Argentina organiza un Congreso mundial para debatir qué puede hacer el Derecho por la familia

“Es la primera vez que este Congreso se organiza desde la Argentina y la primera vez que lo realiza un país hispanoamericano”, dice Úrsula Basset, presidente del Congreso y secretaria general de la Sociedad Internacional de Derecho de Familia (ISFL, por sus siglas en inglés).

El Congreso, virtual y gratuito, se realiza del 26 al 28 de agosto, y la inscripción está abierta a todo público. Bajo el nombre “Familia y crisis: atravesando la pandemia”, expondrán destacados juristas, magistrados y referentes académicos de todo el mundo en un torno a los siguientes temas: “Derecho a la salud, covid-19 y dignidad humana”, “Las relaciones parento-filiales en pandemia”, La filiación y sus evoluciones en tiempos cambiantes”, “Relaciones familiares en tiempos de pandemia: Niños y sus padres”; “Niños y padres que viven separadamente”, “Rupturas de la pareja parental en tiempos de pandemia”; “Violencia familiar: cuando el aislamiento es riesgoso”, “Pandemia y acceso a la justicia”, “Derechos humanos, familia y pandemia”, “Rol del Estado y grupos vulnerables” y “Relación entre la familia, emprendimientos privados y el Estado”.

“Lo que más nos impresionó fue la respuesta que tuvimos - dijo Basset a Infobae- porque apenas avisamos de esta convocatoria, hace un par de meses, tanto el Congreso nacional como todas las legislaturas provinciales, con una o dos excepciones por falta de tiempo, nos acompañaron y declararon de interés público este evento. Y, en medio de esta crisis tan grande, nuestro llamado a ponencias fue respondido por más de 120 expositores. Nos conmueve ver que hay gran sed de trabajar en estos temas, de dar respuesta a los problemas que existen en esta área y por eso esperamos que de este Congreso surja una agenda constructiva, de respaldo al tejido familiar”.

Ursula Basset es profesora titular en Derecho de Familia y Sucesiones y en Derecho comparado, dirige carreras de especialización en esa materia y ha realizado consultorías en temas de derechos humanos, familia y persona con organismos nacionales e internacionales. Es profesora en la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Universidad de Buenos Aires, y otras universidades nacionales y extranjeras.

En charla con Infobae, señala que, por lo general, los temas de familia se tratan como “de segunda” o sólo “cuando surgen temas desafiantes, como la maternidad subrogante”, pero la pandemia ha puesto de manifiesto “otras problemáticas, por ejemplo, potenciando las vulnerabilidades, los temas no suficientemente atendidos”, a la vez que “evidenció la importancia de los lazos familiares”.

“El derecho de familia tiene una agenda más bien individualista -sigue diciendo Basset-, con temas como la fecundación post mortem, la maternidad subrogada. Un derecho de familia basado en la autonomía de la voluntad. Pero la libertad es un derecho de los fuertes. Los débiles son dependientes, necesitan protección. Por eso promovemos un cambio cultural y jurídico, una perspectiva de la responsabilidad y cuidado, por encima de la autonomía o como contracara de la autonomía”.

Frente a la pandemia, sostienen los organizadores del Congreso, se reavivó la importancia del rol de la familia y la importancia de tener una agenda de esperanza que dé perspectiva de futuro.

¿Se vulneraron derechos de la familia en este período de medidas de aislamiento por la pandemia? “Sin duda”, responde categórica Basset. Y recuerda que el artículo 27 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos cita específicamente qué derechos pueden suspenderse en un estado de emergencia y cuáles no. Entre los que no pueden suspenderse, la convención enumera el Derecho a la Vida; el Derecho a la Integridad de la Persona; la Libertad de Conciencia y de Religión; la Protección a la Familia y los Derechos del Niño, entre otros.

“Los protocolos de preservación de la salud no deberían alterar el otro bien jurídico que es la familia. La familia es parte del derecho a la salud -sostiene-. El hospitalismo es fatal para los niños y también para los ancianos y para los enfermos en general”.

Muchas de las ponencias del Congreso están relacionadas con el tema de la coparentalidad. “El nuevo Código banaliza la ruptura matrimonial, que no tiene consecuencias. La idea es que el derecho haga lo contrario. El divorcio en el nuevo código es sin causales y sin tiempo de espera. España tiene uno de los tiempos más cortos: 3 meses. Nosotros, nada. La gente se casa con la esperanza de un proyecto común y a largo plazo. Al derecho le falta acompañar esa esperanza”.

Otro tema que, en su opinión, debe abordarse para mejorar el derecho de familia es el procesal, en dos aspectos: uno es la digitalización, la desburocratización de los trámites, y el otro es la humanización de los procesos de familia, para limitar la litigiosidad y promover en cambio una conducta responsable y comprometida. Del año 2000 al 2015, las causas de protección contra la violencia aumentaron un 525 por ciento, las causas por capacidad, 425 por ciento, y el resto de las causas, 166 por ciento. Todo eso con el mismo personal, dice Basset, para subrayar el déficit que existe en la materia.

