Procesaron a los responsables de la clínica de Vicente López por asociación ilícita y propagación dolosa del COVID-19

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a los responsables del Centro de Salud Norte, ubicado en Villa Adelina, partido de Vicente López, por integrar una asociación ilícita responsable de los delitos de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa como el coronavirus y de falsedad ideológica de instrumentos públicos por la alteración de las historias clínicas de los pacientes.

En la resolución, la magistrada argumentó que la “asociación ilícita” conformada por el dueño de la clínica, José Benjamín Teitelbaum, el director médico Jorge Pinzetta, y la coordinadora médica Ana Bellusci tenía como “exclusivo fin lucrar con la salud pública y la vida” de los pacientes, todos adultos mayores afiliados al PAMI, y “maximizar las ganancias” de la clínica “desatendiendo la salud de quienes más necesitaban la aplicación de la medicina”. Asimismo, sostuvo que producto del manejo que hubo dentro de la clínica en el marco de la pandemia, se contagiaron sus trabajadores, incluidos los profesionales médicos, pacientes, familiares, y personas que directa o indirectamente tuvieron contacto con el sanatorio.

A los imputados, se les atribuyó “brindar un servicio de presunta atención a la salud en malas condiciones de higiene y seguridad sanitaria; prohibir a los empleados el uso de medidas de protección sanitaria propias; no entregar a empleados y familiares de pacientes los elementos de bioseguridad adecuados; la entrega, ocultamiento, manipulación y conservación de cadáveres positivos de COVID 19 de manera inadecuada; obligar a concurrir a la clínica a personal médico y no médico tratante encuadrado en el supuesto de “caso sospechoso de COVID 19”; inducir al personal médico dependiente a asentar datos inexactos en las historias clínicas de los pacientes, estampar rúbricas ajenas y expedir actas de defunción inexactas en su contenido. Finalmente, se les imputa también ocultar las verdaderas causas del fallecimiento de pacientes a sus familiares”.

Teitelbaum y Pinzetta fueron procesados con prisión preventiva, por lo que permanecerán detenidos. En tanto Bellusci, como declaró como arrepentida ante el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, seguirá en libertad, bajo el Programa de Protección de Imputados. Arroyo Salgado el impuso embargos a los imputados sobre sus bienes hasta cubrir sumas de entre $500 y 2.000 millones.

En tanto, esta mañana, por pedido del fiscal Domínguez, la magistrada dispuso la detención de Diego Galindo en su domicilio. Se trata del contador de la firma dueña del Centro de Salud Norte, ROPHE SA, que también posee el Sanatorio Mariano Pelliza. Ambas clínicas fueron clausuradas por el Municipio de Vicente López.

En una resolución de más de 300 páginas, Arroyo Salgado identificó a Teitelbaum - quien sería el dueño de ROPHE SA, pese a no figurar en los papales- como jefe de la presunta asociación ilícita. “Se logró determinar el rol que cada uno ocupaba en esta empresa delictiva, en donde Teitelbaum lideraba y Pinzetta Martínez con la colaboración de Bellusci ejecutaban y disponían las acciones para sostener el plan criminal”, afirmó la magistrada. “Teitelbaum era quien gravitaba todas las decisiones finales de importancia y a quien respondían en última instancia los restantes miembros. Era, en definitiva, la cabeza de la estructura y, desde esa posición, uno de los principales productores de las actividades materia de reproche penal desplegadas. De su lado, Pinzetta Martínez, dada su calidad de director médico del sanatorio, se posicionaba en lo cotidiano como la máxima autoridad médica del referido Centro de Salud Norte”.

Para la magistrada, “tras constatarse la propagación de casos de coronavirus en el Centro de Salud Norte”, Teitelbaum, Pinzetta y Bellusci “impidieron a sus dependientes cumplir con los protocolos vigentes para su seguridad, para la detección temprana de casos de COVID19 y la aplicación de las medidas sanitarias establecidas para el trato de pacientes (ya sea sospechosos o confirmados), lo que derivó en la propagación de una enfermedad peligrosa y extremadamente contagiosa hacia una multiplicidad de personas”.

