Elizabeth Gómez Alcorta: “La decisión del Presidente sobre la ley para despenalizar y legalizar el aborto es inquebrantable”

Según el Observatorio de La Casa del Encuentro, desde que se decretó la cuarentena el 20 de marzo hasta el pasado 31 de agosto, se registraron en el país 115 femicidios, 2 transfemicidios y 5 femicidios vinculados de varones. Una escalada de violencia machista que, lejos de amesetarse, asciende. En este marco se publicó ayer en el Boletín Oficial la creación por decreto del programa Acompañar, que establece durante seis meses una transferencia monetaria directa y el fortalecimiento de redes de acompañamiento en pos de la construcción de un proyecto de vida autónomo de mujeres y personas LGBTI+ que se encuentren atravesando situaciones de violencia por motivos de género.

“La idea del Estado acompañando con una prestación económica a quienes viven en situación de violencia de género es una demanda histórica del movimiento de mujeres y de la diversidad. Recogimos ese reclamo porque la falta de autonomía económica impide salir de la violencia. Pero también sabemos que la posibilidad de contar con recursos económicos no siempre alcanza. Cada persona necesita cosas distintas y un acompañamiento psicosocial. Y nosotras entendemos que para ayudar ese tránsito se necesita un apoyo muy fuerte durante un primer momento. No quiere decir que el Estado no tenga que seguir estando después, pero si a la persona se la ayuda especialmente durante los primeros seis meses la situación después puede resultar más transitable”, explica a Infobae Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad a la cabeza del programa que se ejecutará a través de la ANSES.

Ser “apta” de Acompañar requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El apoyo económico, equivalente al valor de un salario mínimo, vital y móvil ($16.875) es, además, compatible con la Asignación Universal por hijo o hija, la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social, la Asignación por hijo o hija con discapacidad, el Monotributo Social, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), o el trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

-¿La inclusión en el programa Acompañar requiere la denuncia policial por violencia?

-La denuncia es un modo de acreditar la situación de violencia. Pero nosotros entendemos que no necesariamente es esencial hacer la denuncia. Lo que se va a requerir es un informe social del área que va a pedir el ingreso. Cuando una persona está en situación de violencia por motivos de género necesita recursos. Algunos son materiales y otros son recursos subjetivos: asistencia psicológica, acompañamiento para hacer una denuncia o acceder al patrocinio jurídico, buscar un lugar para vivir, etc. Este programa implica una articulación muy potente y directa entre los municipios, las provincias y el Estado nacional, que busca acompañar de modo integral a la persona que necesita salir de esa situación.

-¿Qué equipos estarán a cargo del acompañamiento integral?

-Los equipos de género de los municipios y las provincias. En lugares que no cuenten con estos espacios se ocupará de hacer el ingreso Desarrollo Social o acción social. En general, en los municipios de población media las áreas de género conocen a las personas que están en situación de violencia y vienen trabajando con ellas. No es algo nuevo. La diferencia es que el acompañamiento va a estar ligado a una transferencia monetaria.

-¿Hay posibilidades de renovar la prestación una vez concluidos los seis meses?

-El programa está previsto para seis meses. Pero la idea es que una vez que se termine la inclusión en el programa Acompañar las personas en situación de violencia de género puedan continuar en el programa Potenciar Trabajo, que ya venimos llevando adelante con el Ministerio de Desarrollo Social y que asiste económicamente con un salario social complementario, que es la mitad de un salario mínimo. Entendemos que la prestación económica es el doble durante los primeros seis meses, pero después el apoyo económico va a seguir estando presente y sin límites de tiempo.

-Muchas mujeres víctimas de maltratos no tienen un lugar para vivir más que el hogar compartido con su agresor ¿Están previstas también políticas públicas relacionadas específicamente con el acceso a la vivienda?

-Estamos trabajando sobre algunas líneas que prioricen situaciones vinculadas a las violencias en proyectos que tiene en carpeta el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Tuvimos varias reuniones con María Eugenia Bielsa y con los equipos.

-¿Cree que es importante incluir el trabajo con los varones violentos?

-El número de femicidios y travesticidios es alto. Argentina mantiene una tasa alta desde la última década. En ese marco creemos que es importante trabajar con los varones.

-¿Cómo se implementa?

-Por un lado, son esenciales los dispositivos de trabajo con varones violentos que hay en todo el país. Los resultados en general son buenos. Porque más allá de que acompañemos para que las mujeres salgan de situaciones de violencia, lo cierto es que si no trabajamos con ese varón es altamente probable que este vuelva a ejercer violencia hacia otra mujer. Necesitamos que existan dispositivos para poder trabajar con ellos, y hace falta el compromiso del Poder Judicial para que efectivamente los envíen a participar de estos como una de las medidas de los procesos judiciales.