“En los temas de filiación -agrega-, sólo se habla de las causas glamorosas, como las celebrities que van a hacer subrogación de vientre en el extranjero. Pero los problemas reales los tiene la gente más humilde que no está en el radar del derecho”. Por ejemplo, cita el caso de las familias monoparentales femeninas que están entre las más afectadas por la pobreza y que más dificultades tienen para recibir ayuda de los progenitores de sus hijos. .

En el tema alimentos, dice por otra parte, la mejor manera de lograr que se efectivicen es que se mantenga un vínculo regular entre padres e hijos. “Si es adversarial, no se logra engendrar un vínculo. Esa función extraordinaria del derecho de familia es lo que necesitamos. Que la gente no vaya más a los tribunales de familia sino que lo resuelvan de modo pacífico. Lo ideal sería que ese proceso fuera intermediado. Y en eso el derecho cumple una función impresionante, extraordinaria”.

Otro tema clave es el de la adopción, que pese a su importancia, nunca está al tope de la agenda de los políticos.

“A principios de años se nos había convocado para hacer un proyecto, pero quedó pendiente por la cuarentena. Sin embargo, hay problemáticas que son críticas, como la de los niños institucionalizados, sin cuidados parentales, chicos que no son adoptables pero tampoco viven con sus padres y están en instituciones del Estado o en lugares tercerizados o con familias de cuidado”.

Argentina tiene una de las tasas más altas de institucionalización de menores, señala Basset. “Con malas instituciones además -apunta- y por alguna razón, Argentina siempre prefirió el cuidado estatal y no el familiar. Después de los 6 años de edad, difícilmente un chico sea adoptado. Hay opciones intermedias, como la de personas que puedan ocuparse de ellos los fines de semana, o tres días a la semana y pagarle el colegio; la modalidad que sea, pero de modo estable, Pero en Argentina no hay una regulación centralizada de todo esto. No hay una institución que regule los cuidados alternativos posibles entre la adopción y la institucionalización”.

La especialista también destaca el doble rasero con el cual se miden y legislan las problemáticas familiares. “Por ejemplo, critican al que sólo quiere adoptar un bebé pero no al que hace una subrogación de vientre. Esa dicotomía se vuelca en los paradigmas -o antiparras- de quienes legislan”.

Da otro ejemplo, muy actual: “Si una mujer dice que quiere dar en adopción, debe ratificar esa decisión 45 días después del parto. Por lo tanto, adopción prenatal no puede haber. Ergo, la única opción es abortar; si la mujer dice que lo quiere dar, se la trata de abandónica, se la estigmatiza socialmente, y además se intentará revincularla con el niño a toda costa. La paradoja es que la que entrega en adopción debe esperar 45 días, pero que la que alquila su vientre debe dar al niño apenas nace”.

Los legisladores no tienen entre sus prioridades una nueva ley de adopción, pero en respuesta a los cuestionamientos por el alto índice de institucionalización de menores, tomaron una medida que Basset califica de “disparate”.

“Hace un par de años se bajó la mayoría de edad para el egreso de los menores de las instituciones a 16 años -dice-. Es absurdo. Se deja en la calle, a merced de todos los peligros, a chicos que con frecuencia no han terminado el secundario. Algunas instituciones los mantienen de modo clandestino y por su cuenta, porque el estado deja de pagarles. Se les había prometido a estos chicos un salario mínimo vital y móvil, pero el trámite es como la jubilación, demora hasta un año, pero entretanto el chico ya está en la calle”.

“En el momento en que Unicef publica que un 62,5 % de niñas y niños argentinos son pobres, el encuentro resulta de extraordinaria relevancia para el país”, afirman los organizadores en un comunicado.

De la apertura del encuentro participará la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y la clausura estará a cargo de Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para participar gratuitamente y en forma virtual de las conferencias magistrales, paneles, bloques de diálogo y presentación de ponencias hay que ingresar a la web de la ISFL (cliquear aquí). Y pueden dejarse consultas y comentarios en la cuenta de Twitter del Congreso: @isfl2020

Serán expositores Hugues Fulchiron (Corte de Casación Francesa), Martha Fineman (Emory Law School), Nigel Law (Universidad de Cardiff), Patrick Parkinson (decano de la Universidad de Queensland), Ayelet Blecher-Prigat (Decana del College of Law and Science, Israel) y Velina Todorova (miembro del Comité de Derechos del Niño de la ONU), entre otros.

También disertarán destacados juristas argentinos y latinoamericanos: Aída Kemelmajer de Carlucci, Graciela Medina, Marcos Córdoba, Adriana Krasnow, María Magdalena Galli Fiant, Beatriz Ramos Cabanellas (Uruguay, Academia de Derecho), Sonia Merlyn (Pontificia Universidad Católica de Ecuador), Carmen Domínguez (Pontificia Universidad Católica de Chile).

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