América Latina en emergencia: la pandemia de violencia machista recrudece con la pandemia sanitaria

La pandemia machista recrudece con la pandemia sanitaria. Ya el Coronavirus está en toda América Latina. Las medidas para que la población se quede en casa varían desde aislamiento social obligatorio, recomendaciones para salir lo menos posible, toques de queda a partir de la tarde, divisiones entre varones y mujeres (sin contar a las personas LGTTB y con esquemas sexistas cuestionables) para habilitar días de permiso y restricción y cuarentenas que podrían llegar a extenderse o ser intermitentes.

La violencia de género y los femicidios ya son una pandemia. Pero ahora crecen por el encierro. La situación es de emergencia y requiere de medidas excepcionales. La violencia doméstica se potencia en la convivencia con un maltratador y en las dificultades para pedir ayuda.

Por eso, en España el gobierno generó un fondo de ayuda para que las víctimas puedan ir a pasar el aislamiento a hoteles, en México las organizaciones piden fondos para poder sostener los refugios y en Argentina se tomaron medidas como pedir un “barbijo rojo” para que se brinde ayuda en farmacias.

En algo se parecen el Covid-19 y la violencia machista: es un fenómeno global y afecta a todos los sectores culturales y clases sociales. Pero si las mujeres quedan desamparadas o la policía les dice que no las puede atender, que no las puede proteger o se cortan las redes para pedir ayuda o salir de la violencia en sus propias casas el peligro crece.

En Argentina, el 5 de abril, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) aclaró que las mujeres y personas LGBTI+ están exceptuadas de mantener el aislamiento para poder realizar la denuncia o requerir asistencia en situación de violencia por motivos de género. "

Si bien el decreto 297/2020 a través del cual el Poder Ejecutivo dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19 ya contemplaba esta posibilidad bajo la figura de “motivos de fuerza mayor”, a través de esta normativa se clarifica y protocoliza la disposición con las fuerzas de seguridad que se encuentran realizando los controles de circulación", informaron desde la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta.

Pueden aumentar los femicidios, como el de Cristina Iglesias y su hija Ada en Monte Chingolo; pero también las lesiones, violaciones y traumas psicológicos para ellas y sus hijos e hijas se van a multiplicar.

“No se trata solo de un tema de salud pública sino de desigualdad de género. La mayoría de latinoamericanas trabajan en la informalidad y se ocupan, sin recibir remuneración por ello, de los trabajos de cuidados de los que ahora dependemos más que nunca. Además, ahora que se ven obligadas a quedarse en casa, corren un mayor riesgo de sufrir violencia”, señala Asier Hernando, director de programas de Oxfam en América Latina y el Caribe.

La escritora y activista española Coral Herrera Gómez escribió: “En quienes más pienso es en las mujeres que conviven con sus agresores, antes atrapadas por la dependencia económica y la emocional, o las amenazas de muerte de él si decidían separarse, y que ahora están encerradas con ellos sin posibilidad de hablar con su familia o amigas sobre el infierno que están viviendo. Pienso también en sus hijos, hijas y y el miedo que deben de sentir todos ante los estallidos de ira con violencia, el miedo a que un mal golpe mate a su madre”.

En España, el 31 de marzo, el gobierno de coalición anunció un decreto que estipula que si las casas de acogida (hogares) no disponen de plazas suficientes los alojamientos turísticos podrán albergar a víctimas de violencia machista y a sus hijos para que no estén expuestas a sufrir agresiones, a vivir con miedo o a perder la vida. La portavoz del gobierno María Jesús Montero dijo que el gobierno “va a seguir protegiendo” a las mujeres y que van a poner “recursos a su disposición”.

En Argentina se podría tomar una medida similar y pedir, también, la colaboración de hoteles sindicales que ya prestaron sus instalaciones para que haya disponibilidad de camas no hospitalarias para frenar la expansión del virus.

Por un lado, En España, los alojamientos turísticos podrán albergar a víctimas de violencia machista y sus hijos durante el estado de alarma en el caso de que las casas de acogida para maltratadas no dispongan de plazas. Además, se declaran esenciales los centros de emergencia y acogida y los pisos tutelados para estas víctimas de trata y explotación sexual.

Otro punto fundamental de las políticas para enfrentar el Coronavirus en España es que también se protege a las trabajadores de los hogares con equipos de protección individual (EPI). En Argentina otro problema es que si no hay atención adentro de los hogares las mujeres refugiadas pierden recursos y, si se las atiende con una alta exposición a sus trabajadoras, también se pone en riesgo a las que cuidan. Por eso, hay que sostener a todas y darles ropa y elementos necesarios para resguardar su salud.