La causa se inició para investigar por la muerte de una paciente con COVID-19 en el Centro de Salud Norte, Fátima Cellini, que no fue tratada por la enfermedad y cuyo examen post mortem dio Covid-19 positivo. El caso fue revelado por Infobae, y derivó en la clausura de este nosocomio, primero por la Justicia en abril por considerarlo “un foco infeccioso” y, luego, por el Municipio de Vicente López, el mes pasado. Posteriormente, también fue cerrado preventivamente la otra clínica de los mismos dueños, el Sanatorio Mariano Pelliza, también en Vicente López, por el Municipio, ante una serie de irregularidades e incumplimiento del protocolo de COVID. A su vez, PAMI le rescindió el contrato hace dos semanas a ambas instituciones.

Qué dicen las defensas

“Es un disparate, hay una asociación ilícita inventada en función de una estructura societaria y no de un función de roles de una asociación ilícita tal como prescribe el Código Penal. A partir de ahí, desarrolla toda una estructura que considera ilegal, que tiene que ver con el manejo de la clínica, y no con una asociación ilícita que tiene como objeto producir hechos ilícitos”, sostuvo Diego Olmedo, defensor de Teitelabum y Pinzetta en diálogo con Infobae.

“Nos notificó el día 12 del procesamiento, levantó el secreto de sumario, nos mandó los cuerpos de la causa y después, ese mismo 12 a la noche, volvió a imponer el secreto. Seguimos sin ver los cuerpos más actuales de la causa, que estuvo en secreto todo este tiempo, menos tres días. El viernes pasado recusamos a Arroyo Salgado por siete hechos que tenemos probados de parcialidad y esperamos que la Cámara (Federal de San Martín) resuelva la recusación”, agregó.

Por su parte, la abogada de Bellusci, Silvana Cedrola, le dijo a Infobae que el procesamiento a su defendida fue “por los mismos delitos por los que fue indagada, menos el homicidio culposo” (de Cellini). “Entiendo que la necesitan a ella porque si no se cae la banda, pero no creo que tenga probado la jueza la participación en una banda con fines de lucro. Porque incluso la magistrada habla de un papelito en la casa de Teitelbaum que dice Bellusci y 410.000, cuando en realidad y se pudo probar que el hermano de Bellusci le vendió las camas a Teitelbaum y era uno de los pagos. Hubo otro de 700.000. El fiscal se apersonó en la fábrica, y vio que existe. Se aportaron los teléfonos para demostrar que ese no era dinero que le entraba a ella. O sea que en el procesamiento, se omitieron datos para lograr el procesamiento”.

En su declaración como arrepentida, Bellusci se había referido al mal estado de las instalaciones del Centro de Salud Norte. “Es un dispensario en el que no decidiría la internación de su padre”. Lo describió como un lugar “donde suele hacer demasiado calor en la época estival y considerable frío en épocas invernales”. Explicó que “en varias de las habitaciones no funcionan las duchas, que las camas se encuentran en mal estado de conservación y la semana previa a su detención cambiaron cerca de cincuenta de ellas por otras nuevas. Con relación a los colchones señaló que no eran antiescaras y que además se encontraban vencidos, también remarcó la faltante de almohadas”.

En cuanto a los consultorios externos, dijo que “tenían goteras, por algunas de las ventanas pasaba el frío y en otras directamente filtraba agua. Habló también de la presencia de cucarachas e inclusive de roedores en el habitáculo donde se guardan los sueros. Estimó que la cantidad de personal de limpieza y enfermería era insuficiente, fundamentalmente durante el turno de la noche”.

Aismismo, Bellusci hizo referencia a “las inspecciones que concretaba personal de PAMI en las instalaciones de la clínica y remarcó que desconocía cuáles eran las devoluciones que aquella repartición efectuaba, pero remarcó que desde aquel organismo se les otorgaba tiempo para solucionar algunas de las observaciones que se efectuaban”. Desde PAMi le confirmaron a Infobae le abrieron un sumario interno a Nancy Pelliza, de la Regional VIII del organismo, y quien aparece en las escuchas incorporadas a la causa.

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