Tiene 15 años, desafió la tradición gitana al enamorarse de un “criollo” y logró un novedoso fallo al revelar que fue forzada a casarse contra su voluntad

En la comunidad gitana, la compra de la novia es la práctica más habitual para concretar un matrimonio. No importa que la mujer sea menor de edad. Lo único que se tiene en cuenta es el consentimiento de sus padres y que se cumpla con lo “apalabrado” ante la familia que pagará la dote. El elemento más importante de una boda zíngara es la prueba de la virginidad de la novia, por lo que sus familiares tienen la obligación de vigilar su conducta para asegurarse de que llegue virgen al altar.

Durante la década del 90, una gitana “tenía un costo” de entre 20 y 25 monedas de oro, lo que sería un poco más de 20 mil dólares. Pero hoy, esos valores distan mucho de aquella realidad y arrancan en $50 mil.

La peor vergüenza que pueden experimentar los gitanos es que sus hijas se enamoren de un “criollo” y no respeten la tradición. Quedarían denigradas dentro de la comunidad y sus familias no podrían recibir la tan ansiada compensación económica a cambio de un casamiento forzado.

De acuerdo al último Censo Nacional, en la Argentina existen unos 300 mil gitanos que siguen a rajatabla esas costumbres y son muy pocas las jóvenes que se animan a denunciar esta trata de personas encubierta.

Zulma (nombre ficticio para preservar la identidad de esta menor de edad), una adolescente de 15 años que vive en el Barrio Athuel de la ciudad pampeana de Santa Rosa, fue una de ellas. Es que, tras intentar rebelarse a ese mandato cultural, fue víctima de una boda arreglada de urgencia por sus padres, al enterarse de la transgresión de la joven.

“Me obligan a casarme con alguien de mi comunidad pero yo estoy enamorada de otro hombre con quien ya tuve relaciones sexuales”, le contó Zulma a una trabajadora social que la asistió en un puesto sanitario de su barrio, el 8 de mayo.

Sorprendida al ver el cuadro de angustia que tenía la joven, la profesional se comprometió a hacer un seguimiento del caso y le dijo que la visitaría tres días después en su domicilio. Pero al llegar se encontró con que Zulma ya no vivía más ahí porque se había casado y mudado a la casa de su nuevo esposo, también gitano. “No puedo hacer nada porque forma parte de nuestras tradiciones familiares”, se excusó la madre.

Alertada por la situación, la trabajadora social presentó una denuncia el 12 mayo ante el Área Género, dependiente de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de Santa Rosa. En función de ello, se ordenó el allanamiento en la vivienda donde se encontraba la niña para rescatarla y para que un equipo técnico la entrevistara e indagara sobre lo sucedido.

Allí, la Policía de La Pampa comprobó que Zulma estaba durmiendo en la misma cama con un joven de 19 años y secuestró una chalina de color rojo con bordes dorados, que acorde a la tradición gitana significa que las mujeres están casadas. También incautó el teléfono celular del acusado para determinar si había intercambiado mensajes con los padres de la adolescente para concretar el matrimonio.

Los profesionales que la examinaron coincidieron en que había “indicios de maltrato familiar, estado de vulnerabilidad subjetiva y social, factores de silenciamiento y condicionamiento en su relato y riesgo psicofísico, entre otras cuestiones”, contaron a Infobae fuentes cercanas a la investigación. Incluso, la trabajadora social señaló que la joven “desconocía sus derechos y que se encontraba presionada por los mandatos gitanos”.

Sin embargo, el 8 de julio de 2020 el titular del Juzgado Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, resolvió archivar las actuaciones por considerar que no existía delito. “Más allá de que esa circunstancia obedezca a un matrimonio celebrado bajo la tradición gitana … no se han obtenido pruebas o indicios de que la joven se encontrase obligada a tal situación”, sostuvo el Magistrado.

Esa resolución fue recurrida un mes después ante la Cámara Federal de Bahía Blanca por el representante del Ministerio Público Fiscal, Leonel Gómez Barbella, con el patrocinio de los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) , Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, por entender que no se había realizado una investigación a fondo. Y el fiscal subrogante ante aquella Cámara, Horacio Azzollín, mantuvo y fundó el recurso.

“Las medidas de prueba ofrecidas en la apelación son claramente pertinentes y demuestran que lo resuelto es decididamente prematuro, e incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino para evitar y, si corresponde, reprimir la trata de personas. No ha existido actividad investigativa”, sostuvo Azzolín.

A partir de ese recurso, la Sala I de la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó “por prematuro” el fallo del Juzgado Federal de Santa Rosa y ordenó que continúe la investigación por el presunto matrimonio forzado de la adolescente.

“Se trata de un fallo novedoso pero hay otros procesamientos similares en el país al respecto. En parte, notamos que los casos que se iniciaron últimamente cuentan con la denuncia de las víctimas o bien con un pedido de ayuda que ellas mismas realizaron a algún allegado”, admitió a Infobae la fiscal Mángano de la Protex.

Lo también novedoso es que es la justicia ordinaria y no la “justicia gitana” la que está mediando en este caso. Por costumbres ancestrales, la comunidad se mueve con sus propias leyes y también tienen sus propios tribunales para resolver los conflictos. Los ancianos, que son los más respetados y responsables de cada comunidad, son quienes determinan cómo se debe actuar y sus órdenes nunca son cuestionadas.

Lo que también está bajo investigación es si la familia entregó a su hija por plata o a cambio de algún otro bien material. Esto todavía no está muy claro.

El artículo 145 bis del Código Penal sanciona a quien ofrece, capta, traslada, recibe o acoge una persona con la finalidad de explotarla, y bajo esos delitos se encuadran los matrimonios forzosos o las uniones de hecho coactivas.

Por eso, la historia de Zulma puede convertirse en caso testigo para poner fin a los posibles delitos cometidos bajo la cobertura del mandato cultural que las mujeres gitanas están obligadas a cumplir.

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