Ilda Bénitez de 34 años, de nacionalidad paraguaya, antes de que comenzara la pandemia trabajaba como empleada de limpieza en un departamento en Belgrano R con cama adentro. La dueña del lugar era una jubilada que sufría de diabetes. En los primeros días de marzo, cuando el primer contagiado por coronavirus se registró en el país, Bénitez intuyó su futuro cercano. A los pocos días la jubilada le pidió que no regresara debido a su condición de riesgo frente a la enfermedad y además le dijo que hasta que todo no volviera a la normalidad no le iba a poder pagar más.
Bénitez, entonces, volvió a su pieza alquilada en Quilmes, donde vivía junto a su pareja y su hijo de un año. A su esposo le pasó algo similar. El hombre hacía refacciones, trabajaba de changas para sortear el día a día. Así los primeros meses de la cuarentena fueron cuesta arriba, con la pieza que costaba 5 mil pesos semanales. Con los primeros cobros de las IFE lograron resistir, pero rápidamente el dinero se acabó. No pudieron pagar más la habitación y los echaron.
Hace poco más de dos meses le llegó el rumor de que se estaban tomando tierras en Guernica. Bénitez vio una oportunidad para conseguir un terreno para su familia y allí se dirigió.
Desde el primer día de la toma, Bénitez se apostó en un terreno en el llamado barrio “20 de Julio”, nombre que se le dió porque esa jornada se produjo la ocupación, a la espera de hacer propia esa parcela tierra. Sin embargo, su ilusión se hundió tras la orden judicial que estableció el desalojo del lugar.
“Es una pena que nos quieran desalojar, no queremos eso, queremos la tierra para nuestra familia. Queremos un hogar lindo, yo tengo un bebé que lo dejé en lo de un familiar y no lo puedo traer a dormir debajo de la carpa”, le contó a Infobae Benitez, parada sobre la parcela que tomó, una de más de 2300 en el predio de 100 hectáreas.
Al igual que Bénitez, los ocupantes saben que su situación es complicada. Muchos están dispuestos a pelear por esa tierra mientras otros aceptarían irse pero antes reclaman un terreno a cambio.
El conflicto está abierto y el tiempo corre. El desalojo se fijó para el 1º octubre, fecha que el juez Martín Miguel Rizzo entendió como “improrrogable”. Mientras tanto, con el fiscal Juan Condomí Alcorta decidido a evacuar el terreno, la gobernación provincial trabaja en un plan de reubicación en el que varias partes tienen que ceder.
Si esto no ocurre, la Policía Bonaerense tiene la orden de comenzar el desalojo con un resultado incierto.
“Acá es muy complicado. El sol te pega todo el día y de noche hace mucho frío. Casi no duermo. Armamos un fuego para calentarnos, pero es muy difícil. También tengo que proteger el terreno de otros que andan dando vueltas por te lo quieren sacar”, relató la mujer: "Sin una vivienda no podemos salir de acá. ¿A dónde nos vamos? El alquiler no lo podemos pagar más”, concluyó Bénitez.
Según el censo que realizó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense hay 2.344 parcelas, de las cuales 440 están deshabitadas, y 1.904 grupos de familias, quienes indicaron que allí viven 2797 menores. Luego, acerca de la situación laboral de los ocupantes, los mayores respondieron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y 20 jubilados, pensionados o con discapacidad. Sobre su procedencia, no todos respondieron, sólo se reveló que 840 personas son de Guernica y 258 aseguran ser de Almirante Brown, Gregorio Laferrere, Lomas de Zamora, Quilmes y Esteban Echeverría.
Al menos 800 no contestaron sobre su procedencia.
“Yo trabajaba en una panadería en Lomas de Zamora, no tenía donde dormir, la verdad. El patrón me dejaba pasar la noche entre las máquinas. Hasta que escuché que se había tomado este terreno y me mandé. Tengo una hija”, contó Braian Morel de 20 años.
“Llegué con una bolsa de arena, le clavé cuatro palos y me hice mi lugar, pero en ese momento la situación estaba más complicada porque había bandas que te querían robar la tierra entonces había que plantarse y quedarse, pero eso ya quedó atrás”, explicó Morel, quien está allí desde el 21 de julio.
El terreno se fue ocupando de a poco. Primero fue el sector “20 de julio” después el resto de los barrios: San Martín, La Lucha y La Unión. Las zonas se subdividen a partir de zanjones de agua podrida. Apenas unos precarios puentes los unen. Su fisonomía es idéntica, cuadrados de tierra delimitados por cables sostenidos por palos de madera y dentro se ubica la casilla: dos palos atados a una bolsa de nylon, en algunos casos. Otros construyeron cubículos de chapa en un espacio de dos por dos.
Por otra parte, hay casillas más estructuradas en los barrios que tendieron puentes literales sobre las zanjas, hechos con madera. Hay un tendido precario de luz, clandestino, pero no en todos los barrios. En otros puntos se ven cimientos construidos con cemento.
Las construcciones precarias, muchas veces de tres palos con nylon, están vacías, sin ocupantes, pero quedan como seña: son la marca de que alguien ocupó el lugar, en una toma que fuentes en el Gobierno entienden como “dinámica”, donde no todos están todo el tiempo.
Por otro lado, el censo también lanzó las razones de porqué ocuparon el predio. Allí, respondieron 1810 personas. De esas, 1.544 alegaron desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler, 183 argumentaron conflictos familiares, 32 estar en situación de calle y 51 alegaron que sufrieron una situación de violencia de género por la que tuvieron que irse de su casa.
Como el caso de Mariana, de quien no se dará su verdadero nombre debido a que existe una causa judicial. La mujer, según contó a este medio, tuvo que huir de su casa porque “su ex pareja casi la asesina”.
Según relató, ella vivía en Quilmes cuando comenzó la cuarentena junto a su esposo y sus tres hijos. Tras varios hechos de violencia, el hombre una noche casi la mata a golpes. Mariana escapó de la casa con sus hijos. Le realizó una denuncia y la Justicia ordenó una restricción perimetral.
El hombre no podía acercarse. Mariana estuvo en la casa de sus padres durante algunos días, hasta que vio las noticias sobre la toma y se decidió a ir. Hace un mes que se instaló en el barrio 20 de julio. La mujer no está dispuesta a entregar su terreno sin nada a cambio. “Hasta que no nos aseguren un lugar a donde ir de acá no nos vamos”, sostuvo.
La situación es crítica debido a que el tiempo corre. Hay rumores en la toma de que gente de la zona entra al predio y vende los terrenos, con dos detenidos por una acusación de este tipo. Los ocupantes, por lo pronto, están dispuestos a resistir mientras el Gobierno bonaerense intenta negociar su reubicación.
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