Detalles de la aberrante actuación de uno de los jueces que será denunciado por liberar presos

Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsará el juicio político contra tres jueces que otorgaron morigeraciones de prisión a detenidos con la excusa de la pandemia de coronavirus.

Uno de los denunciados es el Dr. Claudio Brun, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Los otros dos son magistrados de San Isidro y Lomas de Zamora cuyos nombres aún no han trascendido.

Según la denuncia a la que tuvo acceso Infobae, el juez Brun benefició con prisión domiciliaria a Néstor Luis Ibars el pasado 7 de abril.

Ibars había sido condenado en noviembre de 2015 a siete años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una menor que tenía 17 años. El hecho fue especialmente aberrante dado que la víctima sufría de retraso madurativo. Al momento de la liberación, el abusador todavía debía pagar dos años y siete meses de su condena.

En primer lugar, el pedido de juicio político contra el juez Brun señala que incumplió con los deberes inherentes a su cargo debido a que no aplicó “razonadamente” el derecho vigente y no valoró adecuadamente las características particulares del caso.

En términos concretos, el magistrado nunca explicó en detalle las razones por las que consideró oportuno otorgar la prisión domiciliaria al abusador.

Además, no acreditó ninguna enfermedad o circunstancia que coloque al condenado en el grupo de mayor riesgo en relación al resto de la población carcelaria y tampoco corroboró que la prisión domiciliaria lo deje en una situación de menor riesgo de contagio.

De hecho, los denunciantes señalan que el informe socio ambiental se realizó por teléfono y aún así se corroboró que en la vivienda en la que sería alojado residen 10 personas. Por lo cual hasta podría considerarse que el peligro de contagio es aún mayor.

Por otro lado, el juez nunca pidió informes sobre las medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario para prevenir los contagios y tampoco solicitó los informes técnicos criminológicos o análisis gráficos de conductas del detenido.

Cabe destacar que al momento de redactarse la denuncia, no se registraba ningún caso de contagio ni sospechoso bajo análisis en la Unidad 19, donde cumplía su condena el abusador.

Como señala el texto, la inexistencia de casos positivos hace que la prisión domiciliaria haya sido otorgada en base a una “lógica ilusoria de la urgencia” o a un “peligro de un peligro” que hasta el momento no se concretó.

La otra falta que denuncian contra el magistrado -probablemente la más grave- fue haber vulnerado el derecho de la víctima a quien nunca notificó ni escuchó como impone la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, publicada en el Boletín Oficial el 13 de julio de 2017 y reglamentada mediante el Decreto N° 421/2018 del 9 de mayo de 2018.

Según esta norma, el juez está obligado a dar participación a la víctima antes de otorgar un beneficio. “Negar el derecho a ser oído ex-ante, por la víctima y sus representantes, es la arbitrariedad más gravosa pues, viene impuesta por la omisión y negación del derecho en manos de quién debe conocerlo y garantizarlo”, dice la denuncia en referencia a Brun.

La joven abusada se enteró de la liberación de su atacante a través de los medios a raíz del escándalo político que generó la liberación de cientos de detenidos debido a la pandemia.

La Justicia también investigará si hubo irregularidades en los beneficios otorgados a otros detenidos por el mismo juez: Jorge Pedro Bergondi (abuso sexual agravado de una menor de 9 años), Pedro Efrain Muñóz (abuso sexual reiterado), Luis Alberto Riquelme (abuso sexual agravado), Ricardo Roberto Moreyra (abuso sexual agravado), Eduardo Ariel Ziegemann (abuso sexual con acceso carnal), Juan Matiolli (robo agravado por el uso de arma de fuego), Claudio Molina (robo agravado por el uso de arma de fuego), Rodrigo Pereda (robo con armas), Oscar Galetti (homicidio agravado por alevosía), Juan Domingo Sosa (robo agravado por el uso de arma) y Cristian Marcelo Victola (robo agravado).

Ahora, será el turno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires decidir si concede la admisibilidad del jury y suspende de sus funciones al juez Brun.

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