Uruguay: en qué consiste la “política de desestímulo de los abortos” que anunció Luis Lacalle Pou

“Sin perjuicio de la filosofía de cada uno [y de] lo que hayan votado o acompañado en su momento, todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que el Uruguay en su Constitución y de acuerdo a los pactos ratificados entiende que hay vida desde la concepción y en ese sentido, un niño que no ha nacido tiene derechos”, dijo recientemente el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, ante la pregunta de un periodista durante una videoconferencia de prensa.

“Lo que el Presidente plantea es una reafirmación lo que ha dicho en la campaña. Siempre recordó que él no había votado la ley de legalización del aborto y reiteró su defensa de una agenda pro vida”, dijo el diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, ante la consulta de Infobae.

“En todas esas declaraciones, más allá de su posición en defensa de la vida, también había dicho que, si le tocaba ser presidente, no iba a derogar la ley del aborto sino buscar mecanismos positivos para disuadir esa práctica”.

El Uruguay aprobó en 2012, la ley nº 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, durante la presidencia de José Mujica.

El actual presidente, Luis Lacalle Pou, ha presentado una Ley de urgente consideración, que propone cambios en muchos aspectos de la normativa uruguaya, desde reformas al Código Penal hasta cambios que hacen a la eficiencia del Estado, pasando por las políticas sociales, la emergencia habitacional, aspectos empresariales y agropecuarios, entre otras. Contiene también propuestas relacionadas con esta reafirmación del presidente de su aspiración a desalentar la práctica del aborto.

“Uno de los capítulos de esta Ley de urgente consideración es la mejora del sistema de adopción, facilitando la acogida de los niños en nuevas familias y la situación de la mujer que no desea tener al niño, para que no lo aborte”, explicó Goñi.

“La ley busca darle mayores apoyos a la madre embarazada, pone más énfasis en la protección de la maternidad, agrega el legislador uruguayo. Hasta ahora hemos venido con políticas que se han centrado en el ‘derecho’ al aborto. Se trata de cambiar ese enfoque”.

“Otro aspecto contemplado es mejorar el acceso a la vivienda para la pareja joven, ya que mucha veces las condiciones de vida inciden en la decisión de tener hijos”, dijo Goñi, aludiendo al espíritu de la iniciativa oficial, que es el estímulo a la natalidad.

En la conferencia de prensa, Lacalle Pou había aclarado: “Sin perjuicio de eso [N. de la R: que la legalización del aborto está vigente en Uruguay], nosotros tenemos una agenda provida, que estoy seguro que todos los que estamos acá la compartimos, sin perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo. Hay ejemplos muy buenos a nivel internacional y a nivel nacional que hacen al acompañamiento, a la protección de la madre que no desea serlo, y en ese sentido vinculado [con] la adopción, tenemos que tener un Estado presente para que eventualmente esa madre que está por tener un niño que no desea, y esos padres que desean serlo a través de la adopción, tengan una cercanía y una institucionalidad más presente en ese momento tan difícil.”

También recordó el Presidente que “que la masificación de los anticonceptivos” constituye “una buena cosa que debe ir acompañada de una educación sexual para que desde temprana edad sepan a qué atenerse”, cuando inicien su vida sexual.

En agosto de 2019, durante la campaña, Lacalle Pou ya había dicho, en un acto en Colonia, que su gestión tendría una “agenda de provida”. "Voy a hacer lo imposible para que no haya abortos”, fueron sus palabras.

Por otra parte, como lo recuerda el diario El País de Uruguay, el programa del Partido Nacional proponía ya modificaciones al régimen de adopciones, con el objetivo de “agilizar drásticamente los tiempos, garantizando los debidos procesos”.

Rodrigo Goñi señaló además que es firmante de un proyecto “para que se otorgue a los padres el derecho a participar de la educación sexual de los hijos” y se dijo favorable a “una Educación sexua que no ponga el énfasis en lo que se ha llamado derechos sexuales sino en una concepción humanista que promueva una vida sexual responsable”.

En cuanto al aborto, recordó que hasta ahora “a nivel político se puso mucho énfasis en el derecho de la madre”, mientras que su gobierno quiere poner el acento en “las ayudas a la pareja joven, a la madre sola, al adopción y a la educación sexual integral”.

También resaltó un aspecto que contrasta curiosamente con el caso de Argentina, donde el aborto no es legal, pero hay una continua promoción de su práctica desde el Estado, tanto nacional como en algunos distritos. Baste si no, ver el cartel con el cual reciben al público en uno de los centros de vacunación habilitados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la campaña antigripal.

“No hay una promoción del aborto -dijo Rodrigo Goñi-. La ley se aplica naturalmente, sin énfasis ni para un lado ni para el otro”.

