¿Se frena la salida de los presos bonaerenses por el coronavirus? La fiscalía pidió a la Corte que revise la orden de Casación

El fiscal Carlos Altuve apeló ayer la decisión de la Cámara de Casación Penal bonaerense de otorgar un habeas corpus colectivo en favor de un grupo de presos en cárceles de la provincia considerados en situación de riesgo por el coronavirus, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Se trata de un número de presos todavía incierto: son por los menos 400 que fueron acusados de delitos leves, pero la cifra podría llegar a miles según el criterio que se aplique sobre el fallo, ya que Casación dispuso revisar la situación de varios internos.

Precisamente por eso, el fiscal Altuve presentó el recurso ante el Tribunal de Casación y pidió que se le dé trámite urgente, para que el fallo sea revisado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Según pudo saber este medio, el fiscal ante el máximo tribunal penal bonaerense aclaró que compartía el espíritu de la decisión de buscar una alternativa al hacinamiento carcelario en medio de la pandemia de la COVID-19, pero cuestionó la forma en la que se había implementado la medida.

A su criterio, no está claro cómo evaluar los delitos graves y leves a la hora de permitir estas morigeraciones de las detenciones y reclamó esclarecer ese escenario antes de empezar a ejecutar las salidas de prisión.

Para la fiscalía, esta apelación debería frenar ahora la salida de los detenidos de la cárcel hasta que la Suprema Corte intervenga. En el máximo tribunal penal, sin embargo, entienden lo contrario y consideran que “mientras dure el trámite de la apelación, la sentencia debe ser cumplida”. Si Casación entiende que el recurso no es admisible, de todas maneras irá en queja al máximo tribunal provincial, adelantaron fuentes judiciales.

El fallo del Tribunal de Casación bonaerense había sido firmado sobre la madrugada del último viernes. Fue luego del planteo de los 19 defensores generales de la provincia y tras reuniones en donde participó el propio Altuve y representantes del Gobierno de Axel Kicillof. La resolución llevaba la firma del juez de Casación, Victor Violini, a cargo momentáneamente de la presidencia del tribunal durante la ausencia de Ricardo Borinsky, por estas horas ya reintegrado en su cargo. Violini, de todas maneras, aclaró que su decisión había tenido el respaldo mayoritario de sus colegas.

Violini dictó ese fallo haciendo hincapié en la sobrepoblación que existe en las cárceles bonaerenses, lo que provoca un deterioro en todas las condiciones de detención que se agravan con el riesgo de contagio de coronavirus. La capacidad de alojamiento es de 24.300 personas y a principio de mes, según datos oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, había 44.200.

En esa resolución, Casación dispuso el arresto domiciliario, mientras dure el aislamiento social, de los presos detenidos por delitos leves y que son grupo de riesgo ante el coronavirus. Sobre los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves, el tribunal dispuso que cada juez analice si es viable el arresto en su casa resguardando la integridad de las víctimas. También les encomendó a los jueces que de oficio analicen la situación de las personas bajo prisión preventiva y con los plazos cumplidos para estar detenidos sin condena. Y que hagan lo mismo si corresponde la prisión domiciliaria para los procesados y condenados que dentro de los próximos seis meses estén en condiciones de salir de la cárcel.

Apenas se conoció la resolución de Casación bonaerense firmada la semana pasada, el jefe de los fiscales, Julio Conte Grand, afirmó que podrían ocurrir “miserias humanas”: “Se están pidiendo arrestos domiciliarios, beneficios, y hasta reducción de pena para personas que no están incorporadas al universo de riesgo del coronavirus". También aseguró que no había formas de controlar a todos los que obtuvieran el beneficio. “No existen certezas de que no puedan escaparse”, dijo.

Precisamente, será el procurador Conte Grand el que tendrá que sostener el recurso de la fiscalía si el tema logra ser analizado por los miembros de la Corte Suprema de la provincia.

