Preocupa el posible incremento del trabajo infantil a partir de la pandemia

En el Día internacional en contra del trabajo infantil, la ONG Desarrollo y Autogestión (DyA) alertó por el porvenir de los jóvenes para cuando la cuarentena llega a su fin. Se explicó en un informe que las variables como el aumento en la pobreza es un factor clave para que que esta problemática siga creciendo. Además, indican que el mayor foco de conflicto se encuentra en al zonas rurales

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Marcelo Regalado
Marcelo Regalado

La ONG Desarrollo y Autogestión (DyA), especializada en la problematica del trabajo infantil, alertó sobre el incremento de esta situación debido a la posible crisis económica que generará la pandemia del coronavirus. En un informe publicado hoy, cuando se conmemora el Día internacional contra el trabajo infantil, la organización analiza el estado de situación y traza un futuro preocupante frente a la combinación de dificultades que podría ocasionar la vida post pandemia sobre esta temática.

“La pandemia es lo peor que le podría haber pasado al trabajo infantil. Porque precisamente impacta algunas de las causas que lo generan como es la pobreza y además afecta una de las principales estrategias para que no suceda que es la escolarización”, relató Maró Guerrero, la directora de DyA, en diálogo con Infobae.

Y agregó: “Hemos organizado una gran cruzada en varias provincias de la Argentina y en la región, como en Ecuador y en Perú. Buscamos alertar sobre el impacto que la pandemia puede tener sobre el trabajo infantil y la necesidad de redoblar esfuerzos, para que se sumen todas las organización que están trabajando el tema. Es una población sobre la que no se está analizado el riesgo especifico. Ya que el discurso oficial apunta a que la población de adultos mayores son los más afectados, que está muy bien que así sea, pero qué pasa con los chicos”.

De este modo, una de sus principales variables de análisis para proyectar ese posible aumento es el último número que lanzó CEPAL y OIT en el informe, “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus”. Allí estimaron que en Latinoamérica habrán 11,5 millones de nuevos desempleados. Sumado a esto, señala que la tasa media de informalidad laboral ronda el 54%. Y aclararon que esta cifra “aumentará ante la inactividad” producida por el parate macroeconómico debido al coronavirus.

Así, detalla que en la Argentina, el Indec registraba hasta el 2017 que el 13,3% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) de entre 5 y 17 años trabajaban de manera ilegal. A esto le agrega el reciente informe de Unicef donde estima que 400.000 NNyA en el país caerían en la pobreza extrema (indigencia), “como otro efecto devastador de la pandemia”.

“Y hay que sumarle las dificultades de las poblaciones más vulnerables para acceder a la educación virtual”, dice el informe como un nuevo faltante que genera aún más desigualdad y estira el distanciamiento de oportunidades para lograr salir de esa traumática situación. “Uno de cada diez chicos en el país no puede imaginar su futuro”, dicen en la organización.

(Shutterstock)
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Ante todos estos datos preocupantes, DyA evalúa que tal combinación de variables y principalmente el incremento de la pobreza “es un caldo de cultivo para que aumente el trabajo infantil”. Lo que explica la organización es que esta conjunción de factores prepara un terreno fértil para que los NNyA tengan la obligación de lanzarse al mercado laboral producto de la necesidad y eso ser aprovechado por las personas que los tomen como mano de obra barata e ilegal.

Así, Guerrero, también habló sobre los motivos a los que obedece el trabajo infantil. “La pobreza una de sus principales causas para que se reproduzca, porque hay familias que tienen que desplegar toda la mano de obra familiar para generar algún ingreso. Además, a veces la falta de servicios educativos o cercanos o ambientes de recreación donde pasar el tiempo libre. Esto hace que los chicos no tengan otra opción más que trabajar porque no pueden acceder a lo otro”.

Y agregó: “La legislación argentina prohíbe cualquier tipo de actividad laboral a un menor de 16 años y permite el trabajo adolescente protegido bajo ciertas aspectos. Un número de horas máximas, no más 36 horas semanales, y tienen que demostrar que están yendo al colegio”.

