El gobierno de Río Negro elevó este jueves un pedido a Nación para que intervenga en el conflicto que se desarrolla en Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros de Bariloche, en un predio recuperado años atrás por una comunidad mapuche.
Ayer por la tarde un grupo de personas con la cara cubierta produjo en la zona una serie de incidentes que culminaron con la quema de una cabaña. Al lugar se trasladaron dos móviles de Bomberos Voluntarios ya que el fuego, que se concentró dentro de las instalaciones de Gas del Estado, se propagó en dirección al bosque.
El comisario José Ocarez informó que fueron seis los agresores que sorprendieron a un empleado policial, quien pretendía instalarse en una cabaña del predio de Gas del Estado con su pareja y una niña, con el objetivo de cuidar el lugar.
Según la denuncia ante la Comisaría N°42, que tiene jurisdicción sobre esa zona, el hombre estaba reparando la cabaña en el momento del incidente cuando fue amedrentado por los atacantes, que le arrojaron piedras. Después huyeron hacia el interior del bosque.
Poco después, las autoridades recibieron llamados con alertas a raíz de un incendio en cercanías a uno de los predios que ocuparía la comunidad mapuche. En el sitio no hubo heridos y las llamas pudieron ser controladas.
Frente al hecho vandálico, la fiscal de turno Silvia Paolini informó que tenía conocimiento de una persona lesionada que estaba en la cabaña, aunque aclaró que se trata de información preliminar.
Se reaviva la tensión en Villa Mascardi
La conflictividad en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche, se acrecentó en el año 2017, cuando la comunidad Lafken Winkul Mapu tomó posesión de un predio de aproximadamente seis hectáreas ubicadas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El sitio atraviesa una intensa pulseada por el derecho de propiedad de los pobladores y el reclamo de los pueblos originarios a acceder a sus tierras preexistentes de carácter ancestral, que quedó incorporado como derecho en la reforma constitucional de 1994.
El conflicto entre las comunidades indígenas y los propietarios de las tierras rionegrinas se acrecentó desde fines de abril, a raíz de un hecho de violencia en la comunidad mapuche de Buenuleo -que ocupa un predio de 90 hectáreas en el cerro Ventana-, donde tres habitantes mapuches fueron agredidos con armas blancas por un grupo encabezado por un propietario. En la causa, cuatro personas fueron imputadas por esa agresión.
Por ese incidente, una delegación de funcionarios integrada por el secretario de Articulación Federal del ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, y la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Madgalena Odarda viajaron a Bariloche para encontrar un acuerdo para pacificar y reforzar la seguridad en Buenuleo por un plazo de 90 días.
Ante la intervención del Poder Ejecutivo, el gobierno de Río Negro reclamó a la Nación a que focalice su atención en los hechos de violencia recurrentes que se producen en Villa Mascardi, donde este mes se reiniciaron actos de vandalismo. Según la gestión de la gobernadora Arabela Carreras, desde 2017 -cuando se produjo la ocupación en Lago Mascardi-, se contabilizaron unos 108 hechos delictivos, de los cuales “por lo menos 12 de los mismos se relacionan con acciones directas de violencia por parte de grupos de personas identificadas con movimientos reivindicativos indigenistas”.
El pedido de la provincia de Río Negro al Gobierno nacional se formalizó durante ayer a la tarde. El ministro de Gobierno y Comunidad del gobierno provincial, Rodrigo Buteler, solicitó mediante una nota a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y a la presidenta del INAI Magdalena Odarda una “reunión urgente” para tratar de encontrar una solución a la zona de Villa Mascardi.
Según Buteler, desde la ocupación del año 2017 "se ha acrecentado el número de hechos de violencia de los cuales las fuerzas de seguridad provincial tienen registro, lo que ha generado fuerte preocupación y malestar por parte de los vecinos de Villa Mascardi”, indicó la nota oficial enviada al Poder Ejecutivo. “El Gobierno rionegrino solicita a Nación su intervención para la apertura de una mesa de diálogo y consenso para lograr una definitiva resolución a este conflicto”, remarcó el escrito.
Los vecinos y propietarios denuncian ataques y robos de encapuchados desde hace más de diez años. Afirman que se sienten desprotegidos de parte del Gobierno provincial, de la Nación y de la Justicia. Y señalaron que los turistas sufren también ataques de estos encapuchados pero aseguran que no representan a comunidades mapuches sino que son delincuentes.
En la región, el vínculo entre las autoridades provinciales, los vecinos y los mapuches es de desconfianza y hostilidad. A través de un comunicado, la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu acusó a las autoridades policiales de “abrir fuego contra la comunidad” e ingresar al predio "con bidones de nafta para prender fuego una casa”. El vicepresidente del INAI, Luis Pilquiman asistió al lugar e indicó que hubo “algunos disparos”. “A unos 300 metros se estaba incendiando una vivienda que estaba desocupada. Se empezó a llamar a los bomberos por parte de la comunidad y nosotros porque el fuego no se podía controlar”, sostuvo en declaraciones radiales.
Más allá de los delitos contra la propiedad, la región tiene un historial trágico reciente. El 23 de noviembre de 2017, el entonces juez federal Gustavo Villanueva ordenó a fuerzas federales desalojar el predio mapuche ocupado en Villa Mascardi. La represión culminó con mujeres y niños detenidos. Dos días después, en un nuevo operativo, moría asesinado el joven mapuche Rafael Nahuel, a manos de efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval.
Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, denunció a Infobae una “campaña de estigmatización de denunciar hechos sin pruebas, que le son endilgados a la comunidad". “Eso no ayuda a resolver ningún problema. La realidad es que en nuestro territorio mataron a un integrante nuestro sobre la espalda y fue Rafael Nahuel", indicó.
La causa de Rafael Nahuel se encuentra desde entonces empantanada, con algunos mapuches complicados judicialmente por el delito de “usurpación” y sin agentes de seguridad procesados por el homicidio. Uno de los últimos fallos del año pasado revocaron le dictó la falta de mérito al prefecto Francisco Pintos y revocó su procesamiento. La resolución judicial fue celebrada por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que apoyó la hipótesis del enfrentamiento armado en el Lago Mascardi.
Gabriel Fuks, uno de los funcionarios del Gobierno que tomó intervención en Río Negro, desechó de plano las estrategias de confrontación. “Desde el primer día de gestión decidimos que el tema mapuche y de los pueblos originarios iba ser radicalmente distinto al enfoque del anterior gobierno, que militarizó la Patagonia y fracasó con sus teorías insurrecionalistas. Por esa intervención hubo muertes y situaciones de tensión social que todavía estamos sufriendo”, señaló el secretario de Articulación Federal.
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