Presos de cárceles federales denunciaron que el Servicio Penitenciario no respeta su derecho a la educación y pidieron que habiliten las clases remotas

Un colectivo de hombres y mujeres presos en cárceles federales denunció mediante una extensa carta el abandono al que, aseguran, los somete el Servicio Penitenciario Federal (SPF) respecto de sus derechos para recibir educación mientras están privadas de la libertad.

Sucede en todas las unidades penales que dependen del SPF, pero especialmente los internos reclamaron que en la cárcel de Ezeiza, desde 2017 se bloquea de forma “sistemática” el acceso a la educación en sus distintos niveles y modalidades contemplado en la Ley de Ejecución Penal.

“No se les permitió cursar ninguna carrera universitaria, ni terciaria, ni curso de posgrado y, en algunas unidades, tampoco pudieron acceder a curso de formación profesional alguno. Para que quede claro, hay internos que fueron ilegalmente impedidos de realizar cualquier curso y estudio, de cualquier tipo y bajo cualquier modalidad, durante más de un año”, remarcó una persona privada de su libertad a Infobae, alojada actualmente en la Unidad 31 de Ezeiza.

“La violación del derecho de los detenidos a acceder a educación universitaria, terciaria y de posgrado se viene sosteniendo arbitraria e ininterrumpidamente desde 2017 hasta hoy”, especifica la carta a la que tuvo acceso este medio.

Según contaron las personas privadas de su libertad consultadas, todo se agravó además por la pandemia del Covid-19. Aseguraron que desde el 19 de marzo, cuando se anunció la vigencia a partir del día siguiente del decreto de aislamiento obligatorio, se suspendieron las visitas ordinarias y extraordinarias para los detenidos y las salidas transitorias, traslados, talleres y dictado de clases.

Eso, señalaron, profundizó los “incumplimientos del Estado en materia de educación y de supuestas actividades para la reinserción social de los detenidos a pesar de la multiplicidad de alternativas de estudio a distancia que surgieron a partir del aislamiento preventivo y obligatorio”.

Los presos reclamaron también que no se utilicen nuevas tecnologías para sostener los “pocos cursos” de formación profesional que aun se dictan sin la presencia física de los profesores. “Donde los hay se continúan de alguna manera mediante la entrega de material de estudio y trabajos prácticos, pero sin dictado de clases y sin poder rendir examen ni acreditar la terminación del curso, ya que las autoridades no permiten otra forma que no sea presencial”, explicaron.

Desde que se desató la pandemia, el Servicio Penitenciario Provincial autorizó distintas vías de comunicación para que los presos puedan estar en contacto con sus familiares y las personas que los visitan en prisión. En algunas unidades, el SPF instaló computadoras de uso compartido y en horario determinado con acceso a la aplicación Skype. Entonces los internos plantearon acceder a clases de cursos de formación profesional y otros estudios por esa vía, pero también fue denegado.

“Está todo parado, no hay tránsito de presos ni traslados a aulas y tampoco van la UBA ni las otras universidades”, admitió una fuente de la Procuración Penitenciaria Federal. Este medio buscó sin éxito el descargo de las nuevas autoridades del SPF, ahora bajo la dirección de la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, quien fue designada por el presidente Alberto Fernández el 10 de junio pasado como interventora en lugar de Emiliano Blanco, que ocupaba ese cargo desde 2014.

“Acá, si sos preso, sos una lacra y la respuesta formal no existe. Pedís algo y nunca te contestan por escrito. El preso no tiene derecho a respuestas formales salvo que pidas un habeas corpus. Lo principal es la desidia y el relajamiento. El preso básicamente a la sociedad no le importa y menos a aquellos que lo tienen que controlar. Pero después la sociedad lo sufre porque la educación es clave para que de acá salgan con oportunidades”, comentó otro preso de la Unidad 31 de Ezeiza.

