Mendoza quiere legalizar la producción y la venta de cannabis para uso medicinal

Mientras el gobierno nacional se prepara para publicar en el Boletín Oficial una nueva reglamentación de la ley nacional de uso medicinal del cannabis -que permitirá la venta en farmacias y el autocultivo, entre otras novedades-, la provincia de Mendoza avanza con su propio proyecto de ley para acomodarse al nuevo e inminente escenario: el ingreso del más que rentable negocio del cannabis al mercado argentino.

En los próximos días, la Cámara de Diputados provincial tratará un proyecto de ley que tiene el aval del Poder Ejecutivo de Mendoza a través del cual el Estado buscará regular el cultivo, la producción, la investigación y el comercio de esta planta y sus derivados con fines terapéuticos.

El proyecto fue redactado por el diputado José María Videla, del Frente Renovador local, aliado del gobernador Rodolfo Suárez. La ley que propone este legislador con el apoyo oficial pretender propiciar “la participación de personas humanas y/o jurídicas públicas o privadas para el desarrollo de proyectos productivos”, y estos participantes podrán integrar todas las etapas de la cadena de valor; desde la investigación y el desarrollo hasta el cultivo y la distribución.

La autoridad de aplicación sobre esa cadena de valor será el Ministerio de Economía y Energía de la Provincia y no la cartera de Salud, como es en otras jurisdicciones o, incluso, a nivel nacional. Ese rasgo es distintivo, y permite interpretar la visión sobre un negocio que puede aportar mucho dinero al mercado local, generar fuentes de trabajo y, además, resolver la demanda de cientos o miles de pacientes.

No obstante, el proyecto no contempla el autocultivo personal o en red, algo que sí está puesto en la nueva reglamentación que publicará el Gobierno nacional, y un derecho que reclaman usuarios y organizaciones cannábicas justamente para garantizar el acceso y el conocimiento de cada usuario sobre la planta.

A través de la autoridad de aplicación Mendoza podrá “desarrollar, adoptar, y/o coordinar pautas y protocolos precisos de investigación, cultivo, producción, comercialización y podrá coordinar las acciones que sean necesarias para promover el establecimiento, explotación de cultivos de Cannabis en todas sus variedades, su industrialización y/o transferencia de tecnología con fines científicos, medicinales y/o terapéuticos y desarrollar mecanismos destinados a implementar iniciativas económicas para la producción, transformación y/o distribución de derivados de grado médico”, dice el proyecto de ley redactado por Videla.

Los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y Economía y Energía tramitarán ante el Estado Nacional las autorizaciones y convenios que fueran necesarios a partir de las exigencias legales de calidad, seguridad y eficacia requeridos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) o el organismo que en el futuro la reemplace, que probablemente, con la nueva reglamentación de la ley nacional, se llame REPROCANN.

El proyecto de ley también mira fuera de las fronteras argentinas, ya que contempla la posibilidad de exportar materia orgánica de cannabis o directamente el producto terminado a países donde el uso está regulado y son mercados inmensos, como Estados Unidos y Canadá. El Gobierno mendocino confía en la calidad de su clima para el desarrollo de esta planta. “Lo vemos muy similar a California, donde es totalmente legal desde 2018″, comentó Videla a Infobae.

El diputado busca con la regulación cortar el mercado ilegal de aceite de cannabis, que en Mendoza se desarrolla tanto por las plataformas de comercio virtual como la importación informal de aceites y cremas desde Chile. El proyecto no sólo piensa en la producción para el abastecimiento a pacientes vía obra social, sino también apunta a un eventual mercado abierto.

“Queremos desarrollar mecanismos para la producción, abrir licencias para exportar e importar, para adquirir plantas, espacios de almacenamiento, transporte y comercialización y armar un sistema provincial de pequeños, mediano y grandes productores. La idea es generar y promover un convenio de transferencia tecnológica”, agregó Videla.

Si bien la comercialización por ahora es ilegal, ya que no está contemplada ni en la ley 27.350 (de uso medicinal del cannabis) ni por la ley de drogas (23.737), se espera conseguir permisos ante Nación a partir de la gestión del Ejecutivo provincial. La ley que escribió Videla se apoya en otra votada en 2016 y que establece un marco regulatorio en Mendoza para la investigación médica y científica del uso medicinal terapéutico y paliativo de cannabis.

Desde esa legislación la Provincia creó una Unidad de Vigilancia Tutelada, conformada por médicos de distintos hospitales públicos, que facilita el trámite de importación ante ANMAT y cubre de manera gratis el uso de cannabis para quienes integran este organismo.

Entre abril de 2018 y marzo de 2019, Mendoza importó 818 unidades de aceite de cannabis desde Estados Unidos y Canadá (a las empresas Hemp Med y Tilray, respectivamente), equivalentes a 15 millones de pesos.

En marzo de este año, el gobernador Suárez firmó un acuerdo de trabajo con su par de Jujuy, Gerardo Morales, para el cultivo y la producción de cannabis y de sus derivados con fines científicos, medicinales o terapéuticos. Los mismo hizo la provincia de San Juan, que también busca explotar los beneficios de esta planta milenaria, demonizada durante los últimos 90 años en todo el planeta.

Jujuy y Misiones son las primeras dos provincias argentinas que conformaron una empresa del Estado con capitales privados para producir cannabis. El gobierno misionero constituyó la empresa “MisioPharma”, que funcionará en Posadas, en principio con semillas importadas de Uruguay, en siete hectáreas custodiadas por fuerzas de seguridad.

Jujuy, en tanto, le sacó años de ventaja al resto. Desde 2017 trabaja en 20 hectáreas de la estancia El Pongo con su empresa estatal (comandada por Gastón Morales, hijo del gobernador) Cannabis Avatara Sociedad del Estado (Cannava), en sociedad con una compañía de Estados Unidos.

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