Mercedes D’Alessandro: “El IFE evitó que haya entre 2 y 4 millones de nuevos indigentes y la mayoría de las beneficiarias son mujeres”

El Ingreso Federal de Emergencia (IFE), creado para amortiguar el impacto de la crisis económica producto del párate mundial por la pandemia de Covid -19, lo cobraron un 55,7 por ciento de mujeres entre 8.900.000 beneficiarios/as. El refuerzo en las jubilaciones mínimas se dirigió especialmente a las adultas mayores ya que se destinó a un 67,3 por ciento de mujeres entre 2.677.773 personas. Los bonos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) los cobran un 94,7 por ciento de mujeres entre 4.607.099 beneficiarias/os.

En Argentina más de 8,9 millones de personas recibieron ya dos pagos de IFE, entre abril y julio. En agosto se prevé un nuevo pago. Aunque no alcanza, la situación sería mucho más grave si no estaría ese colchón especialmente para las mujeres (el 55, 7 por ciento del total de beneficiarios/as) y jóvenes (ya que el 61,5 por ciento de quienes lo cobran tienen entre 18 y 34 años).

El impacto en las mujeres no es casual, sino producto de la incorporación formal de la perspectiva de género en el Ministerio de Economía que tuvo en cuenta, aún en el apuro de generar una herramienta social frente a una crisis inesperada, que las mujeres son mayoría en el empleo informal (y que la brecha salarial llega al 36,8 por ciento cuando no están registradas).

“La distribución del IFE es marcadamente progresiva en términos de género: de acuerdo a datos de ANSES el 55,7% de quienes lo perciben son mujeres (4,9 millones) y 3,9 millones de varones”, destaca el informe “Políticas públicas y perspectiva de género”, elaborado por Mercedes D’Alessandro, Sol Prieto, Victoria O’Donnell y Florencia Tundis, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, del Ministerio de Economía.

“Hay brechas de género muy pronunciadas: las mujeres ganan un 27 por ciento menos que los varones y esa brecha se amplía cuando se trata de trabajo informal, que llega al 38 por ciento, tienen más obstáculos para insertarse laboralmente, recae sobre ellas el cuidado de hijas e hijos y, frente a la pandemia, todo esto se amplifica porque aumentan las dificultades laborales de la población y la carga de tareas domésticas” contextualiza la Doctora en Economía Mercedes D´Alessandro, autora del libro “Economía Feminista” y Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género.

“La respuesta tenía que considerar esta asimetría y volcar un poco más de recursos sobre las mujeres para que ellas pudieran transitar esta situación sin salir todavía más perjudicadas que antes. Por eso, se pensaron medidas para llegar a las mujeres más vulnerables: quienes reciben la AUH, quienes reciben la tarjeta Alimentar, las que cobran la jubilación mínima y las trabajadoras de casas particulares”, enumera D´Alessandro.

Una de las particularidades del IFE es que busco cubrir especialmente a las trabajadoras de casas particulares. “La principal ocupación de las mujeres en la Argentina es el servicio doméstico. Los efectos de la pandemia en este sector tiene fuertes repercusiones en las mujeres dado que aproximadamente 1 de cada 5 trabajadoras desarrollan esta ocupación. Las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) significan, para la mayoría de estas trabajadoras, perder la posibilidad de realizar sus labores y, con ello, perder su fuente de ingresos”, señala el informe.

“Por este motivo, su inclusión dentro del IFE contribuye a aminorar los efectos de la crisis sobre un sector especialmente relevante en el empleo de las mujeres. Dada esta gran vulnerabilidad en el sector, el IFE incluye también a las trabajadoras de Casas Particulares formales. Es la única excepción que se expresa en la reglamentación”, subraya el informe elaborado por el equipo de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género.

La letra chica no es chica. Aunque la persona que cuida todo el año a los chicos cuando vuelven del colegio, hace la cama, prepara la merienda y desinfecta el baño esté registrada el sueldo es bajo y volátil y el IFE no las dejo afuera, sino adentro del mínimo sostén económico de la cuarentena.

“Cuando se hizo el diseño del IFE nosotras participamos mucho en la antesala y la reglamentación. Una situación relevante fue el de las trabajadoras de casas particulares formales. El IFE se pensó como una política para las personas que, producto de la pandemia, vieran afectado sus ingresos o su posibilidad de ejercer su trabajo, y en ese cuadro aparecían las trabajadoras domésticas pero no las formales. Nosotras insistimos para que ellas también reciban el IFE”, relata D´Alessandro.

¿Por qué era importante que las que limpian, cosen, cocinan y desinfectan puedan estar incluidas en el salvavidas económico o en el único remedio no farmacológico que alivió un poco la pandemia? “porque frente a la pandemia iba a ser difícil que pudieran seguir trabajando o porque algunas tienen algún trabajo formal y otros no, es precario, está mal pago y es la principal ocupación de las mujeres en Argentina. Por eso para la Dirección de Género fue una prioridad la inclusión de ellas en el IFE”, resalta la funcionaria.

Cuidar a las que cuidan no es la norma en América Latina. En Chile el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular pidió durante cuatro meses reunirse con el Ministerio de Trabajo. Recién el viernes 17 de julio las escucharon y les prometieron pensar soluciones para ellas.