-Trabajar el tema de las masculinidades...

-Sí, también es importante trabajar con las masculinidades en general. Así como todo el tiempo repensamos el lugar de las mujeres y de las diversidades para romper con los estereotipos en los cuales socialmente nos asignaron un rol y un espacio de subalternidad, urge romper con los lugares que les fueron asignados a los varones en clave de masculinidades hegemónicas. Es absolutamente central.

-¿Alcanza la mención a cuestiones de género en los artículos 16 y 37 del proyecto de Reforma Judicial para revertir la estructura patriarcal de la Justicia?

-No alcanza. Es una reforma a un fuero federal, no es una reforma en términos integrales del Poder Judicial. Son dos puntos muy importantes, sin lugar a dudas. Y su inclusión va en el camino de asegurar que haya más magistradas y fiscales mujeres, y en el camino de incorporar la perspectiva de género porque es uno de los temas que se va a evaluar obligatoriamente en los procesos de selección. Pero el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad elaboró lineamientos para pensar las necesidades de transformaciones de las administraciones de justicia a nivel de todos los poderes judiciales, porque no es problema del Poder Judicial Federal exclusivamente.

-¿Qué se propone desde el ministerio?

-En esos lineamientos listamos una enorme cantidad de acciones que llevar adelante para transformar realmente el Poder Judicial. No solamente en términos de incorporación de mujeres y de diversidad a los cargos de magistratura, juezas, fiscales, asesoras sino también para incluir perspectiva de género en el tratamiento desde el minuto uno hasta el momento de ejecución de cualquier causa en cualquier ámbito. Porque no hay que circunscribir la perspectiva de género en causas de violencia por motivos de género, sino en una causa en el fuero laboral, en el fuero civil, de familia, penal. En el fuero penal tanto cuando una mujer o una diversidad es víctima de un delito como cuando es imputada de un delito. También trabajamos los lineamientos para sortear las dificultades que hoy existen para acceder a la justicia, y la herramienta del presupuesto con perspectiva de género en los poderes judiciales.

-¿Qué responsabilidad le cabe al Estado en la historia de Cristina Vázquez, la mujer encontrada muerta después de pasar 11 años presa por un crimen que no cometió?

-En el caso de Cristina Vázquez hubo una intervención clasista y sin perspectiva de género en la actuación judicial. De eso no hay ninguna duda. Fueron muchísimos años de una prisión injusta que atravesó su vida. Hay que remarcar, además, que el caso de Cristina es paradigmático pero no es excepcional. Los costos de la administración de justicia se pagan con vidas.

-¿Qué hizo su ministerio frente a este caso?

-En febrero el equipo de conducción del área de violencia del Ministerio recibió a Cristina. Como todas las personas que salen de la experiencia de la prisión, salió altamente vulnerable y con muchísimas dificultades para poder conseguir trabajo y vivienda. Esto es parte de los problemas post penitenciarios que existen en cada una de las provincias, a nivel federal. Nosotros le tramitamos el ingreso al programa Potenciar Trabajo, que salió en un mes. Lo estaba cobrando cuando estaba en Buenos Aires. Y cuando avisó al equipo que la estaba acompañando que se volvía a Misiones hicimos el cambio para que pudiera seguir cobrando el salario social en el Banco Nación de la provincia. También nos avisó que había comenzado un tratamiento psicológico allá.

-La noticia que siguió fue la de su muerte...

-La realidad es que el impacto en cualquier persona, pero en particular en una mujer pobre, que implican 11 años de prisión injusta, la atravesó. Parte de las responsabilidades de los poderes judiciales en sus intervenciones es que se desapegan de las consecuencias de sus acciones. La intervención judicial, sobre todo en las causas penales, es el uso más potente que tiene el Estado en términos de ejercicio de violencia. Comprender las consecuencias de intervenciones de este estilo es parte de las urgencias que tenemos, porque siempre son situaciones dolorosas, aunque no hubiese tenido un final tan trágico.

-¿Qué pasó con la promesa del presidente Alberto Fernández de presentar en el Congreso el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto?

-El proyecto está listo desde el mes de marzo. La decisión del Presidente y de todo el Poder Ejecutivo está garantizada. Pero no estamos en condiciones hoy, en un contexto de pandemia, de enviar un proyecto que requiere que el Ministerio de Salud lo sostenga y fundamente en el Congreso. Una pandemia con números de infectados y de muertos que aumentan todos los días... Hay condiciones que no están en nuestras manos, que no podemos manejar para saber cuándo va a poder enviarse. Pero la decisión del Presidente es inquebrantable.

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