
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación resolvió que el zoológico de Luján no reanudará sus actividades al público tras la extinción del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la actual pandemia por COVID-19, por no contar con una habilitación nacional y provincial, además de otras irregularidades e incumplimientos detectados respecto de la normativa nacional y provincial que regula la actividad.
La medida se lleva a cabo por medio de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, que está a cargo de Sergio Federovisky. “Dado que el zoológico de Luján, en la actualidad, carece de habilitación provincial y nacional, se mantendrá cerrado, mientras esto siga de ese modo”, afirmó el funcionario.
Asimismo, desde la cartera anunciaron que “se le exigirá al establecimiento desde el Estado Nacional, en cumplimiento de la normativa nacional y provincial que regula la actividad, que presente en el lapso de 10 días el listado de marcaje y castración de su plantel faunístico”.
Por otro lado, se conminará a realizar la correspondiente inscripción ante la cartera ambiental nacional, según disponen las normas nacionales sobre fauna, requisito que el zoológico nunca cumplió.

Es por esto que el Ministerio de Ambiente se presentará como querellante ante la justicia para que se investiguen las reiteradas denuncias de desmanejos en su interior, realizadas en redes sociales, por vecinos de Luján y visitantes, las cuales también motivaron, a principios de esta semana, que la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental fiscalice el recinto.
Tras la inspección realizada el martes último por la mañana, de la que participó como veedora la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino reclamó por el cierre definitivo del predio y reiteró la necesidad de una inmediata reconversión del zoológico que permita definir el destino de cada animal, solucionar la situación laboral de los trabajadores y todo lo que conlleva este proceso, hasta el cese definitivo de esta actividad comercial.
“Más allá de las irregularidades, no se pueden sostener explotaciones comerciales donde se somete a animales a situación de encierro o hacinamiento. Es el reclamo de la inmensa mayoría de la sociedad que se opone a esta prácticas”, dijo Lorenzino luego de la inspección motivada por las denuncias relacionadas al maltrato y matanzas de animales en ese predio.

“Lo que está claro es que no se puede seguir permitiendo esta situación, hay que considerar a los animales como personas no humanas sintientes para evitarles más sufrimiento”, puntualizó Lorenzino.
Por su parte, Marcelo Raciatti, secretario de Unidad de Defensa de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires dijo a Infobae: “Nosotros estamos en contra de los zoológicos. Para nosotros ya los animales están mal por la situación de encierro, pero en algunas jaulas hay animales en hacinamiento: llegamos a ver 15 leones juntos”.
A ello agregó: “Hay más 120 felinos y no se conoce método que límite la reproducción y tampoco que se los marque para identificarlos. Las denuncias de los vecinos que se hicieron públicas deberían dar lugar a una denuncia por maltrato o actos de crueldad animal. Vimos un gran esfuerzo de los trabajadores para mantener a los animales en el mejor estado posible aún con problemas salariales. Por otra parte, se advirtió que la cantidad de felinos no se condice con un funcionamiento de un zoológico”.
Mientras la inspección ocurría, en la puerta del zoológico de Jorge Semino ex trabajadores del predio realizaron fuertes denuncias ante un móvil televisivo y aseguraron que trabajaron durante varios años sin estar regularizados.

Además, contaron las tareas escalofriantes que, aseguraron, debieron realizar como parte de su trabajo. Algunas de ellas era quemar los cuerpos de animales muertos.
Un joven que entró a trabajar con 16 años afirmó que le hizo la autopsia a la elefanta que murió en 2015 y que luego él y otros de sus compañeros la habrían enterrado en la misma celda que el animal ocupaba en el predio ubicado en Autopista Acceso Oeste Kilómetro 58.
Durante febrero, la cartera ambiental nacional, junto con la Municipalidad de Luján y personal de la Policía Ecológica de la provincia de Buenos Aires, realizó un procedimiento de fiscalización en la institución, que derivó en la clausura de jaulas de leones, tigres, elefantes y guacamayos, al constatar cerca de 600 situaciones de transgresión —se facilitaba el ingreso de visitantes al interior de las jaulas— a una clausura preventiva efectuada a mediados de 2019, por incumplimiento de la Ley n.° 12238 de la provincia de Buenos Aires, que establece la prohibición de contacto con la fauna.
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