Inédito: por primera vez en Derecho de la UBA, una materia aborda el punto de vista de las víctimas

“Siempre digo algo de sentido común: si existen tribunales, jueces, fiscales, secretarios, empleados, todo un sistema y una estructura compleja de Justicia, es porque alguien fue víctima de un delito. Y sin embargo por años y hasta ahora, los tribunales penales se dieron el lujo de no escuchar a las víctimas y de desatender sus derechos”, dijo a Infobae el profesor Pablo Flores, titular de la materia Derechos de las Víctimas, que se dictó este año por primera vez en la Facultad de Derecho de la UBA.

No sólo la Justicia ignoraba a las víctimas; también la Academia, al punto de no existir la problemática en los contenidos de los programas de las Facultades de Derecho. Más aún, las puertas de muchas de estas instituciones permanecían cerradas para las asociaciones de víctimas que hace tiempo vienen luchando por hacerse oír en los claustros. Por eso destacan como un gran logro el haber podido penetrar una de las instituciones hasta ahora más reticentes: la Universidad de Buenos Aires.

De momento, se trata de un curso breve, de dos meses, y optativo para los alumnos de la especialización en derecho penal, es decir, estudiantes de los últimos dos años de la carrera de Derecho.

Como sea, es un gran paso, afirma Matías Bagnato, sobreviviente de la llamada “Masacre de Flores”, emblema y referente de la lucha de las víctimas de delitos por hacer oír su voz en los procesos penales. “Estamos emocionados, contentos, esto ayuda a seguir una lucha que a veces se nos hace difícil cuando vemos tantas familias destruidas por el delito y revivimos lo que nos tocó en carne propia”, dijo a Infobae, al comentar la experiencia.

“Fue un gran, gran, logro el haber podido hablar de víctimas, de victimología, en la UBA. Porque el principal problema que tenemos a diario con jueces, fiscales e incluso abogados, es que, aunque existe la Ley de víctimas, hay un problema ideológico muy grande, resultado de años de una prédica zaffaroniana [N. de la R: por Eugenio Zaffaroni] desde las facultades de Derecho. Por eso es allí donde debemos empezar para lograr un cambio de paradigma”, agregó Bagnato.

En julio de 2017, justamente como fruto de la lucha de agrupaciones de víctimas, se aprobó la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (n°27372).

“Esa ley ya tiene 3 años, pero cuando empezamos a trabajar en la implementación, nos dimos cuenta de que había que empezar de cero: ni los jueces, ni los fiscales, tenían la menor idea de su contenido -dijo a Infobae Luciana Carrasco, vicedirectora del Observatorio de Víctimas, creado para velar por el cumplimiento de la nueva norma-, las universidades no enseñan sobre víctimas. La palabra víctima no existe. Se afirma que todas las víctimas buscan venganza. Y en realidad sus reclamos son simples: que los traten bien, que les hablen claro, que no los dejen esperando horas…”

Frente a este panorama, el Observatorio, que para mayor autonomía hoy se encuentra funcionando en el ámbito del Congreso -con anuencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa-, empezó a organizar charlas de capacitación para jueces, fiscales y demás operadores de la justicia. Con el agregado de los testimonios de las víctimas, que resultan lo más concientizador, dice Carrasco, según la experiencia hecha en las muchas capacitaciones que ya han dado, sobre todo en el interior del país.

El curso en la UBA concluyó con una charla dada por el Observatorio de Víctimas con el testimonio de personas que sufrieron la pérdida de sus familiares en hechos delictivos, y que compartieron su experiencia en el duro camino de reclamar justicia.

Colonizadas por una ideología para la cual las únicas víctimas del sistema son las “personas en conflicto con la ley” -uno de los eufemismos acuñados en estos años por los voceros de este pensamiento- las facultades de Derecho del país, tanto públicas como privadas, habían obviado hasta ahora, en la formación de los futuros abogados, jueces, fiscales y demás agentes de la justicia, el punto de vista de la víctima del delito.

El objetivo del Observatorio y de las asociaciones de víctimas es que estas capacitaciones se vayan incorporando a la currícula de las carreras de Derecho y que no queden supeditadas a la buena voluntad de un profesor que las habilite dentro de su cátedra.

“Estoy convencido de que este es el camino -sostiene Bagnato-: lo mismo que hizo Zaffaroni pero al revés; él hoy tiene discípulos por todos lados que están causando un daño terrible en la justicia. Tenemos que lograr que los futuros jueces, fiscales y abogados incorporen a las víctimas en los procesos penales, que entiendan que desde el minuto cero hay un actor en el proceso penal que es el único que no elige estar ahí: los jueces están por vocación, el delincuente, el asesino, el violador, elige robar, matar o violar. La víctima nunca en su vida hubiese deseado enterrar a un ser querido, aprender derecho a las trompadas y recorrer tribunales mendigando justicia. Y sólo pedimos un trato digno, que se nos informe, tener los mismos derechos que los victimarios, aunque siempre estamos un escalón abajo porque nuestros familiares están en el cementerio. No nos oponemos a las garantías de los delincuentes procesados o condenados, sólo pedimos que la víctima tenga la misma posibilidad de participar en el proceso. Ninguno de nosotros pide venganza ni pena de muerte”.

