La pandemia de coronavirus dejó a los trabajadores del transporte escolar en una situación crítica ya que su empleo depende exclusivamente de la vuelta a clases, algo que no está en los planos inmediatos del Gobierno. “La vuelta a clases después de las vacaciones de invierno es una alternativa, pero no tenemos certezas. No es una decisión educativa sino epidemiológica, sanitaria. Hay que transitar el invierno, ver cómo nos afecta, el nivel de contagio”, dijo el ministro de Educación, Nicolás Trotta.
Con este panorama incierto, el retorno a las aulas podría producirse recién en agosto y los propietarios de micros escolares están desesperados porque su situación económica es insostenible y no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado.
“Venimos de dos meses de receso escolar sin trabajar y la cuarentena nos arruinó. Empeoró nuestra situación económica”, contó a Infobae el chofer Diego Trimarco, quien es consciente que la crisis en su sector va a continuar porque cuando todo vuelva a la normalidad habrán muchas familias que recorten gastos y muy probablemente lo hagan con su servicio.
Si no hay clases, Diego no puede cobrar la cuota. Pero sí tiene que seguir haciéndole frente a los vencimientos impositivos, gastos de seguro, patente y habilitación porque debe tener todo en regla para cuando retome su actividad.
“En marzo, por ejemplo, poner el micro en condiciones para salir a trabajar me costó entre 8 y 10 mil pesos, pero hay que tener en cuenta que los que tienen vehículos más modernos tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos. Ese es el gasto que hoy nos genera tener el transporte parado”, detalló Trimarco.
Viendo la forma de achicar gastos, este chofer llamó a su compañía asegurada para que le hiciera solo un “seguro de garage” -se paga solo una responsabilidad civil ya que el micro no sale a la calle- y así ahorrarse aunque sea un 20%. “Pero los otros impuestos hay que pagarlos sí o sí”, aclaró.
Como el servicio que él ofrece lo arregla directamente con los padres sin la intervención de las escuelas, hubo diferentes respuestas de las familias a la hora de pasar a cobrar marzo ya que se hace a mes vencido. “Hubo gente que nos pagó la totalidad del arancel de buena voluntad ya que siguen cobrando el sueldo con normalidad, pero hubo otros que al ser cuentapropistas no pudieron. Con ellos llegamos a un acuerdo de que solo paguen el 30% ya que solo pasamos a buscar a sus hijos durante las primeras dos semanas”, aclaró el chofer. Pero el mes de abril es incierto y los siguientes aún más. “No sé cómo van a reaccionar porque estamos todos en la misma, sin trabajar ni generar ingresos, y es entendible”, remarcó.
Pablo Camacho, que viene de una familia que se dedica desde hace 52 años al transporte escolar, contó que tenía la esperanza de que la situación comenzara a acomodarse después del 31, que fue la primera fecha tentativa que puso el Presidente para terminar con la cuarentena.
“Como la mitad de las familias no pudieron pagar el primer mes, muchos choferes acordaron que lo hicieran una vez que retomaran las clases, pero ahora estamos hablando de agosto y septiembre y es insostenible. La cuarentena nos agarró en un momento vulnerable y nos dejó en una situación crítica. No sabíamos de la magnitud, pensamos que era un mes y se podía soportar”, alertó.
La otra contra del aislamiento obligatorio es que tampoco les permite a hacer los trabajos “extras” que realizan en paralelo a su actividad que son las excursiones, el traslado de jubilados, viajes para llevar invitados a casamientos o estudiantes a los boliches. “El Gobierno nos quitó toda alternativa de trabajo. Estamos en una situación muy complicada. No podemos trabajar de nada, es imposible”, se lamentó Trimarco, quien se desempeña como chofer escolar desde hace 11 años al en la zona norte del conurbano bonaerense. “El negocio lo inició mi mujer Julieta, que empezó hace 13 años con el traslado de los chicos al colegio, y dos años más tarde me sumé yo. Tenemos dos combis y cada uno maneja la suya. La totalidad de nuestra fuente de ingreso viene del transporte escolar”, relató.
En medio del aislamiento obligatorio y ante la imposibilidad de salir a las calles para hacer visible su delicada realidad económica, los transportistas escolares se propusieron hacerlo desde las redes sociales donde suben videos con angustiantes testimonios con el hashtag #AlertaEscolares.
“El transporte escolar está en estado de emergencia. De nosotros dependen muchas familias. Si no hay clases no trabajamos, por ende no tenemos ingresos económicos y no hay manera de llevar a cabo otras actividades. Venimos de un receso escolar y eso empeora nuestra situación. Y no sabemos cuándo van a comenzar la clases. Queremos ser escuchados. Necesitamos ser escuchados. Juntos vamos a salir adelante”, advierten en una filmación que se hizo viral los choferes nucleados en la Asociación Propietarios de Ómnibus Escolares, Turismo y Afines de la Ciudad de Buenos Aires (APOETA)
Al igual que ellos, varios dueños de combis de la provincia de Buenos Aires y distintas ciudad del país -organizados en distintas agrupaciones- elevaron su pedido al Presidente para que se les permita trabajar como “refuerzo del transporte público”.
“Somos muy conscientes de la situación que está pasando el país. Cada municipio hizo su video y se hizo otro a nivel nacional. A veces, la no respuesta es mas desesperante. La incertidumbre es peor a que nos digan que no a nuestra propuesta”, aseguró Camacho, quien además es integrante de la comisión directiva de APOETA.
La propuesta de la que habla Camacho consiste en que les permitan utilizar sus vehículos escolares como transporte público. “Como la gente no puede ir parada en los colectivos y tiene que respetar una distancia de un metro y medio, si se llega a levantar la cuarentena no van a alcanzar las formaciones. Nosotros nos ponemos a disposición para ayudar”, detalló.
Actualmente, desde el Gobierno de la Ciudad los convocaron para trasladar a adultos mayores de los barrios de emergencia a lugares seguros para hacer el aislamiento. “Pero de los 150 contratos que prometieron solo hay 10 micros escolares haciendo ese trabajo”, se lamentó.
Como muchos de estos transportistas están inscriptos en categorías superiores a la A y B del Monotributo, no pueden aplicar para el bono de $10 mil que otorga el Gobierno. “La mayoría son C y autónomos y si nos dieran ese dinero tampoco podríamos sostener nuestra economía porque muchos tenemos una estructura más grande, de dos o tres vehículos. Por eso pedimos la generación de empleo”, enfatizó Camacho.
De acuerdo a las estadísticas que maneja el sector, en la Ciudad de Buenos Aires hay 1.450 choferes habilitados para realizar el traslado de escolares mientras que a nivel nacional ascienden a 10.000.
“Es un trabajo que, en la mayoría de los casos, lo heredamos de nuestros familiares por lo que se nos dificulta contar con la ayuda de nuestros padres o hermanos porque todos nos dedicamos a lo mismo. En mi caso, que tengo 42 años, me puedo llegar a reinventar y dedicarme a otra cosa. ¿Pero los mayores de 60 qué van a hacer?”, se preguntó Camacho haciéndose eco del interrogante que aqueja a un significativo número de trabajadores.
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