La violencia aumenta en toda América Latina. Y también hay que mirar esa curva ascendente. Pero hay un retroceso en la atención judicial y policial. Y se pide que los refugios funcionen y que, además, se puedan abrir espacios igual que se prestaron hoteles y escuelas para que las personas que llegan de otro país o que presentan cuadros leves estén en cuarentena.

En Uruguay el Presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que “lamentablemente (los femicidios) son un efecto colateral muy grave” y opinó que “el aislamiento trae como consecuencia ese tipo de acciones”.

Mientras que la organización Cotidiano Mujer enfatizó: “Si bien la casa es el lugar más inseguro para mujeres y niñes, es el lugar más seguro para evitar la propagación del virus COVID 19”. Y la Intersocial Feminista solicitó lugares para vivir sin quedar presas de abusadores y ayuda económica para cortar la dependencia con los maltratadores. “Hoy en medio de este confinamiento la situación de las mujeres y niñes víctimas de violencia necesitan tener salidas rápidas y seguras de los hogares en caso de necesitarlo. También es urgente brindar soluciones económicas a estas mujeres que en muchas situaciones tienen ingresos informales que han desaparecido totalmente”.

Las demandas incluyen atención telefónica especializada 24 horas, todos los días de la semana; alojamiento de emergencia para mujeres y niñes; asegurar el transporte para que las víctimas de violencia puedan salir de sus casas; custodias policiales para las mujeres con medidas de protección impuestas por la justicia para que no corra riesgo su vida; la extensión automática de las medidas cautelares y de protección a víctimas de violencia de género; se otorgue un ingreso, canasta de alimentos y artículos de primera necesidad (que incluya pañales y toallas higiénicas); se realicen campañas y se de información en medios de comunicación; se garantice el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (que en Uruguay es legal), más allá de la crisis generada por el Covid-19.

En Paraguay la abogada Mirta Moragas Mereles, integrante de la Coordinación de Mujeres del Paraguay, informa: “Vemos un aumento exponencial de casos de violencia a partir del aislamiento social obligatorio establecido desde el 12 de marzo. Los Juzgados de Paz, encargados de dar medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia, no lo hacen con la excusa de la cuarentena, a pesar de estar funcionando justamente para otorgar esas medidas”.

“Pedimos que si una mujer pide exclusión del hogar de su agresor se le excluya y, si no tiene a donde ir, que lo manden a alguno de los establecimientos donde están ubicando a las personas en cuarentena que llegaron del exterior. Adicionalmente, necesitamos que los albergues estatales funcionen efectivamente y que estén a disposición de las mujeres”, destaca Moragas Mereles.

En México los llamados de mujeres pidiendo apoyo por situaciones de violencia creció un 50 por ciento por el impacto social del Covid-19, según la Red Nacional de Refugios. La Fiscalía General de Justicia ha detectado un incremento del 7.2 por ciento en delitos de violencia familiar

En Argentina hay 120 hogares en todo el país que dependen de los estados provinciales, municipales y ONGs. En México hay algunos que tienen fondos gubernamentales y otros que dependen de organizaciones de la sociedad civil.

En México diez mujeres son asesinadas diariamente, el 40 por ciento de los femicidios ocurren en los hogares de las víctimas, el 88 por ciento de las mujeres que ingresaron a refugios sufrían agresiones en sus hogares y el 64 por ciento eran violentadas diariamente.

El 31 de marzo el gobierno informó que los Centros de Atención para Mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos son actividades esenciales frente a las contingencias del Covid-19. Sin embargo, la Red Nacional de Refugios reclama. “¿Cómo se atenderán a las mujeres víctimas de violencias en la contingencia sin ser parte del plan estratégico de actuación del COVID-19?”.

Desde la Red Nacional de Refugios reclamaban el depósito de $405,003,761 pesos mexicanos (aproximadamente 16.439.242,79 dólares) que estaban detenidos por procesos internos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finalmente, en la noche del 2 de abril, los recursos fueron liberados por el gobierno de México presionado para volver más eficaces las políticas de protección a las mujeres.

La Red Nacional de Refugios subraya: “Hay que hacer frente a la doble pandemia que México presenta: coronavirus y violencias machistas”.

SEGUÍ LEYENDO: