El Gobierno presentó un Plan Nacional contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años

“Tenemos el deber de cambiar como sociedad. Los varones hemos sido responsables de que la igualdad se quiebre y no hay razón para no entender que eso tiene que terminar con urgencia. La igualdad es una práctica y una conducta cotidiana que debemos asumir. El Plan es un comienzo ambicioso. Pero debemos ser ambiciosos si no queremos que más mujeres sufran o mueran a manos de los violentos. Estamos dando un paso de los muchos que hay que dar para que la sociedad cambie de una vez y para siempre”.

Con estas palabras el presidente Alberto Fernández encabezó hoy la presentación por videoconferencia del “Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de géneros 2020-2022”. Lo acompañaron la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Participaron también la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neira, y la asesora presidencial, Dora Barrancos.

Con un presupuesto previsto de 18 mil millones de pesos, el Plan se propone como el salto hacia un cambio de paradigma que abandona la atención exclusiva de la emergencia por un abordaje de las violencias desde políticas públicas integrales e interseccionales.

“Fue un Plan construido participativamente, porque es una de las claves de la gestión del gobierno y de este Ministerio en particular. Hubo más de 1.600 propuestas concretas que nos hicieron organizaciones sociales, ministerios y organismos de la sociedad civil a lo largo y ancho del país. Pero además tenemos la certeza de que no es un Plan del Ministerio sino del Poder Ejecutivo, porque cuenta con el compromiso explícito de los 20 ministerios, de la Jefatura de Gabinete y de muchísimos organismos descentralizados”, afirmó Gómez Alcorta.

A su turno, Barrancos compartió la felicidad de asistir a lo que entiende como un cambio de época: “Es la primera vez que el Estado argentino asume de manera integral el combate a todas las formas de violencia, que están engendradas en las modalidades diversas pero casi monopólicas del sistema patriarcal. El Plan incluye notas novedosas como la transversalidad obligada y la interseccionalidad, porque se ajustan medidas que tienen que ver con las condiciones de vida y de existencia de los conjuntos femeninos y de la enorme diversidad sexo-social. Este programa tiene el propósito de hacer más digna la vida humana”.

Los ejes

El Plan Nacional tiene como objetivo generar estrategias para abordar las violencias por motivos de género desde un enfoque de derechos humanos y a partir de transversalizar las perspectivas de género, pero también de la diversidad sexual en pos de superar esquemas binarios e identificar desigualdades específicas del colectivo LGBTI+.

“Desde el primer día, la misión del MMGyD ha sido revertir la injusta, dolorosa y desigual situación en la que viven las personas LGBTI+ de nuestro país, trabajar para aumentar considerablemente sus expectativas de vida y garantizarles una vida plena, autónoma y libre de violencias”, plantea como mandato el documento.

Pensado para desarrollar en dos años, entre 2020 y 2022, el diseño y la formulación del Plan Nacional de Acción es el resultado de los aportes que surgieron durante distintas instancias participativas (presenciales y virtuales) y federales. Los cuatro ejes estratégicos que sustentan las principales medidas contra las violencias son: la prevención, la asistencia y abordaje integral, la protección y fortalecimiento del acceso a la justicia, y la gestión de la información, transparencia y monitoreo.

Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), destaca en diálogo con Infobae el proceso consultivo que sentó las bases del Plan y la importancia de los lineamientos: “Desde ELA junto con un grupo de organizaciones sumamos propuestas para la elaboración del Plan. Una vida libre de violencias requiere de las condiciones que permitan el ejercicio de la autonomía en sus distintas dimensiones: la física, la económica y para tomar decisiones y elegir nuestro propio plan de vida. Todo ello en un contexto que promueva una profunda transformación cultural para desnaturalizar las violencias que impactan en todas las dimensiones de nuestras vidas, para lo cual es indispensable contar con acceso a la información y disponibilidad de los recursos financieros suficientes”.

A su vez, se enumeran otros tres ejes que dan forma a un “modo de ser” del Plan y que se contemplan en todas las acciones: la interseccionalidad, la multiagencialidad y la territorialidad.

En diálogo con Infobae, Nia Huaytalla, activista antirracista e interseccional indígena de ascendencia inca y chanka, explica la importancia de que por primera vez se aborden las violencias por motivos de género en relación con opresiones múltiples y con impactos diferenciales: “Me parece fundamental que incluyan el eje de interseccionalidad porque cuando se abordan temas de género se suele caer en un molde hegemónico. Es decir, se habla según la mujer blanca, cis-heterosexual, de clase media/alta, no discapacitada. Efectivamente quienes entran en ese molde sufren la presión patriarcal y la violencia de género. Pero cuando se suman temas étnico-raciales o se pertenece a la comunidad LGBT+, por ejemplo, esa presión interpela de otras maneras y puede ser muchísimo mayor”.

Y agrega: “Muchas personas racializadas, particularmente afrodescendientes o indígenas, pertenecemos a clases socio-económicas bajas y vivimos situaciones de vulnerabilidad que pasan más desapercibidas y con menos posibilidades de escapar. Los femicidios racializados por ejemplo casi no salen en los medios, a nosotres generalmente no nos creen cuando hacemos denuncias o no tenemos los recursos para hacerlas, también sentimos miedo de hacer trámites públicos porque nos suelen maltratar. El molde no es para todes, por eso es urgente desafiar la idea de que solo hay un grupo de feminidades violentadas y empezar a tratarlo en función de todas las interseccionalidades que nos interpelan”.

En la misma línea opina Daniela Ruíz, transfeminista y directora de la organización Siete colores diversidad: “Durante muchos años fue difícil que el Estado plasme en textos la transversalidad. Las personas del movimiento gay, lésbico, travesti, transexual, transgénero, queer estamos atravesadas por montones de factores, por nuestro color de piel, nuestras experiencias… pero históricamente nos pusieron solamente del lado de la diversidad para que nos arreglemos como podamos. Espero que la transversalidad permita la capacitación, la formación, y después la práctica con nosotras. Es un avance muy importante hacia un trato más igualitario”.

Por su parte, Gherardi pone el foco en el compromiso de una intervención multiagencial: “Uno de los desafíos más grandes que debe afrontar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en la implementación del Plan es la federalidad de su alcance y la articulación de responsabilidades no solo entre diversos ámbitos del Estado Nacional, sino particularmente con las jurisdicciones provinciales y municipales”.

Finalmente, desde Mujeres al Oeste (MAO), una organización que lucha hace 24 años contra la violencia machista en el conurbano bonaerense, coinciden en lo vital de reconocer las redes territoriales: “Es sumamente importante no desconocer el proceso que las organizaciones venimos desarrollando contra las violencias de manera autogestiva en los territorios. Y también esperamos que los nuevos dispositivos estatales no repitan lógicas de intervención que muchas veces precarizan las condiciones de trabajo de las profesionales a cargo”.

Líneas de acción

Propuesto como un cambio de paradigma, el Plan Nacional se apoya en sus lineamientos para anunciar un paquete de 144 acciones y 242 productos enmarcados en 27 medidas, a partir del trabajo conjunto con otros 46 organismos nacionales.

Entre las principales acciones aparece la creación de los programas “Acompañar” y “Potenciar Trabajo”, de transferencia monetaria, microcréditos y acompañamiento integral de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencias por motivos de género; de un programa interministerial con políticas focalizadas que permitan alertas tempranas de identificación de situaciones de riesgo; facilitar el patrocinio jurídico gratuito; construcción de 12 Centros Territoriales de abordajes de las violencias; modernización, optimización y difusión de la Línea 144; la disposición en municipios de recursos de tecnología de la información para emergencias en casos de violencias.

También se prevé la elaboración de un sistema integrado de datos sistematizados y estadísticas de casos de violencia que incorpore la perspectiva de la diversidad y una predicción de riesgo; la refacción, equipamiento y ampliación de los hogares, refugios y casas de medio camino; asignaciones económicas y asistencia legal y psicológica para familiares en casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio; generación de campañas sobre masculinidades, deconstrucción de estereotipos, y vínculos sexo afectivos responsables y diversos; colaborar en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI); impulsar capacitaciones sobre perspectivas de género y diversidad al personal de las fuerzas armadas y de seguridad; restringir la portación y tenencia de armas de agresores; y fortalecer las áreas de género del sector público y de las organizaciones sociales que trabajan estos temas en las comunidades, y de los servicios de salud sexual y reproductiva en la atención de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

