hospital Argerich. “Tengo 25 puntos, me sacaron una costilla por un tumor que tenía pegado”. A la toma la vio en la tele, dice. “Había ido a un bar donde me dejan bañar a mis hijos, porque aunque estemos en la calle quiero que estén limpios. Vi que había un lugar y vine”. Tampoco la pasó demasiado bien, y acusa duramente a quienes dirigieron la toma. “Hace tres días que no como, porque acá las organizaciones son un desastre, llevaban la comida para afuera. No quiero saber nada con ellos. No me dieron nada, ni botas, ni piloto. Cuando llovió se nos mojó todo. Nunca vinieron a ver si necesitábamos algo. Estuvimos a pulmón, los cuatro. Nadie nos dió una mano”.

-¿No les daban nada de comida?

-Acá hacían comida, pero cuando ibas a buscar decían que no quedaba más. La de al lado de mi casa era la manzanera, la delegada. Y nunca me avisaba… La otra vuelta bajaron un montón de verdura, y los mismos que trabajaban con ellos se la llevaron para la calle. Se quedaban con bidones de agua. Y no me dieron ni una cebolla. Igual no quiero nada de ella. Mirá lo que le pasó: la agarraron tres mujeres a la salida de acá y le pegaron porque se quedaba con la mercadería de la gente. Por mala le pasó… Acá la gente tiene hambre de verdad".

-¿Te ofrecieron plata para que te vayas?

-Plata no. Me ofrecieron llevarme a un parador. Y no quiero. ¿Sabés por qué no? Cuando me abusaron en Constitución nunca me vinieron a ver para llevarme a ningún lado. ¿Y ahora sí? ¿Para que me tiren como un trapo de piso a la calle? Primero te dicen así y después te largan a la calle. Y es mentira lo de los 50 mil pesos, 20 mil les daban. ¿Qué hacés con eso si no tenés ni un terreno…? Yo cobro la asignación y otra ayuda. Con eso llego a 16 mil pesos, no alcanza para nada. Estoy muy enojada con la justicia, con la vida.

En la madrugada, Mónica dice que tuvo miedo. “Me hicieron correr para todos lados. Fue una cosa de locos, entraron a los escopetazos, se llevaron presos, hubo heridos. Jamás pensé una cosa así. A mi hija no la podía encontrar por ningún lado…”. Mónica termina de cargar sus cosas y se va. Irá, cuenta ya partiendo, “a la casa del compadre de mi marido, por un par de días. Ya estuvimos ahí, pero es su casa… Y él alquila. Acá muchos me pidieron el teléfono, espero que alguien me ayude”.

El caballo se empaca, corcovea aún atado al carro. Quiere quedarse allí. Al final, el marido de Mónica se apea y lo lleva de la rienda, caminando adelante en el barro.

A su lado, Alejandro Bordón, un muchacho de 26 años, también se empeña en cargar una de las camionetas de Defensa Civil. Acomoda como puede un triciclo y un muñeco de sus hijos, una sartén y unas tarteras que hacen equilibrio sobre una madera, un colchón... “Desde el 20 de julio estoy acá. Hace 8 meses que salí en libertad, y me fui a vivir a lo de mi cuñado. Pero tuve una disputa con él, pintó lo de la toma y vine a agarrar un terreno. Y ahora estoy llevándome las pocas cosas que me quedan”.

Estuvo preso en San Martín ocho años y seis meses, cuenta. Y añade que tiene cuatro causas pendientes. Es de Fuerte Apache, “pero me tuve que ir de ese barrio, tengo mucho bondi ahí…”. Cuando comenzó el desalojo estaba con su mujer y sus dos hijos, de 1 y 2 años.  “Nos entraron a reprimir. Pedí que me dejaran agarrar las cosas de mi hijo, lo quisieron tomar del brazo y lo dejé que se vaya corriendo”.

De repente, Alejandro se afloja y llora como un chico. “Estoy en la calle. Me duele por mis hijos, que tengan que vivir lo que yo viví, que siempre estén con una mano en el corazón pensando si tenés o no para comer, si se va a levantar vivo… ¿A usted le parece que tenga que salir a robar para  que un hijo pueda comer? No es así, es una re injusticia… pero hay un Dios que lo mira todo. Mi vida fue la delincuencia, pero ahora me encuentro en este lugar porque intento cambiar de vida por mis hijos, para decirles que no tienen que ir a robar. Pero el Estado no nos ayuda nada… Nos hunde más. En plena pandemia, buscás trabajo y porque tenés causas te dicen que no… Hay mucha gente que tiene mucha necesidad. Disculpá las lágrimas, pero tengo el corazón partido al medio…”.

