Coronavirus en Argentina: clausuran la clínica de Vicente López donde se produjeron 13 contagios por falta de medidas de prevención

Por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, comenzó alrededor de las 18.30 el operativo destinado a concretar la clausura preventiva del Centro de Salud Norte, de Villa Adelina, en el partido de Vicente López, donde por la falta de precauciones de esa institución se registraron hasta el momento 13 personas contagiadas de coronavirus.

La medida cautelar busca impedir una mayor propagación de la epidemia en esta clínica privada prestadora de PAMI, ya que -según determinó la magistrada- no estarían garantizadas las medidas de seguridad ni la atención adecuadas para preservar la salud de los pacientes, ni del personal médico y no médico de la institución.

La magistrada tuvo en cuenta que la totalidad de los internados -33 en total- ingresaron por PAMI y, por su elevada edad, constituyen una población de riesgo. Según puso saber Infobae, el director médico del Centro de Salud Norte, Jorge Pinzetta, si bien informó a la Justicia el listado del personal de la clínica que estuvo en contacto con la paciente fallecida, y dispuso que se le realice el test y su aislamiento, no habría informado qué medidas tomó respecto de los pacientes internados.

Por otro lado, según los testimonios y denuncias recabados, parte del personal de la clínica -aún con síntomas- estaría concurriendo a trabajar, sin que se hubiese descartado que son portadores de COVID-19.

En un comunicado difundido esta semana, desde la clínica aseguraron que aplicaron el protocolo recomendado por las autoridades sanitarias al conocerse el resultado positivo de la fallecida, y descartaron la “probabilidad de alguna infección cruzada desde otro paciente internado en la Institución”. También apuntaron a los familiares de la paciente fallecida, al afirmar que la visitaron “encontrándose con síntomas de Covid 19 y lo ocultaron al personal de la clínica". Esto fue desmentido por el hermano de la víctima, quien aún aguarda el resultado de su test de COVID-19.

El operativo está siendo llevado a cabo por funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con el área de Seguridad y de Salud de la Municipalidad de Vicente López. Interviene también la Policía Federal, con participación de Bomberos, y Defensa Civil del Municipio para colaborar con el corte de calles y desvíos. Está presente asimismo una funcionaria de PAMI, la obra social de los jubilados de la cual la clínica es prestadora, responsable de la futura reubicación de los pacientes en función de las cápitas disponibles.

Efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Federal, a cargo del comisario inspector Néstor Fabián Zoya, realizaron tareas de inteligencia afuera de esta clínica privada durante el día, ante la posibilidad de que alguno de los directivos o dueños retirara documentación o equipos informáticos, o se realizara “una limpieza” del lugar antes de la llegada del equipo epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense. La orden de clausura fue emitida a última hora de anoche por Arroyo Salgado, e incluyó la orden de secuestro de todas las historias clínicas y todo material en papel o soporte informático que fuera relevante para la investigación judicial.

En este momento, dentro de la clínica, hay un equipo de fiscalización de la cartera sanitaria bonaerense y dos epidiomiólogos de la Regional V, junto a su directora Mariela Torres, comenzaron a realizar el relevamiento y evaluación epidemiológica del lugar y de cada uno de los pacientes internados, así como del cumplimiento de la aplicación del protocolo de COVID-19.

Arroyo Salgado había dispuesto, además que -tras esta evaluación-, sean derivados a los hospitales municipales o provinciales más cercanos, a fin de darles el tratamiento médico más adecuado, no solo en función de sus patologías, sino también a su potencial cuadro de portadores de COVID-19.