En el prólogo del documento, la ministra Gómez Alcorta resume la tarea: “Con este Plan proponemos un conjunto de acciones de prevención que nos permitan actuar a tiempo en situaciones de violencia y, a su vez, en el mediano y largo plazo transformando patrones sociales y culturales (…) Desde el Ministerio estamos convencidas de que las personas en situaciones de alto riesgo deben ser protegidas por el Estado, por eso proponemos una serie de medidas de protección que estén concentradas en los agresores y no en las personas en situación de violencia. Nuestra política no será crear más hogares y refugios sino impulsar acciones para garantizar el acceso a la vivienda, a casas de medio camino, que les permita desarrollar un proyecto de vida autónoma y libre de violencias”.

Para Claudia Hasanbegovic, doctora en Políticas Sociales y docente del posgrado en Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, las acciones que se mencionan son útiles pero insuficientes. Así lo señala en diálogo con Infobae: “Para evitar la revictimización y enfocarse en los agresores es fundamental el patrocinio jurídico especializado y gratuito para las víctimas; la armonización de la legislación (penal, civil y de la Ley 26.485) con la Convención Belém do Pará (para lo cual resultará importante jerarquizar la Convención); y solucionar la impunidad que en la actualidad garantiza la justicia penal a los delitos cometidos contra las mujeres y diversidades por razones de género”.

Y sigue: “Según estudios de la Procuración General de la Nación y del Ministerio Público Tutelar, la Justicia Penal de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires archiva en un 80% las causas penales remitidas por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y otras, y solo condena al 1% de los denunciados en las causas por delitos sexuales. Por otro lado, las condenas por femicidios son mínimas. Aproximadamente el 70-80% de las medidas cautelares son violadas y no existe delito específico por la violación o el incumplimiento reiterado de las medidas cautelares. Nos encontramos, entonces, con víctimas de femicidio que habían hecho denuncias previas o contaban con medidas cautelares vigentes. Las vidas se salvan con recursos materiales a quienes están viviendo violencia y controlando desde el Estado, a través de la justicia penal, la policía y programas de re-educación, a los hombres que las agreden”.

Gabriela Conder, abogada integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina, festeja que exista un Plan Nacional a la vez que resalta: “Me gustaría saber por qué se presenta un Plan de solo dos años y no abarca, por lo menos, los cuatro años de gestión, o por qué no se puede pensar en proyectos de más de cuatro años. Por otro lado, me parece muy bien que asistan a quienes están en situaciones de riesgo económico porque ese riesgo es proporcional a la violencia que les imprimen a nuestros cuerpos. Pero no solo queremos asistencialismo. Queremos cupo femenino en la Justicia, en los sindicatos, cupo travesti y trans, queremos trabajo concreto y efectivo, queremos estar y tomar decisiones en los sistemas productivos… Muchas nos preguntamos qué va a hacer un Ministerio de las Mujeres en un Estado totalmente patriarcal. No se puede seguir tapando agujeros, hay que generar cambios estructurales que dejen de mantener a las mujeres y a otrxs en el lugar de siempre”.

Presupuesto

Otro punto central es el presupuesto. Para la implementación del Plan Nacional se elaboró un presupuesto que asciende a $18 mil millones en un período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2022. La suma total prevé el financiamiento de los cuatro ejes: $205.472.000 para la Prevención; $17.671.198.000 para la Asistencia y el Abordaje Integral; $85.650.000 para la Protección y el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia; y $37.680.000 para la Gestión de Información, transparencia y monitoreo.

En este sentido cabe preguntarse si las distintas modificaciones presupuestarias que el Poder Ejecutivo viene realizando en el marco de prórroga del presupuesto de 2019 incluyeron las estimaciones del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para los meses involucrados este año. Además, ¿fueron también previstas e identificadas las partidas del Ministerio de Obras Públicas y de ANSES que, según el documento, se necesitan para la construcción de Centros Territoriales y la puesta en marcha del Programa Acompañar?

El último informe del observatorio de femicidios que coordina la asociación civil La Casa del Encuentro registró 67 femicidios de mujeres y niñas entre el 20 de marzo y el 11 de junio pasados. El 65% de los femicidas eran parejas o ex parejas y 11 de las mujeres asesinadas tenían denuncias previas. La violencia no para. Se intensifica. Aprieta. Nos siguen matando.

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