La camioneta arranca. Dobla la esquina de la próxima calle, trazada entre estacas y alambres. El suelo fangoso hace rebotar al vehículo. El triciclo, la sartén y las ollas caen, se desparraman. Alejandro baja, las trata de volver a acomodar, aunque no encajen en el espacio de la chata. La escena se parece demasiado a su vida.

Es difícil mirar a los ojos a un hombre tan endeble, tan caído, y juzgarlo con la vara del que supo cómo vivir. Acá, en la toma de Guernica, todos caminan como equilibristas, sobre un alambre que oscila entre lo legal y las necesidades más elementales. Y algunos saben sacarles partido. Se aprovechan.

En los dos barrios que circundan el enorme terreno, todo es silencio. O, por lo menos, casi nadie quiere dar la cara ni decir el nombre a cambio del testimonio. Una joven de Numancia, que vive a pocas cuadras, estuvo en la toma y ahora acarrea un horno destartalado junto a su familia, habla de un tal “Boquita, que vendía terrenos ahí mismo a 300 mil pesos porque dice que siempre cuidó que nadie entrara a los terrenos”. En uno de los muchos almacenes que brotan -alrededor de uno cada dos manzanas- aseguran que “acá cerca vive uno que tiene una casa de dos plantas, que cobró lo que les dieron y se la llevó… Es que muchos estaban en la toma durante el día y a la noche se iban a dormir a la casa”.

Se refería a una de las últimas cartas que jugó el gobierno provincial para desactivar la toma, que involucró -estimaron- 1.400 familias y 4.417 personas. En un acta de 12 puntos que el ministro de Desarrollo para la Comunidad Andrés Larroque llevó a los referentes de la usurpación, sostenía que, además del subsidio de 50 mil pesos mensuales, “se ponen a disposición dispositivos de transición abiertos —uno de los cuales tiene una dimensión de aproximadamente cinco (5) hectáreas y que en total poseen una superficie cercana a las 11 (once) hectáreas y media–, situados en el partido de Presidente Perón y destinados al alojamiento transitorio de las familias reubicadas. A su vez, se proporcionan 2 (dos) dispositivos cubiertos para el hospedaje de las personas en situación de especial vulnerabilidad. En los espacios receptores para alojamiento temporal se garantizarán servicios sanitarios, así como provisión de luz, agua potable, alimentos y una posta sanitaria”. Según Larroque, el 80 por ciento de las familias aceptó ese trato. Quedaban entre “150 y 200 familias”. Pero en el momento en que trascendió el monto del subsidio, mucha gente ingresó al predio ocupado. Quizás por eso el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni -sector que copó políticamente la toma- dijo que en realidad, quedaban 1000 personas. Finalmente, los sectores más radicalizados de la usurpación no aceptaron. El compás de espera propuesto por el gobierno se cumplió el miércoles 28. Sin solución, el juez determinó el desalojo. Y se llevó a cabo.

Nicole vive en el barrio La Lucha, también cercano a la toma, sobre la ruta 210. Ella, cuenta, era “estudiante de enfermería en la UBA, y perdí un trabajo cuando empezó la pandemia”. Estuvo prácticamente los tres meses que duró la ocupación, junto a su pareja. Fue una de las referentes de la toma, y estuvo en las reuniones con Larroque. Ella le envió el acta -que se reproduce más arriba- a Infobae. “Le pedimos transparencia en el acta, y fue ahí cuando dijeron ‘acá no arreglamos nada, desalojen’. Nosotros quisimos llegar a un consenso”. Después del operativo policial, fue una la que amenazó con “prender fuego la casa de Gobierno”. Cuando habló con Infobae, señaló: “Me arrepiento de haber dicho eso, estaba muy caliente. Sigo enojada con el gobierno, pero obviamente no voy a ir a prender fuego nada”.

Una mujer llora en la esquina de Islas Malvinas y Manuel Belgrano, fuera del predio de la toma ilegal. La tarde comienza a apagarse y ella acurruca una mochila y un termo. Se llama Gloria, es paraguaya, tiene 60 años y tiene una casa (“un ranchito”, dice) a pocas cuadras, en el barrio San Martín. Sus hijos, que alquilan allí, tomaron parcelas en el predio. “Pero acá vinieron de todos lados: de Quilmes, de Lomas, de Varela, de Moreno.... El es albañil y ella empleada, y cuando se iban a trabajar, me quedaba ahí adentro, haciéndoles el aguante”. Según cuenta, les ofrecieron dinero, pero no aceptaron. Aunque enseguida aclara: “Nadie te va a decir que agarraron…”. Es que 50 mil pesos, en el barrio, puede ser una fortuna.

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