Después del primer preso con coronavirus, los defensores generales bonaerenses insistieron en la libertad de los internos en riesgo

Los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires insistieron en su pedido de que salgan de prisión -ya se con detenciones domiciliarias o excarcelaciones- los presos bonaerenses que son grupo de riesgo ante el coronavirus. Si bien un fallo hizo lugar a su planteo, la Fiscalía lo apeló para que intervenga la Suprema Corte de Justicia de la provincia y lo revoque.

El planteo fue hecho ayer a la tarde, informaron a Infobae fuentes judiciales, poco después que se conoció el caso del primer preso bonaerense en contraer coronavirus, una situación a la que no se buscaba llegar por la propagación que el virus puede tener en las prisiones de la provincia por el hacimiento y las malas condiciones de salud e higiene.

Se trata del caso Julián Arakaki, de 49 años, detenido en la unidad 42 de Florencio Varela por el crimen de su hija de ocho años por el que recibió prisión perpetua. Arakaki es un paciente renal crónico que requiere diálisis tres veces por semana. La sospecha es que se infectó de coronavirus durante ese tratamiento en el hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde ahora quedó aislado. La misma medida se tomó para 10 agentes penitenciarios y cinco detenidos que tuvieron contacto con él. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó que hasta ahora ninguno presenta síntomas.

La discusión jurídica está centrada en el fallo que la Cámara de Casación Penal Boanerense dictó el 9 de abril, la apelación que hizo el fiscal Carlos Altuve cinco días después y la presentación de los defensores generales para que el fallo se mantenga.

Casación -con la firma del juez Víctor Violini pero con el acuerdo de sus colegas- hizo lugar a un habeas corpus que los defensores generales presentaron a favor de los presos en situación de riesgo. El tribunal resolvió, mientras dure el aislamiento social el arresto domiciliario de los presos por delitos leves y que son grupo de riesgo. Sobre los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves, dispuso que cada juez analice si es viable el arresto en su casa resguardando la integridad de las víctimas. También les encomendó a los jueces que de oficio analicen la situación de las personas bajo prisión preventiva y con los plazos cumplidos para estar detenidos sin condena. Y que hagan lo mismo si corresponde la prisión domiciliaria para los procesados y condenados que dentro de los próximos seis meses estén en condiciones de salir de la cárcel.

La medida alcanza en principio a 420 personas que son los de grupo de riesgo y de delitos leves, según un primer listado que aportó el Ministerio de Justicia de la provincia. Pero el grupo de riesgo total es de 2.300 personas que se irá actualizando con más información. Pero es incierto el número para todo el universo que dictó Casación. Por grupo de riesgo se considera a mujeres embarazadas y con niñas/os, personas mayores de 60 años y con enfermedades graves como las oncológicas, pulmonares, tuberculosis, diabetes y HIV.

El fallo fue apelado por el fiscal Altuve que lo consideró de “extrema gravedad institucional”, “con una ostensible falta de fundamentación” y que genera “incertidumbre”. Por eso pidió el “urgente tratamiento” para que llegue a la Suprema Corte de la provincia.

El fiscal sostuvo que Casación resolvió una causa colectiva cuando la decisión de otorgar una prisión domiciliaria corresponde a los jueces de primera instancia que intervienen en cada expediente y que son quiénes tienen a disposición a los detenidos. “Me permito recordar que los jueces naturales de la causa se encuentran en mejores condiciones que un solo juez que decide de manera unipersonal y de modo genérico y abstracto desde la ciudad Capital de la Provincia, para conocer las circunstancias concretas de cada detenido”, criticó.

Por otra parte, Altuve señaló que el fallo no explica cuáles son los delitos leves y los graves, no detalla quiénes son los internos de riesgo, ni cuántas personas están comprendidas en esa categoría ni cómo el SPB instrumentará los arrestos domiciliarios.

La diferencia del tipo de delitos la hizo el Ministerio de Justicia cuando apoyó en Casación el habeas corpus de los defensores generales. Delitos leves son los que tienen pena baja, los que se cometieron sin violencia y que son de peligro abstracto y enumeró dentro de los graves a "los atentados contra la vida y la integridad sexual, así como a las agresiones serias inspiradas en razones de género, los ataques violentos contra la propiedad y las expresiones de violencia institucional de mayor entidad”.

Por último, el fiscal señaló que el fallo omite a las víctimas. Explicó que una ley establece que las víctimas de los delitos tiene de derecho a ser informada y a opinar ante un planteo de prisión domiciliaria, libertad condicional o cualquier otra medida que implique la salida de prisión.

“No se discute aquí la situación de emergencia sanitaria imperante producida por el COVID 19, ni la carcelaria producto del hacinamiento carcelario, ni las necesidades de adoptar medidas urgentes, pero eso no justifica una alteración total del orden constitucional ni legal, sino todo lo contrario: en situaciones de emergencia es cuando más sentido tienen el cumplimiento de la Constitución, y la vigencia de las garantías y el principio de la división de poderes”, sostuvo Altuve que pidió que se deje sin efecto el fallo e intervenga la Suprema Corte de la provincia.

La respuesta al fiscal llegó ayer de parte de los 19 defensores generales bonaerenses. En su escrito, al que accedió Infobae, pidieron que la apelación del fiscal sea declarada inadmisible y el fallo de Casación siga vigente.

Explicaron que la apelación de Altuve revela “la absoluta ausencia de algún agravio concreto” ya que solo puede ir a la Suprema Corte ante una sentencia definitiva y que la de Casación no la es “ni pone fin a las causas principales, ni hace imposible que las mismas continúen”.

Por otra parte señalaron que tanto los arrestos domiciliarios se harán por parte de los jueces de esos casos y lo mismo cualquier otra decisión sobre los presos. “La postura es desconcertante”, dijeron los defensores sobre la apelación de Altuve.

“El fallo solo vino a viabilizar el verdadero rol que debe cumplir el Poder Judicial para el debido resguardo de los derechos de cada persona detenida, y más aún en las actuales circunstancias excepcionales y de urgencia, que no soportarían demoras de trámites ni burocracia judicial”, concluyeron para pedir que el fallo siga firma.

Ante la posturas diferentes, la aparición del primer caso de coronavirus en una cárcel bonaerense y la crisis sanitaria se espera que Casación tome una decisión esta semana.

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