En noviembre de 2013, el cantante Justin Bieber ingresó al boliche INK de Palermo junto a gente de su seguridad. Adentro causó un revuelo que terminó en una agresión al fotógrafo Diego Pesoa y dio lugar a una demanda judicial. Terminó con Bieber sentado frente a una cámara declarando frente a la Justicia argentina desde Los Ángeles, en Estados Unidos. El mecanismo en esa ocasión fue la primera que se había implementado con alguien conocido.
El incidente con Pesoa se produjo durante la mañana de ese sábado 11 de noviembre de 2013. Cuando el fotógrafo intentó retratar al ídolo pop -entonces, de 19 años- durante su salida del boliche INK. Tras acercarse a la camioneta y tomar algunas imágenes de su interior, los guardaespaldas de Bieber lo increparon, lo corrieron y lo obligaron a entregarle la tarjeta de memoria de la cámara, según contó el reportero. La escena quedó registrada en un video tomado con un celular, y no demoró en llegar a los medios.
En febrero de 2016, el cantante fue citado a brindar declaración indagatoria pero no se presentó como imputado por el hecho que se le atribuía. Fue notificado de la citación mientras se encontraba de gira y hubo que esperar unos meses para que el cantante brinde su versión de los hechos.
En agosto de ese año, finalmente, se sentó frente a una cámara en la Embajada Argentina en Los Ángeles. Allí, la estrella pop se negó a declarar. Al año siguiente, Bieber fue sobreseido de la acción penal que se lo inculpaba, se lo declaró inocente.
Luego, comenzó el reclamó por los daños civiles donde se le secuestraron equipos y se le trabó un embargo por $4.000.000. Aunque continuó su vida sin mucho inconvenientes, nunca regresó a nuestro país.
Ahora, en plena pandemia, la Justicia volvió a utilizar ese método para llevar a cabo las audiencias de los hechos urgentes que no pueden esperar al levantamiento del confinamiento total porque debido al distanciamiento total ya no se pueden hacer cara a cara, como antes.
Infobae habló con el abogado Matías Morla quien fue abogado de la querella en aquel litigio. Relató sus impresiones y lo que significó realizar una audiencia vía teleconferencia.
“La experiencia que tuve con la teleconferencia tiene que ver con la declaración de Justin Bieber, que fue la primera vez en la historia Argentina que se indagó por esa técnica a un famoso que se encontraba en otro país”, contó.
“La audiencia la llevó a cabo por el juez Alberto Baños y fue con total confidencialidad, el juez quedó satisfecho con la declaración porque se cumplió un auto procesal tan importante que es la defensa del imputado”, agregó Morla.
“En la videoconferencia, le fueron leídos a Justin Bieber los delitos por los cuales se lo imputan: como robo agravado, privación ilegítima de la libertad y lesiones graves -precisó Morla, representante de Pesoa-. También le mostraron el video donde se observa cómo señala a una persona a la cual luego le robaron el celular”.
“A Bieber se lo notó muy educado, muy respetuoso. Pero no respondió ninguna de las preguntas que le hicimos”, señaló el abogado. Y destacó: “Llegar a la declaración indagatoria fue un logro, más allá de lo que decidió el juez. Con un trabajo en conjunto con Víctor Stinfale, conseguimos que una figura de su talla termine presentándose ante la Justicia”.
“No recuerdo que haya ocurrido otro así en la Argentina -completó-. Una declaración de un cantante tan famoso con tanta repercusión que se haya hecho por medio de esta naturaleza de comunicación. Lo bueno fue que en ningún momentos se cortó la señal, y todo se realizó en Comodoro Py”.
Por otro lado, afirmó: “Ahí se demuestra que la Justicia cuando quiere actuar puede actuar en diferentes formas, porque en este caso fue porque quien debía declarar estaba en otro país, pero la distancia también puede ser por una enfermedad. El acto procesal es idéntico al presencial pero se hace por teleconferencia, es absolutamente lo mismo. Se lleva adelante la audiencia y después tiene las mismas consecuencias que tiene cualquier acto presencial”.
“Muchos jueces quieren volver a trabajar con las nuevas prácticas que deja la pandemia está”, finalizó.
El 24 de abril, cuatro días después del decreto de confinamiento total, el Gobierno autorizó a implementar un sistema de audiencias de conciliación por videoconferencia entre las partes y los mediadores. La medida se hizo efectiva a partir de la Resolución 121/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Con la firma de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, las autoridades nacionales habilitaron este mecanismo de trabajo a distancia para que se resuelvan algunos conflictos en trámite en medio de la cuarentena, aunque aclararon que el proceso deberá cumplir algunas normas.
De esta manera, “los/as Mediadores/as prejudiciales podrán llevar a cabo las audiencias por medios electrónicos, mediante videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o de la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios que rigen el procedimiento”.
En medio de la pandemia este recurso se comenzó a utilizar. Como el caso de Miguel Ángel Paz, el preparador físico que atacó brutalmente a un empleado de seguridad de su edificio porque lo intimó a cumplir con la cuarentena, declaró vía teleconferencia ante el fiscal Martín Gómez de la UFI de Vicente López Este.
Luego de escuchar su testimonio, el fiscal pidió su detención domiciliaria ante “la trascendencia del hecho y la gravedad de la situación”. Por la tarde, el juez de Garantías hizo lugar al pedido.
También, la Justicia utilizó este nuevo recurso en el conocido caso del joven de Moreno infectado de coronavirus que violó la cuarentena tras regresar de Estados Unidos y asistir a una fiesta de 15, se negó a declarar ante el fiscal Santiago Marquevich, en una causa bajo la firma del juez federal Néstor Barral. No solo se lo acusaba de violar la cuarentena que debía mantener: se lo acusó de homicidio culposo. La Justicia federal sostiene en su acusación que fue Torales Pereyra quien contagió a su propio abuelo de 78 años, que falleció dos semanas atrás a causa del virus.
Torales Pereyra habló por videoconferencia desde la clínica porteña en la que está internado: asegura que a pesar de negarse a hablar esta vez podrá ampliar su indagatoria en el futuro. Su abogado defensor, Guillermo Tiscornia, presentó un escrito en los tribunales de Morón que fue ratificado por su defendido.
Tal vez después de que termine la cuarentena, los funcionarios judiciales que implementaron esta nueva forma de declarar la tengan aún en cuenta si el caso necesita celeridad.
Seguí leyendo: