Martha Rosenberg: “En situación de pandemia, legalizar el aborto es más urgente que nunca”

Hablar de la urgencia por legalizar el aborto en nuestro país en medio de una pandemia global sin precedentes no debe sonar contradictorio: los tiempos de confinamiento obligatorio recrudecieron las restricciones al acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva, y la atención de las consecuencias de los abortos ilegales aportan a la ya desmedida sobrecarga del sistema de salud.

En ese marco y en sintonía con la previa del Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito difundió una carta que exige a las y los decisores políticos que en 2020 se apruebe el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En diálogo con Infobae, la médica y psicoanalista Martha Rosenberg, pionera y activa integrante de la campaña, comparte por qué es prioridad despenalizar y legalizar el aborto en el actual contexto de emergencia sanitaria. Qué juegos políticos son las que, todavía, obstaculizan poder consumar el derecho a decidir; la gran deuda de la democracia.

-Desde la Campaña dicen en la carta que es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario en 2020. ¿Por qué?

-Es más urgente que nunca legalizar el aborto en este momento. No solo porque garantiza los derechos humanos de las mujeres a la salud y a las decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, además es importante para el sistema de salud. Teniendo en cuenta la situación de pandemia y lo que significa para la salud de toda la población, sería contradictorio sostener que el aborto voluntario es un tema de salud pública pero mantener la clandestinidad. Porque lo que crea el problema de salud pública es la práctica del aborto de manera ilegal e insegura, al poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres y de las personas gestantes.

-¿Qué dicen las estadísticas sobre la mortalidad de las personas gestantes en los países donde el aborto es legal?

-Está demostrado que en los países donde el aborto es legal -y tengamos en cuenta que el 64% de la población mundial vive en países donde el aborto es legal-, la mortalidad es prácticamente inexistente. Y la morbilidad, que son las complicaciones o enfermedades que se producen durante la gestación, parto o puerperio afectando la salud de las personas gestantes, también es mucho menor.

-El presidente Alberto Fernández ha manifestado que ahora el sistema de salud está ocupado con la pandemia y no quiere distraerlos.

- El argumento de la sobrecarga del sistema de salud es de doble sentido, porque justamente el sistema de salud tiene que hacer frente anualmente a entre 39 y 40 mil internaciones por complicaciones del aborto, y los abortos se complican porque son clandestinos, hechos en malas condiciones. La legalización del aborto sería una herramienta muy importante que descomprimiría una ocupación importante de los hospitales. El aborto legal actualmente es un aborto medicamentoso y se hace de manera ambulatoria. La mujer hace el aborto en su casa y es monitoreada, atendida, cuidada a distancia por el sistema médico. Entonces, en términos de recursos económicos, es también mucho más barato el aborto legal que las complicaciones por el aborto clandestino.

-Las mujeres no dejan de abortar en épocas de Covid-19.

-La historia demuestra que las mujeres no dejan de abortar cuando el aborto no está protegido por el sistema de salud. Pero es una cuestión de salud pública que se crea por la ilegalidad y la clandestinidad. Y lo que se sostiene es una misma política de Estado: con todos los gobiernos de todos los colores lo que ocurre siempre es la postergación. Nunca es el momento de legalizar el aborto.

-Desde el Gobierno también se expone que no están dadas las condiciones, en un contexto de pandemia, de enviar un proyecto de ley que requiere que el Ministerio de Salud lo sostenga y fundamente en el Congreso. ¿Qué opinión le merece este planteo?

-El tema es político. Las resistencias y los obstáculos que se plantean para la legalización del aborto están en este momento desatados por una ofensiva muy fuerte de las derechas conservadoras, religiosas, patriarcales. En Argentina, pero también en América latina y en todo el mundo. Una ofensiva que se expresa claramente contra el derecho al aborto, pero también contra la educación sexual integral y la interrupción legal actual del embarazo, que es la que determina el Código Penal desde hace noventa y pico de años.

-¿Esos sectores son los que influyen para que el Gobierno postergue la ley?

-Los sectores antiderechos siempre han intervenido, pero en estos momentos tienen mayor injerencia en la implementación de las políticas sociales del Estado, que están tan exigidas y son tan necesarias. Y son las alianzas y los compromisos políticos que el Gobierno establece con esos sectores los que impiden poner en discusión el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

-El Poder Ejecutivo espera enviar al Congreso su propio proyecto para la legalización de la Interrupción Voluntaria de Embarazo, aunque la propuesta de la Campaña tiene aún estado parlamentario y cuenta con el impulso de más de 700 organizaciones del país.

-El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito está muy trabajado. Ha sido elaborado colectiva y socialmente, con foros que se han hecho en el país. Además, tiene media sanción de Diputados y se modificó de acuerdo al debate parlamentario del año 2018. Es decir, no es un proyecto improvisado y merecía ser apoyado. El hecho de que se presente un proyecto propio tiene que ver con efectos de disciplinamiento político. Evidentemente, si el Presidente presenta un proyecto el bloque del Frente de Todos lo va a apoyar de manera diferente que si tiene que discutir el proyecto de la Campaña.

-Es un juego político...

- Sí, es un juego político muy complejo porque el derecho al aborto se transformó en un espacio de discusión y tiene el apoyo de enormes fuerzas sociales y políticas en la Argentina. No es un tema que atañe solo a las mujeres, atañe a toda la sociedad. Queremos que el aborto sea legal este año y es muy urgente.

La Carta abierta de la Campaña

Este 28 de septiembre, Día por Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigimos a las y los decisores políticos que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B. de la Matanza, Ivana de Formosa, y tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo.

En Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como tortura. Se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo -contemplado en el Código Penal desde 1921-, a la salud integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias.

Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios. Las presas por abortar sufren la estigmatización y las rejas que disciplinan su decisión. Sin contar con la atención adecuada, son sometidas a maltratos por profesionales de la salud que actúan en complicidad con agentes de la Justicia, la policía y los medios de comunicación.

En este contexto de emergencia sanitaria se profundizan los obstáculos en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva. Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza. Por eso: es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario. La penalización del aborto contempla una sanción discriminatoria hacia quienes podemos quedar embarazadas sin desearlo, lo cual contradice los tratados contra la discriminación por género a los que Argentina suscribe.

La negativa a sancionar la ley que reclamamos, y la insistencia en sostener un marco jurídico que cotidianamente muestra sus limitaciones, pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud.

En la pandemia los abortos son una urgencia real que debe atenderse. Nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente.

Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir.

Este 2020, Sr. Presidente, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados: ¡EXIGIMOS ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO YA!

Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Coordinadora de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización y la Legalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe #AbortoLegal2020

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