Frente a un escenario nuevo no copiar modelos, sino intentar, al menos, no barrer debajo de la alfombra del poder a las que barren fue un paso, aunque, en una crisis, ese paso sea para aminorar el retroceso y no para avanzar.

El ingreso promedio en la Argentina es de 19.916 pesos. Pero el reparto de las cartas nunca es igual. Y las mujeres tienen menos cartas en la manga y menos espadas y oros es menos plata. La brecha de ingresos por género es de 27,7 por ciento.

Las mujeres pierden, en promedio, 5516 pesos que se van por la canaleta de la brecha de género por distintas razones (discriminación explícita, oferta de trabajos peor pagos, barreras para acceder a oficios masculinizados, recarga de tareas de cuidados en sus familias, etc) y sube a 7329 si su trabajo está precarizado.

Las pérdidas son mayores. Pero las ganancias no. Solo la recarga del trabajo no pago. Las mujeres le dedican tres veces más tiempo a las tareas de cuidado que los varones. En vez de mejorar todo empeoró con la pandemia.

“Frente al cierre de escuelas y espacios de cuidado, estas tareas se volvieron un factor más relevante aún en los hogares, aumentando las horas necesarias para cubrirlas”, advierte el informe “Políticas públicas y perspectiva de género”.

El problema de las cifras es que delatan mejor los problemas que los resortes que, al menos, aminoraron el impacto de los problemas. El Ingreso Federal de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos es una de las políticas de mayor impacto para que las consecuencias de la pandemia sobre las y los últimos sea un poco menor, pero aunque sea menor no es inocua. No salva como un super héroe. Pero no deja en el desamparo a quienes están en el fondo de las posibilidades de arreglárselas solos.

El 68 por ciento de las transferencias que se realizaron en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio se destinaron al 50 por ciento de la población con menos ingresos. Tanto el refuerzo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el bono a jubiladas/os, el Plan Alimentar y el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) tuvieron como objetivo compensar la desigual distribución del ingreso, según datos elaborados por el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en junio del 2020.

La incorporación del área de género en el Ministerio de Economía impacto en que las políticas económicas y sociales no se olvidaran de las olvidadas. La plata que el Estado pone para paliar los efectos de la crisis económica por el Covid -19 tiene que bajar por un tobogán a los que no tienen escaleras para subir por otros medios. Por eso, en diálogo con Infobae Mercedes D´Alessandro evalúa las medidas tomas y anticipa los pasos a seguir.

-¿Qué va a pasar con el Ingreso Federal de Emergencia?

-Durante agosto se va a pagar la tercera ronda del Ingreso Federal de Emergencia (IFE). Es un ingreso pensado para la emergencia. En cuanto la situación económica empiece a mejorar y salgamos de esta situación la idea es retirar el IFE. Por supuesto, desde el gobierno entendemos que son nueve millones de personas las que están recibiendo este apoyo del Estado. Es muy costoso para el Estado.

-¿Qué posibilidades hay que el IFE se transforme en una renta básica?

-No estamos en una situación financiera que permita mantenerlo durante mucho tiempo sin tener que hacer una serie de reestructuraciones. Pero también entendemos que la situación es muy dramática. Y, en ese sentido, se están debatiendo hoy muchas alternativas para ver que respuestas se les pueden dar a las personas que queden en una situación económica muy vulnerable producto de esta pandemia.

-¿Qué hubiera pasado si se daba un contexto de pandemia y cuarentena sin estas medidas económicas?

-El Ministerio de Economía, junto con el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Productivo, estuvimos haciendo unas simulaciones para ver qué hubiera pasado si no pagábamos la primera ronda del IFE. Ese estudio trataba de medir el impacto de esa medida y determinó que se siguiera pagando aunque es una medida bastante onerosa para el Estado. El IFE evitó, según distintos escenarios posibles, que entre 2, 7 millones y 4, 5 millones de personas entraran a la pobreza o a la indigencia. El IFE tiene un impacto muy fuerte en evitar que las personas caigan por debajo de la línea de indigencia (en donde directamente la gente no llega a comer) junto con las transferencias a la tarjeta alimentar, bonos a jubilados y la AUH.

-¿Cuál es el efecto de la perspectiva de género, por primera vez, en el Ministerio de Economía?

-La Oficina Nacional de Presupuesto junto con Jefatura de Ministros hacen un análisis del gasto que realiza el Estado en políticas de género desde el 2019. Son presupuestos abiertos que se pueden bajar los datos. Están los programas que destinan fondos a empoderar a las mujeres, políticas en contra de la violencia machista y acceso a la salud sexual y reproductiva. Nosotras también mostramos como además de las políticas que ya estaban etiquetadas como Programas con Perspectiva de Género (PPG), hay otras medidas, como el IFE, también contribuyen a cerrar brechas de género.

-No hay igualdad sin dinero para generar esa igualdad. ¿Cómo se hace para que la perspectiva de género no sea un discurso, sino presupuestos reales?

-Las políticas públicas no son neutrales al género. Todavía tenemos que seguir poniendo desde la mesa, desde el periodismo, las organizaciones de la sociedad civil y las funcionarias públicas, que impulsamos la perspectiva de género. Es un compromiso del gobierno pero también es un hecho novedoso en el que hay que mejorar las herramientas para hacer y medir las medidas con perspectiva de género para ver donde está hoy el dinero del Estado y, también, ver donde no está puesto el dinero. Tenemos que disputar que haya más partidas para cerrar las brechas de género.

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