Si bien la jueza federal pidió esta medida con carácter de urgente, así como la evacuación de la clínica, el Ministerio de Salud bonaerense pediría una ampliación del plazo para cumplir con la orden judicial. Según fuentes de esa cartera, se inclinarían por una alternativa que no implique el cierre, “siempre que se garantice el cumplimiento de los protocolos respectivos”. “Vamos a hacer la evaluación epidemiológica y auditoría del lugar, en cumplimiento de la orden de la jueza, y elevaremos un informe para ver cómo continuar”, informaron a Infobae desde la Dirección de Regionales del Ministerio de Salud bonaerense

“Queremos garantizar que, en la medida de lo posible, los lugares permanezcan abiertos siempre que no constituyan un riesgo para la sociedad. Hay que ir aislando a todas las personas que haya que aislar y controlar el cumplimiento del protocolo. Para eso estamos llevando adelante diariamente tareas de investigación y seguimiento epidemiológico. Nuestra postura no es cerrar servicios, no lo vemos como una solución. La idea es buscar mantener abierto el lugar en la medida que se cumpla con la normativa y los protocolos sanitarios correspondientes. Si vamos a cerrar todos los lugares donde hay casos de COVID, la población va a correr riesgo”, sostuvieron.

En la resolución pidiendo la clausura emitida anoche a última hora, Arroyo Salgado consideró que “se ha incorporado el expediente una multiplicidad de elementos probatorios -fundamentalmente a través de testimonios de personas vinculadas de uno u otro modo al Centro de salud - que, conjugado con la totalidad de las circunstancias aunadas permiten sostener con una grado fundado de verosimilitud que, en la clínica en cuestión, se ha desatado un foco infecciosos del virus COVID-19, ya diseminado por la totalidad de la institución con múltiples personas perjudicadas y que además muchas de ellas (pacientes internados) se encuentran en verdadero riesgo, por ser población sumamente vulnerable a los efectos del virus en cuestión. Es decir que nos encontramos frente a un cuadro de situación de extrema gravedad en el marco de a emergencia sanitaria en la que se encuentra no solo nuestro país, sino el mundo entero, y cuyas consecuencias resultan hasta ahora de alcance desconocido”.

Arroyo Salgado también destacó en su resolución que, en base del artículo 23 del Código Penal, en el marco de la medida cautelar de clausura dispuesta, se podría disponer el decomiso preventivo de inmuebles y bienes relacionados con el delito, que en este caso, podría ser equipamiento médico como respiradores, por ejemplo, respecto de los cuales el estado podría actuar como depositario judicial.

La clínica es propiedad de una sociedad ROPHE SA, uno de cuyos dueños es Benjamín José Teitielbaum.

La denuncia que abrió la investigación judicial

La magistrada dispuso la clausura en la causa iniciada a partir de la denuncia de Carlos Cellini, cuya hermana falleció el pasado 6 de abril en esa clínica privada, sin haber sido tratada por COVID-19. El resultado positivo post mortem recién se conoció luego de que le realizaran el test por disposición de la Justicia. La clínica no le había hecho el hisopado a la paciente en vida. Cellini fue a la Justicia al tener dudas sobre las causales de la muerte de su hermana de 65 años consignadas en el certificado de defunción, que no fue entregado con el cuerpo, sino al día siguiente, y en el que fue consignado “paro cardíaco, shock refractario e insuficiencia respiratoria”.

La titular del Juzgado Federal Nº1 de San Isidro, en la que recayó la denuncia, también ordenó que se le realice el análisis a los que estuvieron en contacto con la víctima o su cuerpo: su familia, el personal de la cochería M. Menini que intervino en el sepelio, los ambulancieros que trasladaron su cadáver y una mujer que cuidó a su suegra durante 10 días, compartiendo habitación con la víctima. Asimismo, dispuso el aislamento obligatorio en sus domicilios de todos ellos hasta fines de abril.

Producto de haber estado en contacto con la fallecida, sin que se hubieran tomado las medidas de prevención adecuadas, hoy hay al menos 13 personas contagiadas, de las cuales 7 integran el personal médico y no médico de la clínica, y 6 tuvieron algún tipo de contacto con la fallecida.

Según la clínica, "la totalidad el personal médico y paramédico que resultó infectado por contacto con la paciente Cerrilli se encuentra en vías de recuperación, y serán reintegrados a sus funciones habituales una vez obtenida el alta médica”.

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