Lo que plantea ahora el Ministerio Público es que Casación bonaerense habría resuelto “extra petita”, es decir, “más allá de lo pedido” y se está abriendo la puerta a la salida de prisión a más presos de habían sido solicitados inicialmente. ¿Por qué? El temor es que se esté buscando incluir en este universo a personas que no podrían acceder a la libertad. Y señalaron a los integrantes de la banda del ex juez de La Plata César Melazo. Ya se le dio la excarcelación a Enrique Edgardo “Quique” Petrullo, uno de los acusados en la causa. A Melazo, en tanto, se la rechazaron días atrás.

Según pudo saber Infobae, el fiscal Altuve también hizo hincapié en que, antes de este recurso colectivo, ya se habían otorgado habeas corpus individuales a presos mayores de 60 años o con patologías que los hacía en blancos fáciles del COVID-19. Entre esos casos aparecían detenidos en causas de abuso sexual.

Y resaltó que Casación no fijó un criterio para definir qué es un delito leve y uno grave. Eso sí lo hizo el Ministerio de Justicia de la Nación de Buenos Aires, a cargo de Julio Alak, que la semana pasada avaló el planteo de los defensores oficiales.

En una nota enviada por el subsecretario de Política Criminal del Ministerio, Lisandro Pellegrini, el gobierno sostuvo que las medidas de salida de presos de prisión “deberían estar principalmente dirigidas a la población carcelaria procesada o condenada por delitos menores”. Y explicó que delitos leves son los que tienen pena baja, los que se cometieron sin violencia y que son de peligro abstracto.

“Las personas encarceladas por manifestaciones criminales que denoten alta peligrosidad pierden prioridad, a juicio de este Ministerio”, agregó el funcionario y especificó que “dentro de estas calificaciones más gravosas corresponde ubicar a los atentados contra la vida y la integridad sexual, así como a las agresiones serias inspiradas en razones de género, los ataques violentos contra la propiedad y las expresiones de violencia institucional de mayor entidad”.

La otra discusión es a cuántos presos alcanza el fallo de Casación. El Ministerio presentó un listado que indica que los presos bonaerenses en situación de riesgo son inicialmente 2.300 y lo integran mujeres embarazadas y con niñas/os, personas mayores de 60 años y con enfermedades graves como las oncológicas, pulmonares, tuberculosis, diabetes y HIV. Pero podrían ser más.

“Ese número representa al 5,5 por ciento de los presos. Pero es bajo porque se dejaron de diagnosticar las enfermedades por la sobrepoblación y la falta de recursos. El promedio nacional es del 10 por ciento”, reconoció ante Infobae un funcionario bonaerense que trabaja en el tema.

El primer listado que el Gobierno envió a Casación de presos en condiciones de ir a prisión domiciliaria es de 420. Son los de riesgo y que cometieron delitos leves. Sobre ese grupo el tribunal ordenó que salgan de prisión. El gobierno lo irá actualizando, por lo que el número podría ser más. Inclusive sería mayor si se toma a los detenidos por hechos graves, a los que les falta seis meses para salir de prisión y los que tienen la prisión preventiva vencida.

Otro problema que se plantea es cómo controlar las prisiones domiciliarias. El método que más se aplica es el uso de las tobilleras electrónicas que controla los movimientos de una persona. Pero el Ministerio de Justicia no tiene más. Las 1.960 que posee están en uso y tiene un listado de 250 personas que esperan una.

¿Qué efecto tuvo el fallo de Casación? Todavía no se conoce. Fue dictado a fines de la semana pasada y dispuso que su ejecución la haga cada juez, lo que lleva un trámite.

Cómo se gestó la liberación de los presos

El 5 de diciembre, unos 11.800 reclusos en distintas cárceles bonaerenses empezaron una huelga de hambre. Denunciaban el hacinamiento en le que vivían. El 11 de diciembre de 2019, la Corte bonaerense firmó una resolución en donde llamó a hacer un "uso racional” de la prisión preventiva y adoptar otras alternativas al envío de detenidos a las cárceles. Y se abrió una mesa de diálogo entre la justicia, el gobierno y los presos.