Otra de las alternativas que propusieron los presos fue que en las computadoras ya existentes, en los espacios físicos ya configurados, con los recursos disponibles y en los horarios y bajo los protocolos de seguridad, se habilitase el acceso a cursos o carreras virtuales en las instituciones que las autoridades definiesen. “Todo eso ha sido recurrentemente solicitado y reclamado pero nada han hecho”, aseguraron los presos, que observan un “total desprecio por las obligaciones y fines que marca la propia legislación”.

Ante la falta de respuesta de los organismos oficiales competentes desde 2017, a principios del año pasado denunciaron la situación en la Justicia, que ordenó la normalización urgente del acceso educativo. De este modo, se les habilitó la participación en cursos básicos de formación profesional por cupo limitado, pero nada más: no pueden acceder a estudios universitarios, terciarios y de posgrado. “Tenés que pedir turno como si fuera una universidad privada y quedás en lista de espera”, ironizó uno de los internos de la Unidad 31, que aloja actualmente a casi 200 personas.

Hubo un caso, incluso, en que el propio interno a través de su abogado gestionó con una universidad la posibilidad de estudiar a distancia. Se firmaron convenios entre los organismos estatales y la universidad y se comunicó formalmente que a principios de marzo de este año se comenzaría el estudio a distancia de tecnicaturas gracias a esa gestión.

Para poder llevarlo a cabo, contaron los presos, el SPF impuso como condiciones previas al inicio, la realización de una importante obra civil en un espacio determinado, que incluía la provisión e instalación de cerramientos, iluminación y computadoras.

Los internos y sus familiares gestionaron contactos con los organismos educativos y con proveedores para lograr la donación o entrega en comodato de todo lo necesario para generar ese espacio de capacitación. “Aún así, ni esa tecnicatura, ni ningún otro estudio universitario, terciario ni de posgrado, de ninguna institución pública ni privada, ha sido puesto a disposición, aún habiendo transcurrido casi dos años de recurrentes pedidos y seis meses de tener a disposición todos los materiales necesarios para la implementación”, subrayaron en el texto presentado a este medio.

Ante la falta de ofertas de estudios superiores, los internos solicitaron a las divisiones de Educación del SPF y a los Centros de Formación Profesional dependientes de María Rosa Páez, una funcionaria de carrera del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que se ofrecieran al menos una variedad de cursos de formación ya que existen en algunas unidades y ninguno en otras, como jardinería, zapatería, refrigeración, electricidad o plomería.

“La respuesta oficial fue que todo el programa para 2020 había sido diseñado en 2019 y por eso no podía modificarse. Es decir que para todo el año no hay ningún curso de formación en todo el Complejo Marcos Paz, que hay solo dos cursos en la Unidad 31 de Ezeiza y ninguno en otras ubicaciones”, explicó una persona privada de su libertad.

En la unidad 31 conviven distintas poblaciones y cada una tiene una asignación de cursos diferente. No se cruzan los presos comunes con los empresarios detenidos o los militares condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad. “Los internos solicitaron poder compartir los escasísimos cursos disponibles, pero la respuesta fue nuevamente negativa”, agrega el texto difundido.

El 24 de octubre de 2019 los Ministerios de Educación y Justicia nacionales y provinciales firmaron un convenio para implementar un Programa de Capacitación y Educación Autogestionada en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. “Pero, lamentablemente, es un elemento más que engrosa la lista de documentos y anuncios de los últimos años que nunca llegaron a convertirse en realidad”, agregó el preso consultado.

Los presos explicaron que no solo necesitan formarse para tener una salida digna cuando les llegue el momento de recuperar la libertad. También la ley de Ejecución Penal establece una reducción de la pena a medida que los internos suman horas de formación educativa. Luego depende del criterio de cada juez, pero para alguno 100 horas equivalen a un mes de reducción de pena y para otros, 400 horas equivalen al mismo beneficio. “El punto central es resolver las dificultades de los presos, darles trabajo y estudio y sobre todo las herramientas. Hoy tenemos skype, podríamos estudiar. Y sin embargo, no nos dejan”, remarcó uno de las personas privadas de la libertad consultadas por este medio.

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