En la Argentina, en contraste, tenemos polémicas como la del Hospital Piñero, donde la misma Justicia porteña hizo tapiar un mural porque representaba a un feto en el vientre de su madre -un niño en avanzada gestación, vale aclarar, ¡y pintado en la fachada de una maternidad!- por considerarlo “violencia simbólica” hacia la mujer que decidió abortar…

En plena cuarentena, además, con operaciones y otras prácticas médicas importantes suspendidas, hubo una catarata de mensajes avisando que el protocolo de aborto no punible -que es una legalización disfrazada- seguía vigente.

Y, más todavía, el propio presidente Alberto Fernández afirmando que lamenta que la cuarentena le haya impedido enviar al Congreso su proyecto de legalización del aborto…

De ahí la importancia del mensaje de Lacalle Pou, porque en esta materia existe la ley por un lado, pero también la política, el mensaje que se envía desde la autoridad. Los promotores de la legalización de esta práctica en la Argentina se cansan de proclamar que “nadie quiere el aborto”, pero eso no se refleja en su discurso ni en su espíritu, que es de continua promoción y, sobre todo, de minimización de lo que significa: negar que hay vida hasta no se sabe qué semana, asimilar el feto a una “larva” o un amasijo de células; además de presentar proyectos de ley en los que se veta todo intento de disuasión del aborto. La única charla previa que se puede sostener con la mujer que quiere abortar es explicarle cómo son los métodos. Punto.

En cuanto a las cifras de aborto en Uruguay, Goñi dice que “el número actual no se sabe contra qué compararlo”. Es lógico, ya que no existen cifras ciertas de abortos clandestinos. En efecto, otro caballito de batalla de los promotores del aborto es que su legalización disminuye los abortos. Por eso difunden cifras gigantescas, incomprobables, pero evidentemente poco creíbles desde el punto de vista del sentido común, que también indica que difícilmente algo que es clandestino y caro, disminuye al volverse legal y gratuito. No tiene la menor lógica.

En Uruguay, la cifra de abortos ronda los 10.000 por año. Pensemos que en Argentina, se tiran cifras de medio millón y, aunque Uruguay tiene una población muy inferior a la nuestra (3,5 millones de habitantes), la comparación hace evidente la mentira; mentira deliberada para luego poder decir que hubo una drástica disminución. Aplicando una regla de tres simple, nos daría unos 120.000, muy lejos del medio millón imaginado por la Campaña pro aborto y refrendado incluso por Salud...

“El Presidente ha sido muy claro y muy franco. A la pregunta de para qué queremos más gente, la respuesta es que la natalidad es muy beneficiosa para el país. lo mismo sucede con la inmigración”, dijo Rodrigo Goñi, aludiendo al discurso natalista del nuevo gobierno uruguayo.

El contraste entre la Ley uruguaya y los proyectos presentados aquí, incluido el que se rechazó en 2018, es flagrante.

En Uruguay, el aborto es legal solo durante las 12 primeras semanas de gestación (aquí se pretendía que fueran 14). La Ley aclara de entrada que “la interrupción voluntaria del embarazo (...) no constituye un instrumento de control de los nacimientos.”

Lo más destacable son las instancias de disuasión y reflexión que prevé la ley uruguaya: la mujer debe poner en “conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso”. Pensemos que en Argentina existen asociaciones de militantes que practican embarazos con misoprostol sin la menor supervisión médica y sin que la justicia se mosquee.

El siguiente paso que prevé la ley uruguaya es “la consulta con un equipo interdisciplinario” que se integra con 3 profesionales, uno debe ser “médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social”.

Este equipo no sólo informa de los métodos, como planteaban los proyectos locales, sino de "los riesgos inherentes a esta práctica” y “sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción”.

Nada de eso estaba contemplado en los proyectos de quienes afirman que “nadie quiere el aborto”.

“En particular -dice la ley uruguaya-, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable.”

Le sigue “un período de reflexión mínimo de cinco días”. Recién entonces, si la mujer ratifica su decisión, se practica el aborto.

En ese lapso, el equipo interdisciplinario puede incluso, “con consentimiento expreso" de la mujer, “entrevistarse con el progenitor”, el gran convidado de piedra de los proyectos argentinos.

Otro item que contrasta con el espíritu local es que el aborto puede practicarse más allá de las 12 semanas sólo en caso de que “la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer”, cuando “se verifique un proceso patológico (del feto), que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina” o cuando el embarazo “fuera producto de una violación acreditada con la constancia de la denuncia judicial, dentro de las catorce semanas de gestación”.

El protocolo de aborto no punible que sin la menor transparencia se aplica en la Argentina -donde esta practica no es legal- no fija ningún límite de tiempo de gestación al aborto en caso de violación ni exige más que una declaración jurada, no es necesaria la denuncia policial.

Se ha llegado incluso al colmo de una condena penal a un médico que se negó a practicar un aborto a una embarazada de 5 (cinco) meses, en lo que constituyó un claro acto de revanchismo por el rechazo parlamentario a la ley en el año 2018.

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