La primera noticia sobre lo que ocurría en las cárceles con el coronavirus la dieron mujeres presas. A mediados de marzo las internas de la Unidad 50 de Batán, en Mar del Plata, decidieron no recibir más visitas. Luego se sumaron el resto de los penales. Era una medida de prevención: que no entren a los penales personas que pudieran llevar el virus a las unidades, donde el distanciamiento social no existe por el hacinamiento, la higiene es en extremo precaria y la atención médica deficiente. Todo, en parte, por la sobrepoblación.

Pero los presos también estaban preocupados. Criticaban que no recibían elementos de limpieza, que en las cárceles había mucha circulación de gente como los penitenciarios que van a sus casas y rotan de unidad y un grito de desesperación: “si el virus entra a la cárcel es una masacre”.

El SPB, a cargo de Xavier Areses, tomó medidas sanitarias en sintonía con las del gobierno nacional. Los defensores oficiales son los abogados públicos que representan, en general, a quiénes no pueden pagar uno privado. Siguen de cerca lo que ocurre en las cárceles y con el coronavirus observaron lo que pasaba en otros países del mundo, donde hubo por motines o fugas o muertos por coronavirus. Así, en Estados Unidos – con la justicia y el sistema penal más duro de occidente–, España e Inglaterra liberaron a miles de presos por el riesgo que la pandemia significaba para las cárceles.

Los defensores comenzaron a acelerar los pedidos de prisión domiciliaria, algo que ya venían haciendo. Pero las medidas no alcanzan y los presos exigían elevaban sus reclamos. Hubo batucas en varias cárceles del país, como en Devoto y en algunas bonaerenses, y en Coronda y Las Flores hubo cinco muertos.

Luego llegó un primer fallo sin precedentes, que abría el camino para lo que vendría. La Cámara de Casación permitió que todos los presos bonaerenses tengan celulares, algo que hasta entonces estaba prohibido en prisión. Fue para que los internos sigan en contacto con sus familiares ante la suspensión de las visitas. “Los presos nos contaban que eso bajó muchísimo las tensiones y evitó varios conflictos”, le dijo a Infobae un defensor oficial.

Pero sus pedidos de prisión domiciliaria de riesgo no salían. “Los jueces no estaban cagando”, graficó otro defensor. En rigor si se otorgan detenciones domiciliarias pero no en la cantidad que los defensores querían: “Y decidimos actuar en conjunto”.

Los 19 defensores generales de la provincia comenzaron a hablar sobre la situación, a intercambiar mensajes de whatsapp y por correos electrónicos. También hacían videollamadas. “Un cárcel en la provincia es como si en un departamento de cuatro ambientes vivan 120 personas. En un momento se rompe todo”, gráfico una fuente.

Y los 19 defensores generales tomaron una decisión. Todos juntos iban a presentar un hábeas corpus para pedir por los internos. Decidieron que el planteo no iba a hacer ante cada juez sino directamente en Casación, el tribunal que está por arriba de cada magistrado penal de primera instancia. Y lo hicieron sin adelantarle su decisión a Conte Grand, también a cargo de los defensores oficiales.

Tres defensores redactaron el escrito de 19 páginas. Todos lo revisaron y el 3 de abril el defensor general de La Plata, Omar Ozafrain, el más cercano al tribunal de Casación, lo imprimió en su casa, se puso un barbijo y lo llevó.

“La verdad es que creíamos que lo iban a planchar”, reconoce hoy para decir que tenían esperanzas: “Pero teníamos que hacerlo, era ahora o nunca”. Señalaron cinco motivos centrales: el hacinamiento que hay en las prisiones impide mantener las distintas que son aconsejables por razones sanitarias; la situación de los que integran los grupos de riesgo “los colocan en posición de enfermarse gravemente, y/o con consecuencias fatales” ; el deterioro de las prisiones y las comisarías impiden que estén en condiciones higiénicas; los planteles de médicos están “diezmados”; y también están en riesgo los agentes penitenciarios.

Y contra sus pronósticos el fallo salió. Reconocen que fue clave el visto bueno del gobierno bonaerense. “La justicia nunca pierde la referencia de lo que opina la política, de la reacción que va a tener”, dice en la misma línea un funcionario del Poder Ejecutivo bonaerense.

Con la apelación del fiscal Altuve, la resolución volverá a quedar bajo análisis, ahora de la Suprema Corte boanerense.