El juez de garantías Ricardo Calcagno desestimó un pedido para desalojar a las personas que se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lof Gallardo Calfu y que se encuentran ocupando un campo privado en el paraje El Foyel, cerca de la ciudad de Bariloche.
De esta manera y de acuerdo con lo que informaron los medios locales, el magistrado rechazó la solicitud del fiscal jefe, Martín Lozada, su par de El Bolsón, Francisco Arrien, y el abogado de la querella. Por su parte, la familia propietaria de este terreno permanecía cautiva dentro del predio, ya que los usurpadores no los dejaban salir del lugar.
En contrapartida, Calcagno sí hizo lugar al planteo de Lozada y Arrien para que se declare “en rebeldía” a dos de los ocupantes ilegales que no se presentaron a la última audiencia a la que se los convocó para que les lean los cargos en su contra, por lo que ambos tienen pedido de captura, según publicó el portal Río Negro.
Este encuentro estaba pautado para las 15:00 de este viernes, pero se aplazó varias horas para darles tiempo a los líderes de este grupo mapuche, identificados como Blanca Rosa Gallardo y Juan Carlos Oyarzo, para que se acercaran hasta el juzgado de Paz de El Bolsón. No obstante, ninguno de los dos se presentó.
En tanto, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, cuestionó la usurpación y advirtió que “tiene que quedar en claro” que se trata de “un delito”. Además, pidió no confundir a estos ocupantes con “las comunidades originarias pacíficas que trabajan por el bien de la gente” y alertó que “se confunde la reivindicación de las tierras con estos hechos, a partir de debates ideologizados”.
Todo comenzó el jueves pasado, cuando unos 40 miembros de la comunidad mapuche conocida como Lof Gallardo Calfú ocupó ilegalmente este campo privado de la localidad rionegrina de El Foyel, ubicada a unos 70 kilómetros de Bariloche.
A través de un comunicado, aseguraron que sus ancestros “fueron estafados por un empresario” de esta ciudad y reclamaron la propiedad de las tierras: se trata de un espacio de 370 hectáreas que pertenece a Martín Soriani y a su familia, quienes ya presentaron una denuncia por usurpación y aseguran que cuentan con toda la documentación en regla.
Al respecto, la gobernadora Carreras dijo conocer a las personas perjudicadas y precisó que “tienen el título de propiedad, porque durante años pagaron esta tierra que es de origen fiscal, y con mucho esfuerzo impulsaron su producción”.
“Es una familia emprendedora, de esas que queremos tener en nuestra región porque nos ayudan a salir adelante. Es gente de bien, comprometida con el desarrollo de la Patagonia”, precisó la mandataria provincial.
Además, remarcó que su administración trabaja “todo el tiempo” con las comunidades autóctonas de la región, “en su asistencia y su desarrollo”, pero siempre que sean “pacíficas”, por lo que consideró que "es muy triste que se confunda a una comunidad originaria que trabaja por el bien de los suyos, con un grupo de personas que comenten este tipo de delitos”.
“Nosotros vamos con la ley en la mano. Estas personas van de hecho. Para garantizar el Estado de Derecho, los actores de ese Estado deben seguir los pasos judiciales. Esto, nos guste o no, es nuestra obligación y son los derechos que asisten a la sociedad para demostrar que hay garantías legales y no hay abusos”, sostuvo.
Por último, Carreras marcó que hay diferencias entre esta ocupación y las registradas en El Bolsón y Villa Mascardi, en principio porque las tierras de El Foyel son privadas y por eso tiene injerencia la Justicia provincial, a lo que agregó que por ese motivo van “a poder avanzar mucho más rápidamente”.
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