 Prensa AFIP 162
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DyA es una ONG dedicada a la incidencia social, que desde hace 30 años implementa investigaciones y proyectos junto al Estado, organizaciones de base, sindicatos y productores en prevención y erradicación del trabajo infantil en basurales como así también en la minería y agroindustria, en distintos países de la región, según detallan. Así, la organización se instaló en Argentina en el 2017 y ejecutó proyectos con financiamiento de UNICEF, GAN, INET y USDOL (Departamento de Trabajo de Estados Unidos).

En tanto, la organización en su informe se encargó de detallar el estado de situación actual. Allí reveló una base desde donde el país puede comenzar a caer. “Según las proyecciones de población del último censo 2010, hay 8.991.416 de niños, niñas y adolescentes en Argentina de entre 5 y 17 años. El trabajo infantil y adolescente alcanza al 13,3% de ellos, con mayor incidencia dentro de los adolescentes de 16 y 17 años, donde alcanza al 31,9%”.

Luego, indicó que “el trabajo infantil y adolescente en áreas rurales (en gran parte se producen en el norte del país, según indicaron, por eso están trabajando en conjunto con las gobernaciones como la de Tucumán y Misiones) tiene una mayor incidencia que en áreas urbanas y allí alcanza al 23,5% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, mientras que en áreas urbanas llega al 11,6%. Así, en niños y niñas en zonas rurales, el trabajo infantil alcanza al 19,8% de los mismos (206.635 niños y niñas de 5 a 15 años). En cambio, en áreas urbanas el trabajo infantil llega al 8,4% y el trabajo adolescente de 16 y 17 años en áreas rurales asciende al 43,5% (84.547 adolescentes) y en a 29,9% en ámbitos urbanos (344.034).

Así, aclararon que la tasa de trabajo infantil promedio en Latinoamérica según OIT en el 2016 era de 7.3%. En tanto, la Argentina está por sobre la tasa.

 Prensa AFIP 162
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Además, mostró que 376.862 de jóvenes de 5 a 17 años realizan actividades agropecuarias en Argentina. Esto representa aproximadamente al 33,7% del trabajo infantil y adolescente total. “El trabajo agrícola en niños y niñas de 5 a 15 años es similar en áreas rurales que en urbanas (39,5% y 39,1%, respectivamente). En cambio, en adolescentes de 16 y 17 años, el trabajo agropecuario es significativamente más alto en áreas rurales que en urbanas (38,4% y 12,7%, respectivamente)”, expresan.

Lo que revelan estos números es que en las zonas rurales es donde se encuentran la mayor parte del trabajo infantil y, además, es donde existe un menor control sobre lo que pasa y es “más difícil de llegar a las situaciones”, según relatan.

Por eso, la ONG en conjunto con otras organizaciones planeó un proyecto para intentar frenar esta situación. El plan se denominó P.A.R. (Producción Agrícola Responsable, libre de trabajo infantil). Según expresó la organización, “es un modelo de buenas prácticas agrícolas”. Y va a intentar identificar a lo largo del sistema productivo, “las instancias en que podrían filtrarse casos de trabajo infantil (menos de 16 años) y adolescente desprotegido (entre 16 y 17 años)”.

De este modo, poder atender sus causas e implementar estándares productivos que “garanticen una actividad libre de trabajo infantil, en los campos de arándanos y yerba mate en Tucumán y Misiones”. La proyección es que dure tres años.

Se cumplirá en tres etapas, indicaron: la primera, prevención de casos. En este tema se va a capacitar y a intentar sensibilizar a los diferentes actores sociales y a la comunidad sobre los riesgos del trabajo infantil para problematizar sobre las percepciones instaladas, sostuvieron en la ONG. Después se hará un monitoreo para evitar que los chicos ingresen en la cadena productiva y se seguiran de cerca los casos en lo que los chicos ya hayan ingresado para intentar torcer esa situación. Y por último, la atención donde se ofrecerán un conjunto de servicios, articulados con los ya existentes por parte del Estado y complementándolos en caso de ser necesario. Como guarderías, jornadas escolares extendidas, capacitaciones ocupacionales a jóvenes, servicios de salud, para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y así evitar que caigan en ese tipo de prácticas, indicaron en la ONG.

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