“Cuando empecé a ocuparme del tema de las víctimas -recuerda por su parte Luciana Carrasco- me decían ‘¿pero qué quieren? si el fiscal ya las representa…’ Mucha gente tiene miedo de contradecir este credo, para el cual si te mataron en una esquina mientras ibas a tu trabajo, la compasión es para el ladrón al que la sociedad no le dio oportunidades....”

Ella no lo dice, pero hay otras víctimas que sí tienen todos los derechos y todas las consideraciones y ayudas, que son las víctimas de la represión de los años 70 y ahora también las de violencia de género. Hay víctimas de primera y víctimas de segunda en el actual sistema.

Hasta que se promulgó esta ley, la víctima de un delito no tenía siquiera derecho a ser informada de la evolución del proceso ni, posteriormente, de la ejecución de la pena. El victimario podía ser excarcelado o beneficiado con salidas sin que los familiares de su víctima fuesen notificados.

Ahora, el desafío es que todos los agentes de la justicia conozcan esa ley y la apliquen. “Es una ley de orden público; su aplicación es obligatoria en todo el territorio porque no puede haber diferencias en el acceso a la justicia”, aclara Luciana Carrasco.

El dictado del primer curso de “Derechos de las Víctimas” en la UBA se cerró con la charla organizada por el Observatorio: luego de la presentación del profesor y una introducción del Observatorio, los alumnos escucharon los testimonios de Guillermo Bargna -padre de Soledad, violada y asesinada por un delincuente reincidente beneficiado con una salida anticipada-; de Jimena Aduriz -madre de Ángeles Rawson, la adolescente víctima de femicidio-; de Alberto Lebbos, que todavía lucha por esclarecer el crimen de su hija Paulina en Tucumán; de Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor y cuyo hijo Kevin fue asesinado por un automovilista; y de Matías Bagnato. El caso de éste último es paradigmático del efecto de la exclusión de la víctima del proceso: Bagnato se enteró de que el asesino de sus padres, sus dos hermanos y el amiguito de uno de ellos estaba en libertad cuando el hombre empezó a llamarlo para amenazarlo de muerte a él y a su abuela, los únicos sobrevivientes de la familia.

“En mi intervención, yo les transmito la responsabilidad que tienen como alumnos de la UBA de escuchar las voces de los ciudadanos que han sido víctimas de delitos y cada uno de los familiares que habla luego relaciona su testimonio con algún artículo de la ley”, dice Carrasco.

“Desde 2017 dicto esta materia en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, para jueces y empleados de la justicia federal”, explicó Pablo Flores, el titular de la materia, en charla con Infobae.

Durante una estadía en España con una beca de perfeccionamiento, realizó un trabajo de investigación sobre derechos de las víctimas comparando los sistemas europeos y latinoamericanos. Su trabajo tuvo buena repercusión y entonces lo propuso como materia en la Escuela Judicial de la que él mismo había sido alumnos.

“A ese curso siempre invité a gente del Observatorio de Víctimas para que contaran ellos mismos cómo se sentían, cómo vivían el proceso. Esa es la materia que finalmente llegó a la UBA, en buena medida gracias a la gestión de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Este año dictamos el primer curso para alumnos de la orientación en Derecho penal”.

Como Bagnato, Pablo Flores espera que pronto la materia sea obligatoria, por lo menos en la especialidad. Y así también se lo manifestaron muchos de los alumnos.

“El resultado fue muy bueno. Hubo estudiantes que dijeron que esta había sido la experiencia más importante en sus seis años de facultad. Yo mismo me formé en la UBA y nunca recibimos formación sobre derechos de las víctimas; siempre sobre los del imputado. No pretendemos disminuir los derechos que tiene el imputado. Pero hay una injusticia instalada en la sociedad, una injusticia estructural en los procesos penales de América Latina, no pasa sólo en Argentina. La víctima, desde el momento en que se convierte en tal, está desamparada. Ahora, con la ley debería cambiar eso, pero la ley no sirve de nada si los funcionarios que deben aplicarla no la conocen. Me ha pasado de dar cursos a camaristas del interior que ignoraban que a metros de su despacho tenían una oficina para las víctimas. Si podemos formar desde la facultad, el que llegue a secretario de juzgado ya lo hará con una carga de conocimiento y vivencias que marcará la diferencia. Y eso puede lograrse con un sencillo curso”.

Pablo Flores quiere además dejar sentado que, aunque la Argentina no tenga los recursos de países europeos donde, por ejemplo, la infraestructura tribunalicia está diseñada de modo tal que víctimas y victimarios no se crucen al ingresar a tribunales, se puede alcanzar el mismo nivel de prestación si se trabaja en concientizar a los funcionarios y dotarlos de herramientas para atender a las víctimas.

“Podemos alcanzar los más altos estándares si trabajamos en la educación, tanto en la justicia como en las facultades de Derecho”.

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